Una reforma contra los jóvenes

La reforma de las pensiones de Escrivá puede resumirse en términos muy sencillos: que los trabajadores actuales lo paguen todo a cambio de nada (o casi nada). Por un lado, con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), se irán incrementando progresivamente las cotizaciones sociales del conjunto de los asalariados hasta, al menos, 1,2 puntos adicionales sin que por ello devenguen derecho a una mayor pensión futura; por otro, el progresivo destope de las bases máximas de cotización sin un destope proporcional de las pensiones máximas también incrementará netamente la contribución sin contraprestación de los profesionales cualificados. Al final, y según los cálculos del propio Ministerio, aproximadamente la mitad de los nuevos ingresos vendrán, como poco, del conjunto de los asalariados y la otra mitad de los sueldos más altos.

Sin embargo, la clave de toda esta reforma ni siquiera es ésa: si Bruselas ha comprado la mercancía averiada que les ha vendido el Ejecutivo es porque se incluye un mecanismo de ajuste automático que asegura la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo: ese ajuste no es otro que todas aquellas subidas del MEI (sobre el conjunto de trabajadores) que terminen siendo necesarias para cuadrar las cuentas. Si el gasto aumenta más de lo previsto y el desequilibrio entre desembolsos y recursos persiste, las cotizaciones sociales de todos los asalariados aumentarán sin necesidad de que lo apruebe siquiera el Congreso. Vamos, que la losa sobre las clases productivas de esta sociedad todavía resultará más onerosa de lo que el propio Gobierno ha reconocido hasta el momento.

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Y es que si, según ha puesto de manifiesto la AIReF esta semana, la sostenibilidad financiera del sistema no está garantizada con el sablazo actual, a medio-largo plazo se impondrán automáticamente nuevos sablazos. Pero no sobre las rentas más elevadas –a las que poco más quedará por quitarles: la propia AIReF cifra el tipo efectivo sobre las rentas salariales entre 80.000 y 90.000 euros en más del 60%, a lo que habría que añadir además el recargo extraordinario de solidaridad del 7%– sino, como decimos, sobre el conjunto de la población.

Por eso, cualquier partido que no quiera quedar retratado como un enemigo de los jóvenes y de los trabajadores debería votar ahora en contra de esta reforma y derogarla tan pronto como tenga oportunidad. Desgraciadamente, está por ver que PP y Vox voten ahora en contra de la reforma y todavía más si, llegado el momento en el que tengan mayoría en el Congreso, deciden derogarla.

cualquier partido que no quiera quedar retratado como un enemigo de los jóvenes y de los trabajadores debe votar ahora en contra

A la postre, el único partido que parece poseer cierta legitimidad social –no arden las calles– para reformar de verdad las pensiones en este país parece ser el PSOE. Las dos grandes reformas del sistema que siguen vigentes a día de hoy, la de 1985 y la de 2011, fueron obra de González y de Zapatero, respectivamente. Rajoy, sí, aprobó la reforma de 2013 (que teóricamente era tan relevante como las anteriores), pero ésta no sólo se halla derogada en la actualidad sino que, en la práctica, jamás llegó a entrar en vigor (la aplicación del factor de sostenibilidad se fue retrasando sine die; y las pensiones se revalorizaron siempre por encima del IPC).

De ahí la tremenda irresponsabilidad perpetrada por el Gobierno de Sánchez: no sólo por el objeto, sino por el sujeto. La reforma en sí misma es mala, pero es tanto peor por quién es su autor: la aprueba el único partido que podría haber hecho algo distinto sin machacar a los jóvenes. Ahí se deja notar plenamente la impronta de podemización del PSOE, por muy técnicos que se crean algunos que ocupan ese Ministerio de Seguridad Social y Anti-Juventud.