Los problemas de la excepción ibérica en el largo plazo

La Comisión Europea ha autorizado la prórroga de la llamada excepción ibérica hasta finales de 2023. Pese a que la noticia ha sido jaleada con entusiasmo por los abogados mediáticos del Gobierno de coalición, debería haber sido recibida con suspicacia por cualquier ciudadano moderadamente perspicaz: si, según se nos ha dicho, la excepción ibérica ha sido tan sumamente exitosa a la hora de rebajar los precios de la electricidad y si esa rebaja de los precios de la electricidad no conlleva ningún tipo de inconveniente a corto, medio o largo plazo, resultaría poco explicable que la Comisión Europea acepte prorrogar excepcionalmente esta medida en lugar de autorizarla de manera automática e indefinida para cualquier país europeo que desee aplicarla.

Ocurre que la excepción ibérica no sale gratis: a corto plazo, acaso contribuya a moderar los precios, pero solo a costa de politizar y burocratizar a largo plazo el sistema eléctrico, poniendo en riesgo la reducción sostenida de los costes, la seguridad del suministro e incluso la misma transición energética.

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Me explico: la excepción ibérica supone, a todos los efectos, la abolición del mercado eléctrico marginalista. Como ya tuvimos ocasión de exponer hace tiempo, el mercado marginalista conlleva dos ventajas muy claras. Por un lado, incentiva a todos los generadores de electricidad a revelar sus auténticos costes marginales de producción, ordenando sus ofertas de menores a mayores costes y garantizando que, en cada momento, la totalidad de la demanda de electricidad sea satisfecha por el conjunto de productores de electricidad que minimicen el coste de atender esa demanda. Por otro, y en la medida en que todos los generadores de electricidad que son necesarios para atender la demanda reciben el mismo precio de mercado por la electricidad (a saber, un precio igual al coste marginal del último oferente que satisface un determinado volumen de demanda), aquellas centrales con menores costes marginales (las llamadas inframarginales) obtendrán una rentabilidad superior a la de sus rivales, lo que incentivará socialmente la inversión en las tecnologías más eficientes y competitivas. O dicho de otro modo, con el paso del tiempo, las tecnologías inframarginales irán ganando peso dentro del mix eléctrico, desplazando a las tecnologías más caras y permitiendo un sostenido abaratamiento del recibo de los consumidores.

La excepción ibérica, empero, supone una abolición del mercado marginalista: al establecer un tope al precio al que oficialmente las centrales de gas pueden vender su electricidad en el mercado, se impone también un tope al precio que reciben, por sus ofertas eléctricas, las centrales inframarginales (por ejemplo, renovables y nucleares). A corto plazo, la medida puede que esté contribuyendo a rebajar la factura eléctrica: las centrales de ciclo combinado terminan recibiendo, a través de la compensación por el tope del gas, un precio acorde a sus costes (o incluso superior) y, a su vez, las centrales inframarginales obtienen un precio por MWh superior a sus costes, pero inferior al que lograrían sin el tope del gas. En promedio, pues, menores precios. Pero, a medio largo plazo, la medida desincentiva la inversión en las tecnologías relativamente más eficientes por cuanto constriñe su rentabilidad (a mayor rentabilidad, más acelerado es el ritmo de inversión; a menor rentabilidad, más pausado).

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Obviamente, desde el Gobierno son conscientes de ello y, en consecuencia, aspiran a reemplazar el mercado, como mecanismo de determinación de la inversión eléctrica, por la planificación política centralizada. Más en concreto, el Gobierno propone firmar contratos a largo plazo con los productores inframarginales (CfD): de ese modo, las centrales renovables tendrían garantizado un precio por MWh vendido (precio fijado políticamente), de tal manera que si el precio de mercado fuera superior al precio regulado, no percibirían el exceso en su favor… pero si el precio de mercado fuera inferior al regulado, el conjunto de consumidores tendría que abonarles la diferencia. Si el Gobierno se propone suprimir el mercado marginalista, no le quedará otro remedio que determinar la inversión privada mediante la fijación política de precios y rentabilidades.

¿Y cuál es el problema de seguir por este camino que, según sus defensores, proporciona estabilidad retributiva a las centrales eléctricas? Pues el riesgo es pretender reemplazar el mercado como red de generación y transmisión rápida, barata y eficiente de información. A la postre, ¿cómo puede conocer el político a día de hoy cuál debe ser el precio al que habrá que remunerar a las centrales inframarginales en el medio-largo plazo? No lo conoce: solo puede especular sobre él, pero, claro, especular con dinero ajeno.

Imaginemos que el regulador establece hoy un precio por MWh más alto del que prevalecería en promedio a largo plazo dentro de un mercado marginalista: en tal caso, los consumidores terminarán pagando una factura eléctrica mayor que la que habrían pagado con un mercado marginalista (los políticos les habrán garantizado a largo plazo a las centrales inframarginales un precio por encima del de mercado).

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Imaginemos que, por el contrario, el regulador establece hoy un precio por MWh más bajo del que prevalecería en promedio a largo plazo dentro de un mercado marginalista: en tal caso, el regulador rebajará formalmente el coste de la electricidad (las centrales inframarginales estarán contractualmente obligadas a vender a un precio inferior al de mercado), pero solo a costa de estar desincentivando la inversión en las centrales inframarginales más eficientes (pues la rentabilidad que obtendrán será inferior a la que habrían obtenido en presencia de un mercado marginalista). Y si se desincentiva la inversión en las centrales más eficientes y competitivas, los problemas pueden ser dobles: primero, el aumento de la nueva oferta eléctrica podría no ser suficiente para abastecer la creciente demanda de electricidad (sobre todo en un país que, por razón de la transición energética, deberá electrificarse a ritmos muy elevados en el futuro), de modo que podríamos enfrentarnos a apagones o a tener que abortar la transición energética; segundo, si se desincentiva la inversión en las tecnologías inframarginales, en realidad no cabrá decir que se estén abaratando los precios para los consumidores en el largo plazo: en caso de haber fomentado la inversión en las tecnologías inframarginales, el mix eléctrico sería aún más barato que los precios regulados (vamos, que no cabe hablar de abaratamiento real del precio si, a cambio de bajar superficialmente la tarifa de 30 a 25, impedimos que baje de 30 a 15).

En definitiva, en ausencia de un mercado eléctrico libre y competitivo, solo nos queda el reino de la política y de la politización. Con el nuevo marco regulatorio que impulsa el Ejecutivo, no serán las mejores inversiones y las mejores tecnologías las que se verán imparcialmente impulsadas por las propias dinámicas competitivas del mercado, sino aquellas más ideologizadas por nuestros gobernantes y mejor conectadas con los grupos de presión que orbitan alrededor del establishment político. De servir al consumidor a servir al burócrata: precios más altos, menor seguridad de la red y transición energética más lenta.