El bluf del impuesto a las grandes fortunas

Durante los últimos años, hemos escuchado con machacona insistencia la consigna de que la eliminación del impuesto sobre el patrimonio en la Comunidad de Madrid estaba vaciando de recursos públicos esta Administración territorial, algo que ponía gravemente en riesgo al propio estado de bienestar en la región. La acusación resultaba desde luego imaginativa, habida cuenta de que ningún otro país de la Unión Europea posee, como tal, un impuesto sobre el patrimonio y muy pocos de ellos cuentan con figuras fiscales relativamente similares a esta: ¿acaso entonces la Unión Europea ha tenido que desmantelar su estado de bienestar por la inexistencia de este gravamen?

Sea como fuere, la bonificación del impuesto sobre el patrimonio en Madrid fue tensamente tolerada por el Ejecutivo central hasta que otras autonomías comenzaron a subirse a ese mismo carro. Tan pronto como la Junta de Andalucía anunció que seguiría los pasos de Madrid y bonificaría al 100% este tributo, el Gobierno de PSOE-Podemos se sacó de la manga un nuevo gravamen, denominado impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, con el que pretendía recentralizar y restablecer el impuesto sobre el patrimonio en aquellas regiones que lo hubiesen bonificado.

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Y así, de haber sido cierto que la supresión de este tributo en Madrid y posteriormente en Andalucía provocaba una merma enorme en la recaudación que colocaba contra las cuerdas el estado de bienestar, uno habría esperado que la recaudación de esta nueva figura fiscal fuere a resultar muy cuantiosa: tan cuantiosa como aquello que nos decían que se estaba dejando de recaudar por su bonificación. Pues bien, en un primer momento, la AIReF estimó que este nuevo impuesto apenas proporcionaría unos ingresos adicionales en 2023 de 1.270 millones de euros: es decir, menos de una décima del PIB de 2022 (concretamente, el 0,095% del PIB). Dado que, entre 2019 y 2022, los ingresos del conjunto del Estado español se han incrementado anualmente en casi cinco puntos de PIB (es decir, unas 50 veces la recaudación adicional que se esperaba inicialmente que fuera a proporcionar este nuevo impuesto), se entenderá que la influencia que parecía que iba a tener este impuesto sobre las finanzas de las administraciones públicas —y sobre los servicios públicos efectivos que perciban los ciudadanos— sería a efectos prácticos nula.

Todavía peor: esta raquítica estimación inicial de la AIReF podría incluso estar exagerando los ingresos finales que terminará cosechando el Ejecutivo central a cuenta del nuevo impuesto. Y es que hace unos días la propia AIReF revisó a la baja su estimación inicial de recaudación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, puesto que, durante su tramitación parlamentaria, se introdujo una enmienda que limita su ya exiguo potencial recaudatorio. En particular, la cuota conjunta por IRPF e impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas no podrá superar el 60% de la base imponible del IRPF: en caso de superarlo, la cuota de este último gravamen se reducirá hasta en un 80% para mantener la tributación conjunta en ese 60% de la base imponible del IRPF (si, pese a reducir la cuota del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas en un 80%, se siguiera superando el límite del 60%, entonces el contribuyente tendrá que entregarle al fisco más del 60% de su base imponible del IRPF).

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Pues bien, después de la introducción de esta enmienda que busca evitar una descarada confiscación de los ciudadanos, la AIReF recalcula que la recaudación de este tributo caerá a la mitad, esto es, a 635 millones de euros… el 0,048% del PIB de España en 2022. Tantos años colocando el grito en el cielo por las terribles consecuencias recaudatorias de bonificar el impuesto sobre el patrimonio en Madrid para terminar descubriendo que esas terribles consecuencias recaudatorias ni siquiera alcanzan media décima del PIB de España de 2022. En el fondo, las exageradas diatribas contra Madrid por bonificar patrimonio —más allá del legítimo debate económico y moral sobre la (in)conveniencia, en el margen, de este tipo de tributos sobre la riqueza— no eran otra cosa que propaganda: una propaganda que solo busca explotar el rencor y el enfrentamiento social como trampolín para acceder al poder.