El timo de las 50.000 viviendas de Sánchez

Después de amenazar con destrozar el mercado del alquiler a través de una nueva ley de la vivienda que emula muchas de las peores ideas franquistas sobre los arrendamientos urbanos, Sánchez ha prometido sacar al mercado 50.000 viviendas en régimen de alquiler social procedentes de la Sareb. En principio, la medida parecería poseer una cierta coherencia interna: si la ley de la vivienda va a hundir la oferta de alquiler dentro del sector privado, entonces habrá que promover el incremento compensatorio de la oferta desde el sector público. Es más, hasta cierto punto la promesa vendría a darnos la razón a todos aquellos que llevamos años repitiendo que el problema de la vivienda en España es un problema de oferta que debe solucionarse incrementando el stock de viviendas disponibles en las zonas de alta demanda: eso parecería querer hacer el Gobierno cuando promete movilizar 50.000 nuevas viviendas. Pero, en realidad, la promesa de Sánchez es un puro timo preelectoral. Por dos razones.

Primero, porque no van a ser 50.000 viviendas, sino probablemente muchas menos. Este pasado martes nos enteramos de que 21.000 de esas 50.000 viviendas en manos de la Sareb solo se convertirán en alquiler social si las autonomías y los ayuntamientos se las compran al banco malo para destinarlas precisamente a semejante propósito (y, de hecho, más de la mitad de esas 21.000 ni siquiera serían ahora mismo habitables); otras 14.000 viviendas son inmuebles ya ocupados por familias a las que se les regularizará un régimen de alquiler social, por lo que no supondrá ningún incremento neto de oferta de alquiler en el mercado, y las otras 15.000 unidades son simplemente la previsión de que en el futuro se construirán tales viviendas en el suelo que posee la Sareb (pero ni siquiera todo ese suelo cuenta a día de hoy con la calificación de suelo residencial), aunque, si se encargan de construirlas promotores privados, ni siquiera las arrendarían a alquileres sociales, sino a alquileres algo más bajos que los de mercado. Por tanto, de esas 50.000 unidades prometidas, pocas se transformarán a corto-medio plazo en nueva oferta de mercado.

Segundo, porque la mayor parte de esas 50.000 viviendas ni siquiera se encuentran en zonas tensionadas, es decir, en grandes núcleos urbanos. La mayor parte de las mismas se halla en el Levante español porque fueron concebidas originalmente como segundas residencias vacacionales (justamente, las promotoras quebraron, impagaron a los bancos y la Sareb rescató a los bancos comprándoles sus peores promociones invendibles): baste constatar, por ejemplo, que la Sareb posee más viviendas en la Región de Murcia que en la Comunidad de Madrid a pesar de que la segunda tiene más de cuatro veces más población que la primera; o baste constatar que, aun cuando la Sareb posee 13.500 viviendas en Cataluña, solo 767 están en Barcelona; o que de las 8.900 que posee en la Comunidad Valenciana, solo 279 están en Valencia. Vamos, que la mayor oferta de alquiler social se materializará, en el mejor de los casos, en territorios en los que apenas existe esa demanda de alquiler.

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R. Ugalde

En definitiva, Sánchez se ha colgado propagandísticamente la medalla de destinar 50.000 viviendas de la Sareb al alquiler social con el objetivo de aliviar los problemas habitacionales de los más jóvenes, pero la realidad es que ni serán 50.000 viviendas, ni las pocas que finalmente sean se ubicarán allá donde se las necesita, ni beneficiará necesariamente a jóvenes, ni todo lo anterior dependerá esencialmente del Gobierno central, sino de autonomías y ayuntamientos. La desvergüenza es de tal tamaño que está desde luego a la altura del personaje. Nada inesperado.