La séptima electricidad más cara de Europa

Durante los últimos meses, hemos estado leyendo y escuchando de manera bastante recurrente que, gracias a la excepción ibérica del Gobierno, España estaba pagando uno de los precios de la electricidad más baratos de Europa. Sin embargo, ayer nos topamos con un titular a simple vista sorprendente: las familias españolas soportaron durante el segundo semestre de 2022, momento en el que la excepción ibérica estuvo plenamente en vigor, una factura eléctrica un 20% superior a la media europea. Concretamente, el precio del kWh para el conjunto de hogares españoles fue de 34,5 céntimos de euros, el séptimo más caro del continente. ¿A qué se debe esta disparidad de informaciones?

Recordemos que el precio de la factura eléctrica puede desagregarse en tres componentes: primero, el coste de la energía; segundo, los costes regulados, y tercero, los impuestos. El coste de la energía para las comercializadoras, además, puede venir determinado por el precio que marca diariamente el mercado mayorista o por los contratos de suministro a largo plazo que hayan suscrito las comercializadoras con las centrales eléctricas: a su vez, las comercializadoras pueden ofrecer a las familias un precio fijo del kWh al margen de cuál sea el coste de la energía en el mercado mayorista (así ocurre con las tarifas de mercado libre) o indexar esa parte de la factura a la fluctuación diaria del mercado mayorista (así ocurre con la tarifa regulada PVPC).

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Pues bien, la excepción ibérica solo ha influido sobre el coste de la energía tal como se determina en el mercado mayorista: al impedir que sea el precio del gas quien marque el precio en el conjunto del mercado, el precio del mercado mayorista ha bajado, lo cual ha abaratado a su vez la parte de la factura eléctrica constituida por el coste de la energía siempre que esta esté vinculada a la evolución del mercado mayorista (aunque con las distorsiones a medio-largo plazo que ya tuvimos ocasión de analizar en un artículo anterior), pero que esa parte de la factura sea más baja para algunas familias que en otras muchas partes de Europa no equivale a que el conjunto de la factura eléctrica sea más barato para todas las familias que en el resto de Europa.

Por un lado, porque aproximadamente el 75% de las familias no tiene el componente energético de su factura eléctrica indexado al mercado mayorista, sino que integra el mercado libre y disfruta de contratos a plazo. Por consiguiente, cuando los precios se dispararon en el mercado mayorista no experimentaron subidas (o, al menos, no subidas en la misma proporción) y ahora que los precios se han abaratado en el mercado mayorista no experimentan bajadas (o, al menos, no bajadas en la misma proporción).

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Por otro, porque, como decimos, la bajada del coste de la energía en el mercado mayorista no afecta ni a los costes regulados ni a los impuestos (aunque el Gobierno también rebajó esta última partida), de modo que el alivio que pueda suponer el primero solo será un alivio parcial sobre el conjunto de la factura. Si los costes regulados no bajan —y no lo hacen porque hay muchas hipotecas históricas que pagar, como el déficit de tarifa o las primas de las renovables—, entonces la factura eléctrica de los hogares puede mantenerse a unos niveles estructuralmente elevados con cierta independencia de lo que haga el mercado mayorista.

En definitiva, no es que la excepción ibérica no haya contribuido a reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista: es que el mercado mayorista no es el único determinante de la factura eléctrica de los hogares y de hecho, para la mayoría de familias, ni siquiera es un determinante de corto plazo. Lo cual debería indicarnos que, si de verdad queremos abaratar sustancialmente la factura eléctrica en el largo plazo, los parches como la excepción ibérica no sirven de demasiado (sobre todo si esos parches generan problemas futuros). En lugar de avanzar hacia un sistema eléctrico más intervenido (que convierta en costes socializadamente regulados los errores de planificación de la política energética, como ocurrió en las décadas pasadas), deberíamos avanzar hacia un mercado eléctrico más libre y competitivo donde los errores de inversión los paguen los inversores y no los consumidores.