La absurda nacionalización del litio chileno

Gabriel Boric, presidente de Chile, ha anunciado esta semana que pretende nacionalizar la industria del litio del país. A día de hoy, Chile es el segundo productor mundial de este metal que será clave en la transición energética del conjunto del planeta (por cuanto la electrificación del transporte dependerá de la producción de baterías de litio): y es el segundo productor mundial de litio gracias a la actividad de dos empresas privadas, la chilena SQM y la estadounidense Albemarle (las dos mayores empresas productoras de litio de todo el mundo), que actualmente explotan el único yacimiento de litio del país —el Salar de Atacama, que se estima que posee el 30% de las reservas mundiales de este metal—. Las empresas no son propietarias del yacimiento, sino que el Estado se lo alquila —a SQM hasta 2030 y a Albermarle hasta 2043— a cambio de dos royalties, uno sobre ingresos y otro sobre beneficios.

Dicho de otro modo, la industria del litio se organiza hoy en día en Chile a través de concesiones a empresas privadas, las cuales aportan su capital, sus recursos y su tecnología para maximizar la producción de este metal y, al hacerlo, vuelven al Estado partícipe de los cuantiosos réditos que aporta semejante actividad económica.

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Boric quiere alterar radicalmente este modelo. Su propuesta consiste en crear una empresa pública de litio que se encargue de explorar y explotar nuevos yacimientos. Incluso quiere renegociar los contratos públicos en el Salar de Atacama para que el Estado empiece a intervenir en él antes de 2030. El problema principal del proyecto de Boric es que el Estado chileno carece de capital y de tecnología propios como para acometer semejante tarea, de modo que el presidente confía en que el sector privado se aliará con la nueva empresa pública para que siga aportando ese capital y esa tecnología.

En palabras de la ministra de Minería, Marcela Hernando: "Esperamos que socios pongan el capital inicial y tecnología". Que aporten capital y tecnología sin contar, eso sí, con ningún control sobre el proceso inversor: a la postre, en cualquier proyecto público-privado relevante —como la explotación del Salar de Atacama—, la empresa gubernamental del litio tendrá mayoría en el capital social de la joint venture y, por tanto, poseerá completa capacidad para determinar cómo se emplean ese capital y esa tecnología aportados por los inversores privados.

Que aporten capital y tecnología sin contar, eso sí, con ningún control sobre el proceso inversor

El riesgo, por consiguiente, es más que evidente: que Chile deje de ser uno de los destinos de la inversión global en la industria del litio. ¿Qué gran empresa querrá compartir sus recursos financieros y su tecnología con el Estado chileno a cambio de que sea este quien los maneje? Y si Chile deja de recibir inversión global para continuar produciendo litio y mejorando su eficiencia extractiva, ¿acaso no se expone a que otros países, como Brasil o Argentina (que ya están acogiendo capitales privados para el desarrollo de esta industria), lo desplacen competitivamente?

A decir verdad, sin embargo, existe una alternativa: si el capital privado global no quiere aliarse, en una posición de subordinación, con el Gobierno de Chile para desarrollar la industria nacional del litio, es probable que China sí quiera hacerlo. A la postre, Australia (el mayor productor de litio del mundo) ha prohibido a las empresas chinas invertir en su industria del litio, de modo que probablemente busquen otros caladeros de inversión globales. Además, el Estado chino a buen seguro encontrará formas extraoficiales de presionar al Estado chileno para que no tome decisiones inversoras contrarias a sus intereses, aun cuando las empresas chinas estén en minoría dentro del capital de las joint ventures creadas para explorar y explotar el litio del país andino.

En tal caso, un liberticida plan político arengado al grito de recuperar soberanía nacional sobre el litio terminaría o con el subdesarrollo de la industria del litio o con su vasallaje ante una potencia extranjera como China.