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Juan Ramón Rallo

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Comprar la entrada para comprar el voto

La aritmética es muy clara: más de nueve millones de jubilados y, por tanto, más de nueve millones de votos que pueden terminar inclinando la balanza en favor del PSOE

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto electoral del PSOE. (EFE/Javier Lizón)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto electoral del PSOE. (EFE/Javier Lizón)
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Comprar votos es ilegal… salvo si lo haces con dinero del contribuyente. Sánchez parece que tiene bien aprendida la lección y, por eso, conforme se acercan las elecciones, va sacando la chequera o, mejor dicho, les va sacando la chequera a los contribuyentes para sufragarse su propia campaña electoral. El último despilfarro del que ha hecho gala es esa subvención para que los jubilados acudan los martes al cine a un precio rebajado de dos euros la entrada: propuesta que Podemos ha propuesto corregir y ampliar por la vía de incluir a parados y a otros colectivos socialmente vulnerables (cuál sería el coste operativo de verificar desde la Administración cuándo y cuántos de esos colectivos vulnerables acuden realmente al cine para abonar las correspondientes transferencias a las salas ya son otros detalles que han omitido compartir).

La medida, huelga decirlo, es del todo inequitativa tanto porque una porción creciente del presupuesto ya está yendo a parar a este colectivo (solo este año nos hemos gastado casi 14.000 millones de euros en mantener el poder adquisitivo de los pensionistas a costa de las generaciones futuras que cargarán con la factura de la deuda) cuanto porque no pretende discriminar entre niveles de renta de los agraciados (todos los pensionistas la recibirán). Además, y tampoco lo perdamos de vista, resulta especialmente beneficiosa no ya para los jubilados, sino para las propias salas de cine, cuyos ingresos (subsidiados por quienes no acuden a ver sus películas) se incrementarán durante uno de los días de la semana no especialmente rebosantes en términos de taquilla.

Foto: Sánchez, en el mitin de Puertollano este domingo. (EFE/Jesús Monroy)

Muchas personas, incluso reputados intelectuales que teorizan sobre la actividad política, continúan idealizando al Estado como una máquina que persigue el interés general a través de un ejército de probos empleados públicos. Confunden lo que es con lo que a ellos les gustaría que fuera. El Estado es una máquina de extraer recursos en su propio beneficio, y uno de los principales beneficios de todo Estado es la supervivencia: generar afección y dependencia mediante la creación de redes clientelares que, por no querer renunciar a esas redes clientelares, tampoco quieran renunciar al propio Estado. E idéntica estrategia, como no podría ser otro modo, puede seguir el grupo político que en un determinado momento se halle en la cúspide del Estado para tejer clientelas que le den sostenidamente apoyo político y que, por consiguiente, le permitan seguir muñendo el Estado en su favor y en el de los suyos.

En este caso, la aritmética es muy clara: más de nueve millones de jubilados y, por tanto, más de nueve millones de votos que pueden terminar inclinando la balanza en la dirección de aquel que los está mimando con aguinaldos. Y, como en ocasiones la memoria puede ser muy corta, más vale que ese aguinaldo sea aprobado por el generosísimo PSOE menos de dos semanas antes de las elecciones: para que se tenga muy presente al acercarse a las urnas quién los cuida y quién los mima.

Costes difusos e invisibles, beneficios focalizados y visibles: minimizar el rechazo al saqueo, maximizar la sumisión por las entregas

Por desgracia, y aunque todos sabemos muy bien que esto no es más que una compra de votos a costa del contribuyente, es dudoso que los contribuyentes le devuelvan el adeudo a Sánchez. El coste de la medida se halla disperso entre tantísimas personas, y es tan escasamente transparente que no notamos cómo y cuánto se nos está quitando. Costes difusos e invisibles, beneficios focalizados y visibles: minimizar el rechazo al saqueo, maximizar la sumisión por las entregas. La perversa lógica de la política de la que todos somos conscientes, pero sobre la que todos (o casi todos) prefieren autoengañarse.

Comprar votos es ilegal… salvo si lo haces con dinero del contribuyente. Sánchez parece que tiene bien aprendida la lección y, por eso, conforme se acercan las elecciones, va sacando la chequera o, mejor dicho, les va sacando la chequera a los contribuyentes para sufragarse su propia campaña electoral. El último despilfarro del que ha hecho gala es esa subvención para que los jubilados acudan los martes al cine a un precio rebajado de dos euros la entrada: propuesta que Podemos ha propuesto corregir y ampliar por la vía de incluir a parados y a otros colectivos socialmente vulnerables (cuál sería el coste operativo de verificar desde la Administración cuándo y cuántos de esos colectivos vulnerables acuden realmente al cine para abonar las correspondientes transferencias a las salas ya son otros detalles que han omitido compartir).

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