¿Cuánto vale un voto en España?

¿Cuánto vale el voto en España? A tenor de las últimas informaciones que hemos conocido sobre compraventa de papeletas, entre 80 y 100 euros cada sufragio, con posibles picos hasta 200 euros. Y, más allá de la evaluación moral (y moralizante) que alguno pueda querer hacer del asunto, diría que esta cifra invita a efectuar al menos tres reflexiones.

Primero, un solo voto, individualmente considerado, es muy poco valioso, tanto objetiva como subjetivamente. Es poco valioso objetivamente porque la capacidad de un solo voto para alterar el resultado electoral es prácticamente nula: de hecho, si los compradores de votos únicamente pudieran adquirir un único voto, su predisposición al pago tendería a ser cero. A su vez, es subjetivamente poco valioso para el votante porque, salvo en algunos casos de sacralización supersticiosa del sufragio, los ciudadanos perciben correctamente el poco valor objetivo del voto: saben que, mediante su solo voto, no van a influir de un modo significativo en los términos de reparto efectivo del poder político, de ahí que estén dispuestos a venderlo por precios tan bajos.

El PSOE de Mojácar ofrecía empleos públicos y dinero a inmigrantes a cambio de votos

José María Olmo

Segundo, que un voto individualmente considerado sea objetivamente muy poco valioso no equivale a decir que muchos votos a la vez sean poco valiosos. Si uno consigue comprar suficientes votos como para determinar en su favor el resultado de unas determinadas elecciones, entonces estaría de facto comprando el poder político del Estado: a saber, no solo la capacidad para determinar el destino de centenares de miles de millones de euros, sino de gobernar ilimitadamente sobre toda la riqueza y las libertades de un territorio (no otra cosa es la soberanía que reclama para sí el Estado). Dicho de otro modo, existe una especie de efecto red en la compra de votos: a mayor cantidad de votos comprados, más valioso en el margen va volviéndose cada nuevo voto (al menos hasta asegurarse la mayoría necesaria).

En realidad, no deja de resultar llamativo lo rentable que en nuestras democracias hiperestatistas resultaría comprar la mayoría de votos: en las elecciones generales de 2019, por ejemplo, el censo español estaba compuesto por 24,5 millones de electores, de modo que la adquisición de la mitad de los votos (12,25 millones) por unos 100-200 euros tendría un coste de entre 1.200 y 1.500 millones de euros (en realidad, si hubiese varios “compradores” compitiendo por adquirir masivamente votos, el precio de cada voto individual aumentaría por los beneficios esperados de capturar el poder político mediante la acumulación de esos votos individuales). Peccata minuta para acceder a un presupuesto anual de cientos de miles de millones de euros y, sobre todo, al BOE.

Existe una importante brecha entre el valor aislado de un voto y su valor como parte de un colectivo de sufragios

Tercero, que ejercer una poderosa influencia sobre la democracia española resulte potencialmente tan barato debería preocuparnos no solo por la posibilidad de que una potencia extranjera desestabilice nuestras instituciones, sino también por el riesgo de que nuestros gobernantes recurran a métodos legales de comprar el voto. Si muchos ciudadanos están dispuestos a venderlo por 100 euros, ¿qué no ocurrirá si se les prometen sumas mayores a través de empleos públicos, viviendas sociales, bonos culturales, cine subsidiado o indexación de las pensiones? El tráfico de votos mediante la creación de redes clientelares a golpe de talonario presupuestario por necesidad habrá de influir poderosamente en los resultados electorales: quien prometa más a un mayor número de votantes contará con más opciones para acceder al poder. No porque ese sobregasto —costeado con el expolio del contribuyente— sea justo o productivo, sino porque es eficaz a la hora de seducir a los votantes.

En suma, existe una importante brecha entre el valor aislado de un voto y su valor como parte de un colectivo de sufragios: esa importante brecha conduce a que resulte muy tentador tratar de comprar legal o ilegalmente votos, dado que el comprador puede obtener ganancias extraordinarias por semejante operación. La cuestión es cómo reducir esa brecha: si elevando el valor aislado de cada voto (por ejemplo, promoviendo una inquebrantable moralidad cívica que lleva a que cada ciudadano juzgue su sufragio demasiado valioso como para tener un precio) o reduciendo el valor colectivo de los votos. Obviamente, la solución liberal es esta última: minimizar tanto el poder político (tanto presupuestario como regulatorio) como para que la compra de votos se convierta en una operación muy poco rentable.