Laissez faire
Por
La utilidad del techo de deuda de EEUU
El techo de deuda ha forzado al Gobierno a cambiar, aunque muy levemente, de rumbo
Fumata blanca en la renegociación del techo de deuda en EEUU. Tal como siempre ha ocurrido, demócratas y republicanos han evitado un retraso en los pagos de los bonos soberanos y han alcanzado un acuerdo que permitirá al Gobierno federal seguir emitiendo pasivos durante los próximos dos años a cambio de que el gasto no militar se congele en 2024 y solo aumente un 1% en 2025. Además, los demócratas también han aceptado ampliar los requisitos de trabajo para acceder al subsidio de los food stamps y exigir a los estudiantes que vuelvan a pagar sus deudas universitarias.
Durante los últimos meses, gran parte del establishment demócrata ha estado renegando de la existencia misma del techo de deuda, abogando por diversas "soluciones imaginativas" para burlarlo. Acaso la más drástica habría sido apelar a la enmienda decimocuarta de la constitución, que prohíbe cuestionar la solvencia de la deuda estadounidense y, por tanto, cabría interpretar que prohíbe que el Congreso aboque a un impago al Gobierno federal (interpretación harto controvertida que, en todo caso, debería haber sido validada por un Tribunal Supremo que previsiblemente se habría opuesto).
Los demócratas nos han intentado convencer de que el techo de deuda es una arbitraria restricción política
Como decía, los demócratas nos han intentado convencer de que el techo de deuda es una arbitraria restricción política a las finanzas estatales que no tiene ningún sentido en una economía moderna, de modo que lo ideal sería abolirlo y permitir que el Ejecutivo pueda emitir tanta deuda como los mercados le permitan. ¿Cuál puede ser la lógica de imponer cortapisas artificiales a la ejecución de las políticas públicas tal como vienen determinadas por la administración? Pero, a su vez, también algunos liberales rechazan la existencia del techo de deuda si este siempre acaba siempre elevándose y, en consecuencia, no logra su propósito de construir la sostenida expansión de las obligaciones financieras del Estado. Pero este último es un mal enfoque.
Un sistema de pesos y contrapesos aspira a que unas partes del Estado controlen, entorpezcan, bloqueen e incluso anulen a las otras. Se diseña un marco institucional en el que todo el poder del Estado no recae en unas solas y mismas manos, porque esas solas y mismas manos serían las propias de un tirano. Pues bien, la lógica del techo de deuda es exactamente la misma: no tanto impedir todo nuevo endeudamiento del Estado —en cuyo caso habría sido del todo fallido desde un punto de vista histórico—, sino someter la posición financiera del Estado a la renegociación política conforme se vayan superando determinados umbrales de deuda.
Y, en este último sentido, no cabe considerar que el techo de deuda —como una restricción política que fuerza al Ejecutivo a sentarse a negociar con el Legislativo y alcanzar un acuerdo para ralentizar el ritmo de crecimiento de sus pasivos— haya sido históricamente un fracaso, pues ha forzado al Gobierno a cambiar, aunque sea muy levemente (como también ahora), de rumbo. Desde luego no existen garantías absolutas y definitivas contra el abuso de poder o contra la irresponsabilidad financiera: pero sí debemos aspirar a colocar tantas piedras en el camino del abuso de poder y de la irresponsabilidad financiero como resulte posible. De ahí que, por muy modesta que resulte la influencia del techo deuda, se trata de una herramienta institucional que merece ser defendida frente a todos aquellos que querrían erradicarla precisamente para concentrar, aún más poder, en manos del Ejecutivo.
Fumata blanca en la renegociación del techo de deuda en EEUU. Tal como siempre ha ocurrido, demócratas y republicanos han evitado un retraso en los pagos de los bonos soberanos y han alcanzado un acuerdo que permitirá al Gobierno federal seguir emitiendo pasivos durante los próximos dos años a cambio de que el gasto no militar se congele en 2024 y solo aumente un 1% en 2025. Además, los demócratas también han aceptado ampliar los requisitos de trabajo para acceder al subsidio de los food stamps y exigir a los estudiantes que vuelvan a pagar sus deudas universitarias.