Deuda pública: poco que celebrar hasta el momento

El peso de la deuda pública española sobre el PIB alcanzó su máximo en el primer trimestre del año 2021: el 125,7% del PIB. Desde entonces, este porcentaje ha ido descendiendo hasta el 113,2% actual, lo que aparentemente pondría de manifiesto la buena salud y la sostenibilidad de las cuentas públicas del Reino de España. Y, desde luego, que se reduzca la ratio de deuda pública sobre PIB constituye una buena noticia: pone de relieve que los recursos potencialmente disponibles para amortizar los pasivos estatales (el PIB es objeto de tributación por parte de las Administraciones Públicas y, por tanto, fuente de los ingresos potenciales para hacer frente a la deuda) se han incrementado en términos relativos al volumen absoluto de esos pasivos estatales.

La cuestión, empero, es por qué el PIB ha aumentado más que la deuda pública. ¿Acaso nuestro flujo de producción anual —y en consecuencia nuestra capacidad de generar riqueza— ha crecido más de lo que nos hemos endeudado? No, no es por eso. Desde el primer trimestre de 2021, momento en el que se alcanzó el máximo de deuda pública sobre el PIB, el PIB real ha crecido al mismo ritmo que el stock de deuda pública: concretamente, nuestra deuda ha pasado de 1,393 billones de euros a 1,535 billones de euros. Una expansión superior al 10% que coincide con el crecimiento que ha experimentado nuestro PIB real desde entonces.

Si los precios se hubiesen mantenido estables desde el primer trimestre de 2021, la ratio de deuda sobre PIB seguiría hoy en el 125%

Dicho con otras palabras, si los precios se hubiesen mantenido estables desde el primer trimestre de 2021, la ratio de deuda sobre PIB seguiría hoy anclada en el 125%. Toda la caída de alrededor de 12 puntos que hemos experimentado desde entonces es atribuible a la inflación. Todo lo cual debería llevarnos a efectuar dos reflexiones.

Por un lado, que cada vez que el Ejecutivo saca pecho de haber reducido de un modo muy acelerado la ratio de deuda pública sobre el PIB (a diferencia de lo que ocurrió entre 2014 y 2018 con el PP), de lo que está sacando pecho es de la elevada inflación que ha sufrido España durante los últimos dos años. En ausencia de inflación, la ratio se habría mantenido estable… como ocurrió en el periodo 2014-2018, cuando no hubo inflación.

Por otro, que si durante los próximos años avanzamos, como sería deseable avanzar, hacia un entorno menos inflacionario, entonces la reducción de la ratio anterior ya no será tan sencilla como lo ha sido durante los últimos dos ejercicios. Para seguir mejorando nuestra solvencia relativa, solo podremos echar mano —insisto, nuevamente, bajo el supuesto de que hemos logrado solventar el problema de la inflación— del crecimiento del PIB real, de la minoración de nuestro déficit primario y de la moderación del coste financiero de nuestra deuda.

La gesta de reducir la deuda pública no es mérito de ninguna gestión gubernamental, sino de una coyuntura altamente inflacionista

De estos tres factores, aquel que le resulta menos controlable al Estado español es el coste financiero de su deuda (como mucho, puede influir sobre el componente de prima de riesgo): de hecho, si hubiese que mantener los tipos de interés en niveles más altos que durante la década pasada para mantener a raya la inflación, ni siquiera está claro que podamos confiar demasiado en ese viento de cola. A su vez, el Estado puede influir mucho más, aunque tampoco determinar, el ritmo de crecimiento económico: mediante las adecuadas reformas, podríamos incrementar nuestro crecimiento potencial. Y, finalmente, el Estado posee desde luego un control mucho mayor sobre el déficit primario, esto es, la diferencia entre ingresos y gastos (excluyendo los intereses).

Esta última, el control estricto del déficit primario, debería constituir la estrategia central para incrementar nuestra solvencia con el paso del tiempo, pero de momento carecemos de un plan de consolidación fiscal a largo plazo. También aquí y hasta el momento, lo hemos fiado casi todo a la inflación. La gesta de reducir la deuda pública no es mérito de ninguna responsable gestión gubernamental, sino de una coyuntura altamente inflacionista que ha sido capaz de contrarrestar la irresponsable gestión gubernamental.