Impuestos temporales convertidos en permanentes

No hay nada más permanente que una medida política temporal. De ahí que cuando nos dijeron que el impuesto extraordinario a las eléctricas y el impuesto extraordinario a los bancos iban a tener un carácter meramente temporal, ya deberíamos haber supuesto que habían llegado para quedarse. No solo por obra y desgracia del PSOE, sino también por decidida voluntad del PP: el propio Feijóo, cuando creía que iba a ser presidente del Gobierno, recalcó en numerosas ocasiones que no pretendía abrogar tales tributos, sino solo reconfigurarlos y redirigirlos.

Recordemos, en este sentido, cuál fue la justificación de ambas figuras fiscales, pues así entenderemos por qué tiene tan poca lógica buscar mantenerlas indefinidamente. Por un lado, con el estallido de la guerra en Ucrania, los precios de la energía se dispararon y ello llevó a que también lo hicieran los beneficios de las energéticas (por diversas vías y razones: entre ellas, por ejemplo, el mercado eléctrico mayorista de carácter marginalista). Por otro, la inflación engendrada por la guerra en Ucrania también empujó al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés, lo que estaría aumentando los beneficios bancarios a través de la facilidad marginal de depósito (el BCE remunera las reservas de los bancos para desincentivar que concedan préstamos).

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En realidad, tales justificaciones para gravar las ganancias extraordinarias siempre fueron endebles. Primero, si en un sector aparecen beneficios extraordinarios porque existen problemas de competencia, entonces lo que hay que hacer es solucionar esos problemas de competencia, no perpetuar estructuras de mercado anticompetitivas y sacar tajada mediante el cobro de impuestos. Segundo, si en un sector competitivo aparecen beneficios extraordinarios de carácter transitorio, tales ganancias por encima de lo habitual resultan necesarias para señalizar escaseces relativas que es urgente remediar: por ejemplo, el sector del refino experimentó fuertes cuellos de botella durante muchos meses de 2022, por lo que las subidas de precios (y los consecuentes beneficios extraordinarios) eran necesarias tanto para desalentar la demanda cuanto para fomentar incrementos de la capacidad. En este segundo caso, por tanto, los impuestos extraordinarios tampoco cumplen ninguna función (al contrario, obstaculizan la resolución del problema).

Y si en su misma génesis tal justificación ya era endeble, con el paso de los años todavía lo será más: una vez la crisis energética se ha solucionado y los beneficios extraordinarios en el sector han ido desapareciendo, o conforme los tipos de interés dejen de subir (y potencialmente comiencen a bajar) durante los años venideros, los argumentos que en su momento pudieron (mal) justificar tales tributos simplemente van decayendo, de manera que tales tributos también deberían hacerlo.

Opinión

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Pero no. Sucede que, pese a carecer de una buena justificación, los impuestos extraordinarios han generado un flujo de ingresos adicionales para el Estado que habrán consolidado aumentos del gasto público: aumentos del gasto público a los que previsiblemente ningún político querrá renunciar (pues recortar gastos implica dejar de transferir dinero público a lobbies o a colectivos clientelares). De ahí que, aun cuando el tributo extraordinario haya perdido su justificación original, tienda a consolidarse sine die: de ahí que siempre haya que sospechar de impuestos que se nos venden como temporales y que, en el fondo, tienden a institucionalizarse como permanentes. Si repiten PSOE-Sumar al frente del Gobierno, no cabrá esperar que los deroguen; pero si accede el PP, tampoco. La presión ha de venir de fuera: de unos ciudadanos que rechacen el expolio y que fuercen a sus gobernantes a reducir su extrema voracidad.