La deuda pública vuelve a crecer

Durante meses, hemos escuchado por boca de este Gobierno que nuestra elevada ratio de deuda pública sobre el PIB no era en última instancia problemática porque se había reducido de manera muy acelerada desde su máximo en 2021. Y es que, en efecto, desde que nuestro stock de pasivos estatales equivaliera al 125% del PIB hace algo más de dos años, esta ratio ha caído a una velocidad récord de alrededor de 12 puntos. No lo ha hecho porque el sector público haya alcanzado un superávit presupuestario que le permitiera amortizar nuestra deuda bruta (el numerador), sino porque el PIB nominal (el denominador) ha crecido bastante más rápido que esa deuda bruta y, por tanto, la ratio ha caído.

Sin embargo, como ya alertamos hace algunos meses, todo el aumento del PIB nominal que ha permitido aminorar el peso de nuestra deuda pública sobre el PIB se ha debido a la alta inflación de 2021 y 2022. De hecho, en presencia de estabilidad de precios durante ese periodo, la ratio se habría mantenido estable a pesar del importante crecimiento del PIB real que también se vivió durante ese bienio (fruto del rebote pospandemia). Por consiguiente, y como ya pronosticamos en su momento, nos resultará muy complicado continuar disminuyendo el peso del endeudamiento público sobre el PIB salvo que vivamos instalados en un (indeseable) escenario de muy alta inflación.

Opinión

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Tan es así que hace unos días se publicaron los datos de deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2023 y, por primera vez desde el primer trimestre de 2021, su peso sobre el PIB ha dejado de reducirse y ha vuelto a aumentar: concretamente, en el primer trimestre de 2023, la deuda pública representaba el 112,8% del PIB, mientras que en el segundo trimestre se ha elevado hasta el 113,1%. Se trata de apenas tres décimas que acaso se diluyan durante los próximos meses si el Tesoro, por ejemplo, ha aprovechado para adelantar algunas de las emisiones programadas para 2023 al segundo trimestre de este ejercicio. Sin embargo, pese a todos los matices con los que haya que coger este dato, lo que parece claro es que el parón de la inflación en España (en junio, registró su mínimo interanual desde 2021: el 1,9%) no le ha sentado bien a la solvencia del Estado. Cuanto más estables sean los precios, más complicado será reducir la carga que el stock de pasivos públicos representa sobre nuestro PIB.

Así las cosas, y si la palanca inflacionista deja de ayudar, solo quedarán tres mecanismos para reconducir nuestro sobreendeudamiento: público o superávits presupuestarios, o intensos crecimientos del PIB real o tipos de interés muy bajos. La tercera opción queda, de momento, descartada por la política monetaria del BCE, y la segunda opción es improbable, dados el estancamiento de nuestra productividad y nuestro horizonte demográfico. Nos queda la primera opción que, pese a ser complicada, dada la indisciplina fiscal de nuestra clase política, es la que habremos de seguir en mayor o menor medida (según consigamos rascar algo de ayuda en el frente de los tipos de interés o del crecimiento real).

En suma: gobierne quien gobierne, los próximos años serán de mayor ortodoxia fiscal que la experimentada durante la última legislatura. Quizás algunos en el futuro terminen lamentando no haber cedido ahora mismo la Moncloa a sus rivales.