Telefónica saudí: ¿pierde España?

La adquisición del 9,9% del capital social de Telefónica por parte del Estado saudí (porque STC Group es en un 64% propiedad del fondo soberano saudí Public Investment Fund y, por tanto, del Estado saudí) ha generado diversos tipos de críticas y suspicacias, algunos de ellos razonables, otros meramente superficiales. De hecho, quienes más se han opuesto a la operación —y no por buenos motivos— han sido los extremos ideológicos de izquierdas y de derechas, a saber, Podemos/Sumar y Vox.

Por un lado, y desde Vox, se nos ha dicho que esta venta supone la última vuelta de tuerca en la parasitación foránea de una empresa que originariamente era de todos los españoles. Pero semejante afirmación es una trampa más que evidente: formalmente, puede que Telefónica fuera propiedad de todos los españoles en el pasado, pero materialmente jamás lo fue. Telefónica fue propiedad del Estado español y, por tanto, de aquellos políticos que controlaron en cada momento los resortes de ese Estado español: del mismo modo que hoy Sánchez y los suyos instrumentalizan empresas como Correos o RTVE en beneficio de los socialistas, Telefónica también fue instrumentalizada como empresa pública por los distintos gobiernos nacionales.

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El mensaje propagandístico de que Telefónica era de todos siempre constituyó una mera ficción interesada para impedir que se traspasara efectivamente su propiedad a los españoles: por ejemplo, reconociéndoles como dueños de una porción del capital social de Telefónica del que pudieran disponer libremente. Por supuesto, esto último jamás se hizo: los gobiernos de González y de Aznar vendieron la empresa como si fuera suya y cobraron la empresa como si fuera suya, gastando los fondos resultantes en el presunto bienestar de los españoles (pero, en realidad, en aquello que maximizaba la probabilidad de su reelección). Ahora, después de esa venta de una empresa que jamás fue de todos los españoles, únicamente ocurre que algunos de los propietarios de la empresa han decidido libremente vender sus acciones a quien les ha ofrecido un precio suficiente por ellas, a saber, STC Group.

Por otro lado, y desde Podemos/Sumar, se reprocha que este tipo de adquisiciones pone de manifiesto la falta de control del Gobierno de España sobre empresas tan estratégicas como Telefónica. Desde su punto de vista, debería haber sido el Gobierno español quien se hiciera con el 10% de Telefónica, o quien creara una empresa de telecomunicaciones pública, y tuviera control sobre ella para guiar la transición digital del futuro. Sucede que, al menos en teoría, el Gobierno español carece, desde la privatización de la empresa, de cualquier influencia sobre su administración y estrategia, más allá de lo que pueda imponer a través del BOE. Por tanto, y a ese respecto, que el Gobierno saudí devenga propietario de Telefónica no cambiaría nada: el Gobierno español seguiría sin poder decidir, como accionista, nada respecto a esta empresa, pero continuaría teniendo a su disposición el BOE para imponerle prohibiciones u obligaciones.

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Por supuesto, desde una perspectiva liberal, el Estado debería abstenerse de establecer prohibiciones u obligaciones a cualquier individuo o empresa que no estén relacionados con la salvaguarda de la libertad de terceros, pero incluso desde la óptica intervencionista debería admitirse que existen herramientas suficientes para dirigir cualquier transición digital que hacen innecesaria la participación accionarial en la empresa. No obstante, recordar que el Estado tiene a su disposición el BOE para salvaguardar las libertades de los ciudadanos (prohibiendo comportamientos que atenten contra las mismas) también debería servirnos para aplacar algunas de las razonables inquietudes que pueden emerger respecto a que un Estado tan liberticida como el saudí posea el 10% del capital social de Telefónica.

Si el Estado español (monopolio instituido de la violencia dentro del territorio español) se toma verdaderamente en serio la protección de las libertades de los ciudadanos, esta operación financiera no tendría por qué acarrear mayor riesgo para los españoles que la que hubiese podido acarrear un patrocinio deportivo o la adquisición de títulos de renta fija por parte de STC Group. Si, en cambio, el Estado español no se toma en serio la protección de nuestras libertades, entonces la operación sí podría acarrear problemas: pero en tal caso sería iluso esperar intervención protectora de ese mismo Estado español que, según decimos, no se preocupa por nuestras libertades.