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Los peajes y la virtud de la falta de transparencia
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Juan Ramón Rallo

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Los peajes y la virtud de la falta de transparencia

Por eso han retirado los peajes: no por ser ineficientes para alcanzar un determinado resultado, sino por ser demasiado transparentes sobre los costes de alcanzar ese resultado

Foto: Aspecto de la autopista C-33 a su paso por el antiguo peaje desde Montcada i Reixac. (EFE/Quique García)
Aspecto de la autopista C-33 a su paso por el antiguo peaje desde Montcada i Reixac. (EFE/Quique García)
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El Gobierno de PSOE-Podemos se comprometió en 2020 con Bruselas a implantar un sistema de peajes por uso en las principales autovías españolas. Ante la impopularidad de la medida, y la decidida voluntad de la oposición de instrumentalizarlo contra el Ejecutivo, se optó por solicitar a la Comisión Europea que autorizara un reemplazo de esta medida por otras equivalentes: y finalmente, parece que así será. En lugar de los peajes comprometidos, el Estado invertirá el dinero de los contribuyentes en impulsar el transporte ferroviario de mercancías.

Lo que, empero, debería llamarnos la atención en este caso es la flagrante contradicción que existe entre, por un lado, la muy favorable opinión de la población respecto a la descarbonización de la economía y, por otro, el escaso margen de sacrificio personal que exhibe esa misma población cuando la descarbonización les afecta a ellos. A la postre, establecer un pequeño peaje a las autovías no solo contribuía a que los usuarios de las carreteras se hicieran cargo de su mantenimiento, sino que también desincentivaba los viajes innecesarios en muchos de motor de combustión (podría haberse establecido una tarifa diferenciada en función de las emisiones del vehículo). Y la descarbonización trata de esto: de desincentivar y penalizar aquellas actividades (como el transporte de personas o de mercancías) que generen CO₂.

Foto: Acceso a la carretera de La Coruña a su salida por Madrid. (EFE/Víctor Lerena)

Por tanto, y para quienes crean que la lucha contra el cambio climático es una urgencia existencial, medidas como el establecimiento de peajes en carretera deberían, en coherencia, constituir una prioridad. Pero parece que no es el caso: ni entre los políticos, que se han apresurado a reemplazar la medida ante la menor muestra de descontento social, ni entre una población que dice estar muy concienciada en contra del cambio climático. En su lugar, unos y otros parecen preferir la adopción de otros tipos de medidas que no es que resulten menos costosas para los ciudadanos, sino que sus costes son menos transparentes para la población. A saber, preferimos que nos suban los impuestos para promover la eficiencia energética o el transporte ferroviario de mercancías antes que establecer peajes en carreteras… aun cuando lo que terminemos pagando por mayores impuestos fuese superior a lo que pagaríamos en peajes. Queremos vivir instalados en la ficción de que aquello que queremos alcanzar lo pagan otros aun cuando lo paguemos nosotros mismos.

Foto: Foto: EFE. Opinión
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Todo lo cual nos remite a un problema más de fondo: la población abraza ciertos grandes fines u objetivos nacionales que le son planteados por sus gobernantes sin ser consciente de los medios (y los costes) que son necesarios para alcanzarlos. Ya tuvimos ocasión de poner de manifiesto esta contradicción cuando comparamos el coste de las políticas climáticas de descarbonización con el pago máximo que la mayoría de las familias estadounidenses se mostraba dispuesta a efectuar: mientras que el coste de alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050 implica un sacrificio de ingresos de 11.300 dólares por persona y año, casi dos tercios de los estadounidenses no estaban dispuestos a abonar más de 120 dólares anuales. Y los políticos, lejos de desvelar a los ciudadanos cuáles son los costes reales de tales objetivos nacionales (para que así estos puedan tomar decisiones conscientes y responsables), buscan ocultárselos a toda costa para que sus votantes no rechacen los fines que erróneamente abrazan: al contrario, los políticos se sienten legitimados a mentirles sobre los costes porque solo mintiéndoles sobre los costes los ciudadanos aceptarán “lo que hay que hacer” para lograr tales fines.

Es decir, que la mentira es necesaria para que la gente quiera lo que los políticos dicen que ha de querer. No es que la mentira aleje a la población de una toma racional de decisiones, sino que la toma racional de decisiones, desde la perspectiva del político, sería imposible sin la mentira. Por eso han retirado los peajes: no por ser ineficientes para alcanzar un determinado resultado, sino por ser demasiado transparentes sobre los costes de alcanzar ese resultado.

El Gobierno de PSOE-Podemos se comprometió en 2020 con Bruselas a implantar un sistema de peajes por uso en las principales autovías españolas. Ante la impopularidad de la medida, y la decidida voluntad de la oposición de instrumentalizarlo contra el Ejecutivo, se optó por solicitar a la Comisión Europea que autorizara un reemplazo de esta medida por otras equivalentes: y finalmente, parece que así será. En lugar de los peajes comprometidos, el Estado invertirá el dinero de los contribuyentes en impulsar el transporte ferroviario de mercancías.

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