El PP solo nos devuelve unas migajas del creciente botín

Dentro del imaginario político colectivo español, el PP es un partido que defiende las rebajas de impuestos a costa de reducir el gasto público y el PSOE es un partido que promueve un mayor gasto público a través de incrementos tributarios. Desde esta perspectiva, cuando y donde gobierna el PP, los servicios estatales irían progresivamente desmantelándose para disminuir la presión fiscal que recae sobre los contribuyentes y, en cambio, cuando y donde gobierna el PSOE se subirían continuamente los impuestos para alimentar el estado de bienestar. Y dado que PSOE y PP han gobernado intermitentemente en las últimas décadas y dado que a día de hoy el PP gobierna en la mayoría de ayuntamientos y autonomías mientras que el PSOE copa el Ejecutivo central, no deberíamos detectar ninguna clara tendencia ni en una dirección ni en otra. Ambas fuerzas, tanto la que brega por mayor gasto como la que lucha por menores impuestos, se anularían entre sí.

Pero lo cierto es que, durante los últimos años, la presión fiscal española se ha disparado de manera exagerada. En 2019, la presión fiscal española se ubicaba en el 35,2% del PIB y suministraba al fisco 438.000 millones de euros; para 2024, un lustro después, el propio Ejecutivo central anticipa una recaudación de 595.000 millones de euros con una presión fiscal del 38,6%. Es decir, un aumento anual de los recursos públicos de 157.000 millones de euros.

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Por supuesto, no todo ese incremento de la recaudación es un incremento real (en parte se trata de un mero aumento nominal por la inflación) ni todo él se ha logrado con un grado de extractivismo más sangrante sobre la economía (otra parte de él es mero aumento de las bases imponibles). Sin embargo, podemos hacer un simple ejercicio: plantearnos cuánto habríamos recaudado en 2024 manteniendo la presión fiscal de 2019. Y la respuesta es que la recaudación habría sido de 543.000 millones de euros, esto es, 52.000 millones de euros menos de lo que ahora prevé el Ejecutivo que vamos a recaudar.

Pues bien, comparemos esa cifra —52.000 millones de euros— con las brutales rebajas impositivas que supuestamente está perpetrando el PP en las autonomías que gobierna. Según el propio Ejecutivo central, las rebajas de IRPF, patrimonio y sucesiones aplicadas en 2023 supusieron una merma de recaudación de 795 millones de euros (613 millones de euros en IRPF, 110 millones de euros en patrimonio y 72 millones en sucesiones), a lo que habrá que añadir una pérdida adicional de 2.040 millones de euros en 2024 (1.729 millones de euros por IRPF, 24 millones en patrimonio y 297 millones en sucesiones). En total, pues, algo menos de 3.000 millones de euros como resultado de la “revolución fiscal” que prometió aplicar el PP.

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Comparen la anécdota con la categoría: el PP reintegra anualmente 3.000 millones de euros en impuestos a los ciudadanos y el PSOE (y el PP, porque en esto han sido cooperadores necesarios) incrementa la confiscación tributaria anual a costa de los ciudadanos en 52.000 millones de euros. El saldo neto está tremendamente escorado hacia la sangría fiscal, pero lo que seguiremos escuchando es que el PP está matando de hambre al sector público y por eso la cantidad y calidad de las prestaciones públicas se deteriora. No: el Estado cada vez copa más recursos (si bien también los concentra cada vez más en los pensionistas) y eso no se traduce automáticamente en una mejor calidad de vida para el grueso de la población (aunque quizá sí para aquellos grupos suficientemente organizados como para apropiarse de esos expansivos recursos).

En definitiva, la tendencia es clara y lo es en todas partes del territorio español: el Estado les arrebata cada vez más recursos a los ciudadanos y estos siguen siendo bombardeados por la propaganda de que ese Estado cada vez tiene menos recursos y por eso se ve obligado a recortar la cantidad y calidad de los servicios que ofrece. En el fondo, tanto PP como PSOE comparten el mismo modelo de Estado: uno que crezca a costa del sector privado. La única diferencia es que unos reintegran a los ciudadanos una pequeña parte del expansivo botín mientras que los otros prefieren destinarlo a aumentar los subsidios clientelizadores.