Lo que se juega Argentina

El gran reto económico —y político— al que se enfrentará el próximo presidente de Argentina es evitar la hiperinflación y alcanzar una progresiva estabilidad de precios. Pese a que las propuestas de los tres principales contendientes resultan en muchos aspectos dispares, todos ellos coinciden en la necesidad de acabar con el déficit público y la consiguiente monetización de la deuda en el banco central.

En parte, este objetivo ya se ha logrado en el corto plazo gracias a la enorme inflación que ha experimentado el país durante los últimos años: los gastos públicos han sido licuados en términos reales y los ingresos públicos se han disparado en términos nominales. En 2022, de hecho, el déficit primario ascendió al 2,4% del PIB, de modo que no debería resultar especialmente dramático alcanzar un equilibrio presupuestario primario con ciertos ajustes adicionales en los gastos o en los ingresos. De ser así, los tipos de interés y finalmente la inflación deberían ir descendiendo progresivamente. Sin embargo, para que esto último suceda, es imprescindible no solo que se alcance el equilibrio presupuestario primario ahora, sino que se espere que ese equilibrio presupuestario primario se va a mantener en el tiempo.

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Y esto último, generalizar creíblemente la expectativa de que las cuentas se van a mantener equilibradas a largo plazo, es lo que desde luego resulta tan complicado de alcanzar. No solo porque, como hemos señalado, el déficit público se haya reducido licuando los gastos mediante la inflación, lo que genera la más que lógica duda de si esos rebajados niveles de gasto público real se van a mantener en el tiempo (¿no se incrementarán los sueldos de los empleados públicos?, ¿no se revalorizarán las pensiones?, ¿se consolidará una eliminación de facto de la mayoría de subsidios?). La razón esencial por la que ese control temporal del déficit no resultaría creíble es porque existen muchos incentivos institucionales a abandonarlo tan pronto como los ciudadanos reintegren la confianza a los políticos: si las expectativas de inflación caen, volverá a ser tremendamente provechoso financiar el déficit público a través de la emisión monetaria.

Por eso, los países eficaces a la hora de mantener su inflación bajo control cuentan con un banco central independiente que no tiene por qué ceder a los caprichos financieros del Gobierno de turno. Pero en Argentina ese banco central independiente ni existe ni está claro que pueda existir: no solo porque las reformas legales valen de poco si los políticos están decididos a saltárselas, sino porque, aun cuando esa independencia fuera efectiva, el imaginario colectivo argentino necesitaría de mucho tiempo antes de volver a confiar en su banco central.

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Aquí es precisamente donde encaja la propuesta de la dolarización que impulsa Javier Milei: no es que, en abstracto, la dolarización sea la mejor opción de política monetaria que pueda seguir un país (en su momento, ya esbocé algunos de los principales problemas a los que puede enfrentarse), pero, dentro de la actual realidad sociopolítica argentina, externalizar la gestión de la moneda en un organismo —la Reserva Federal— sobre el que los políticos argentinos no pueden ejercer ningún control puede ser la mejor forma, de las realistamente disponibles, de controlar los precios. La confianza en el dólar no es algo que deba surgir, sino que es algo que ya existe generalizadamente en el país, pues todos los ciudadanos ahorran en dólares.

Ni Massa ni Bullrich han explicado cómo pretenden restablecer la confianza a largo plazo en el peso. Meramente cuadrar las cuentas hoy no valdrá —salvo acaso para escapar del riesgo hiperinflacionario, pero no para estabilizar los precios—. De ahí que el único que tenga realmente un plan para acabar con la inflación —un plan con sus peligros y problemas, pero un plan— sea Milei. Que el futuro les sea más propicio que el pasado.