Una Hacienda propia también para Madrid

Desde hace años, vengo abogando por profundizar en la descentralización fiscal de España: que cada Administración administre los impuestos necesarios para financiar sus propios gastos pero no para transferírselos, salvo acaso de manera coyuntural y extraordinaria, a otras administraciones. Que quien gaste sea el que recaude. Hasta la fecha, podía tratarse de una idea más o menos extemporánea, dado que la coyuntura política era del todo refractaria hacia esa posibilidad: salvo País Vasco y Navarra, todas las autonomías integraban el régimen común y había un consenso más o menos generalizado en que se mantuviera una fuerte redistribución interterritorial en su seno. Sin embargo, ese consenso se está resquebrajando por dos frentes.

De un lado, la (muy legítima) reivindicación del independentismo catalán de recaudar desde la Generalitat la totalidad de los impuestos recaudados en Cataluña y abonar un “cupo de solidaridad” a la Administración Central para financiar los servicios comunes y redistribuir renta hacia el resto de españoles (aunque cuidado con el método de calcular ese cupo, pues podría convertirse en una forma de redistribuir riqueza desde el resto de España a Cataluña). Y si se le termina concediendo la Hacienda propia a Cataluña (algo que, insisto, debería suceder), ¿qué argumento cabría oponer a que otras regiones optaran a exactamente el mismo régimen de financiación (o similar)? ¿Que no existe un partido nacionalista en el Congreso cuyos votos necesite Sánchez para la investidura y la gobernabilidad? No parece un motivo demasiado razonable, aunque entronque plenamente con la perversa lógica de la política.

Es más, si Cataluña adquiere una Hacienda propia y reduce su balanza fiscal negativa hacia el resto de España, sería del todo urgente que la Comunidad de Madrid reclamara lo propio para que su propia balanza fiscal negativa no se ensanchara en la misma magnitud en la que se reduce la catalana. O dicho de otro modo, Madrid debería protegerse frente al riesgo de un más agresivo expolio fiscal vinculado a la redistribución interterritorial por la vía de acceder al mismo régimen de financiación que se quiere dar a Cataluña.

Opinión

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De otro lado, el Gobierno central ha restablecido por la puerta de atrás el impuesto sobre el patrimonio que previamente había consentido en delegar a las autonomías. Dado que PSOE, Podemos, Sumar o ERC no aceptan que Madrid, autónomamente, decida no gravar el stock de riqueza sito dentro de su territorio (como hacen la práctica totalidad de países europeos), han tenido que crear un impuesto sobre el patrimonio bis (impuesto a las grandes fortunas) que se aplique allí donde no rige el de patrimonio. A corto plazo, hace bien Ayuso en restablecer patrimonio para que la recaudación de este tributo permanezca en las arcas autonómicas: eso sí, acto seguido debería buscar alguna fórmula para reintegrar ese impuesto a sus víctimas (por ejemplo, reembolsándoles semejante suma a través del IRPF autonómico). Pero a medio plazo, como decimos, la problemática a resolver es otra: incrementar el autogobierno fiscal de Madrid para que sean los madrileños quienes decidan qué tributos se cobran dentro del territorio madrileño… y cuáles no.

En definitiva, España se halla en un periodo de transformación constitucional. Semejante mutación no será necesariamente formal, pero a buen seguro lo será material. La queramos o no, esa transformación constitucional va a llegar (por la reorientación ideológica del PSOE y de buena parte de su electorado) y no sería inteligente cerrarnos en banda en lugar de tratar de aprovecharla para crear nuevos contrapesos que reduzcan el poder efectivo del nuevo modelo de Estado que está naciendo: si vamos hacia una mayor descentralización para Cataluña (y, repito, no lo estoy criticando), el resto de autonomías debería reclamar más autogobierno (o al menos debería poder hacerlo). En el caso de Madrid, es del todo prioritario que aspire a contar con una Hacienda propia que gestione la mayor parte de los tributos que se cobran en la región con el objetivo de proteger a sus contribuyentes del creciente parasitismo centralista.