La financiación autonómica asimétrica de PSOE y Junts

La legislatura arrancará gracias al acuerdo de una ley de amnistía, pero subsistirá mientras el PSOE siga efectuando concesiones a Junts per Catalunya en materia de referéndum o de financiación. Tanto el acuerdo entre ambos partidos como, sobre todo, la rueda de prensa posterior de Carles Puigdemont lo dejan muy claro:

"Se ha de avanzar. No puede ser que no pase nada. Porque, si no pasa nada, evidentemente no hay incumplimiento potencial. Avances y cumplimiento de los acuerdos. Y, en este sentido, la estabilidad del Gobierno, de la legislatura sobre todo, en temas como los presupuestos y otros proyectos relevantes que el Gobierno remita a las Cortes, dependerá de una negociación permanente que dé resultados y que se cumplan a lo largo de la legislatura. A diferencia de la legislatura anterior, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez arrancó con la estabilidad garantizada en el bolsillo, aquí se la tendrá que ganar acuerdo a acuerdo. Sin acuerdos, sin su cumplimiento, la legislatura no tiene ningún recorrido".

Por supuesto, Pedro Sánchez, después de lograr la investidura, siempre tendrá la opción de negarse a hacer ninguna concesión adicional y limitarse a gobernar prorrogando presupuestos. Pero cabe suponer que intentará alargar algunos meses el periodo de gobernabilidad: aprobar algunas leyes clave y, sobre todo, un par de presupuestos para poder agotar la legislatura con un cierto bagaje de actividad política. En tal caso, también cabe esperar que los primeros acuerdos a los que intente llegar el PSOE con Junts a cambio de prolongar la gobernabilidad sean los acuerdos en materia fiscal, a saber, avanzar hacia una Hacienda catalana propia donde la Generalitat recaude el 100% de los tributos pagados dentro del territorio catalán.

En mi último artículo en estas mismas páginas, ya expresé que esa opción —similar a la del concierto económico vasco y navarro— no es una mala opción siempre y cuando se posibilite para el resto de autonomías españolas que así lo soliciten. Es decir, que ojalá el Estado español avance hacia una mucho más profunda descentralización fiscal (idealmente no solo hacia las autonomías, sino hacia los ayuntamientos) que posibilite una genuina competencia tributaria (a la baja) entre administraciones públicas.

De hecho, debería ser inconcebible que el PSOE siquiera se plantee incrementar la autonomía fiscal de Cataluña sin otorgar la opción de acceder a un régimen similar al resto de autonomías. ¿Cómo podría justificarse que la Generalitat obtuviera aquello que se le negase a la Comunidad Autónoma de Madrid salvo acaso la mera arbitrariedad sanchista de conceder solo aquello que necesita para perpetuarse en el poder? Sucede que, leyendo el acuerdo entre PSOE y Junts, incluso lo inconcebible (el trato discriminatorio hacia el resto de autonomías cuyos diputados Sánchez no necesita en el Congreso) se vuelve previsible. Atención a la redacción:

"Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya y reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya".

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Es decir, que ambas partes (no solo Junts) plantean la problemática de la financiación de Cataluña como un problema singular, no como parte de un problema más general dentro del sistema de financiación autonómico. Y no me sorprende que así sea, porque otorgar las mismas condiciones fiscales a Madrid y a Cataluña colocaría la actual estructura del estado de bienestar español ante la perspectiva de un muy profundo reajuste que el sanchismo no podría permitirse. De ahí que ese sea el débil flanco por el que deberían atacarse los planes del Gobierno: no rechazando la Hacienda propia para Cataluña, sino reclamando el mismo régimen para el resto de autonomías. Cualquier concesión en materia de financiación que logre Junts debería venir seguida por una exigencia de Ayuso de obtener exactamente lo mismo para Madrid. Es esa flagrante contradicción de la que no podrá escapar salvo manteniendo el statu quo o avanzando hacia un sistema tributario que, afortunadamente, tendría muy poco “de izquierdas”.