El pacto constitucional se está rompiendo

Aunque la teoría contractualista sobre el origen del Estado es clamorosamente deficiente (ni históricamente se dio ni hipotéticamente podría haberse dado un unánime consentimiento en la creación del Estado), sí tiene cierto poder explicativo de la llamada paz social. Los seres humanos vienen al mundo dentro de un statu quo político —sea el que sea— y la mayoría de ellos tiende a aceptarlo y legitimarlo por defecto: de hecho, si una mayoría de personas buscara subvertir ese statu quo político, no podría subsistir y por necesidad terminaríamos instaurando otro que sería mayoritariamente aceptado. Todo régimen, en última instancia, descansa sobre el consentimiento tácito de la mayoría de sus súbditos.

Pero tales súbditos, en algún momento y por alguna razón, pueden dejar de aceptar tácitamente el régimen político bajo el que habitan. Sucedió con muchos ciudadanos de Cataluña durante la pasada década, cuando migraron en masa al independentismo y, por tanto, rechazaron cualquier legitimidad del Estado español para dictar las normas reguladoras de su convivencia. Desde su perspectiva, la legitimidad del poder político no emanaba de la nación española sino de la nación catalana, de modo que el Estado español no era más que un invasor y un ocupante que anulaba el autogobierno de esa nación catalana.

Y está sucediendo ahora mismo en muchos sectores de la derecha española, quienes —en contra de la caricatura que están haciendo los medios de comunicación— no cuestionan los resultados electorales del 23 de julio o la legitimidad de acceder al poder merced una mayoría suficiente en el Congreso, sino la legitimidad del ejercicio de ese poder. En concreto, las cada vez más multitudinarias protestas que recorren muchos rincones de España son protestas en contra de la previsible aprobación de una ley de amnistía (a cambio de la cual, por cierto, se cocina la mayoría suficiente en el Congreso) que supone otorgar a los políticos la potestad de decidir arbitrariamente a quiénes se les aplica la ley y a quiénes no. Ahí —en la aplicación arbitraria y desigual de la ley— es donde se fragua la insubordinación de parte de la derecha: si el marco constitucional no obliga a los unos, ¿por qué sí debería obligar a los otros?

He ahí el momento histórico clave en el que nos hallamos ahora (como 2017 pudo serlo para el independentismo catalán). La percepción en una parte de la sociedad española de que el pacto constitucional se ha roto y de que, por tanto, deja de ser de obligatorio cumplimiento. Por supuesto, y al igual que sucedió con el independentismo catalán en 2017, esto no tiene por qué significar que entremos en una senda de insubordinaciones sociales permanentes: el Estado, a través de la represión, puede lograr que incluso aquellos que no le reconocen legitimidad acaten sus órdenes. Pero sí significa que el sustento de ese Estado es cada vez más débil: que cada vez hay más combinaciones y alianzas políticas posibles que no tienen el menor pudor en socavar el imperio de la ley realmente existente porque, de hecho, consideran que el imperio de la ley realmente existente es ilegítimo.

Opinión

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En suma, cuantas más personas se salgan del pacto constitucional, más cerca estaremos de una refundación constitucional futura: esto es, de buscar una nueva norma fundamental que concite apoyos sociales más amplios que la actual que los va perdiendo y que regule las bases de nuestra convivencia. Cuestión distinta es que esa nueva norma fundamental respete más libertades que la actual o que se aplique en los territorios que hoy llamamos España: no en vano, parte de los agentes que, desde hace años y por motivos distintos, buscan activamente una refundación constitucional son la extrema izquierda y los nacionalismos periféricos. Pero cuantos más ciudadanos vayan rompiendo emocionalmente con la legitimidad del orden constitucional vigente, cuanta mayor sea la desafección social hacia la Carta Magna, tanto más inexorable irá volviéndose ese escenario. Y la responsabilidad principal residirá en nuestras irresponsables élites políticas, que no han dudado en espolear el privilegio y el enfrentamiento entre ciudadanos para alcanzar y perpetuarse en el poder.