¿Qué pasará con el SMI durante esta legislatura?

Después de dos años perdiendo poder adquisitivo, los salarios nominales en España han empezado a crecer con mayor intensidad en 2023, pero aun así parece que no será suficiente para que, en términos promedios, ganen poder adquisitivo, dado que la inflación se ubicará ligeramente por encima. Esta pérdida de poder adquisitivo entre los salarios no es un fenómeno exclusivo de las remuneraciones pactadas en los convenios colectivos, sino que también afecta al salario mínimo interprofesional.

A la postre, frente a los 950 euros mensuales (en 14 pagas) que alcanzó el SMI a finales de 2020, hoy se halla, en términos reales, en 1.080 euros mensuales y, por tanto, en 924 euros mensuales (euros con poder adquisitivo equivalente al de 2020). Dicho de otro modo, a pesar de que el SMI ha crecido un 13,6% en términos nominales, los precios lo han hecho en un 16,5%. Por tanto, aunque la retórica oficial siga insistiendo en que este Gobierno lleva subiendo el SMI desde 2019, esto no es cierto en términos reales: en el periodo 2020-2023, el SMI no solo se ha congelado, sino que incluso se ha recortado. La cuestión, claro, es qué cabe esperar que suceda en esta materia durante la próxima legislatura.

Por un lado, Sumar y los sindicatos presionarán para que el salario mínimo recupere el poder adquisitivo perdido durante los últimos años y, a ser posible, lo vaya ganando año tras año. Semejantes pretensiones hallaban hasta el momento su principal barrera en la ministra de Economía, Nadia Calviño; pero su previsible salida del Ejecutivo, y su anticipable reemplazo por un político aún menos ortodoxo que ella, hace augurar que al menos desde dentro habrá menor resistencia a relanzar las subidas reales de este precio mínimo sobre el trabajo asalariado.

Pero, por otro, tengamos también presente que, si bien la investidura consagrará a un presidente (y a un Gobierno) de izquierdas, la legislatura estará dominada por un Parlamento mayoritariamente de derechas: PP (137), Vox (33), Junts (7), PNV (5), UPN (1) y CC (1). En total, 184 diputados: nueve más que la mayoría absoluta. En otras palabras, la política económica durante los próximos años no podrá ser extremadamente antiempresarial… salvo que los partidos nacionalistas consigan crecientes concesiones descentralizadoras a cambio de apoyar reformas antieconómicas en un país que, a efectos no solo emocionales, sino también materiales, cada vez es menos su país (ahí podría encuadrarse la cláusula foral que el PNV ha pactado con el Gobierno y que llevará a que toda legislación nacional contenga una excepción, consensuada con el PNV, para el País Vasco).

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En este sentido, es verdad que la aprobación del SMI no necesita pasar por el Congreso, pero probablemente sea uno de los parámetros que se metan en el paquete de la negociación de los presupuestos (donde suelen incluirse reformas fiscales que afectan también a las empresas y, por tanto, se hace necesario considerar otros costes que paralelamente se les hayan incrementado). Por tanto, y desde esta perspectiva, puede que existan algunos frenos externos a la irresponsabilidad regulacionista del Gobierno.

Veremos, en suma, qué nos depara la política económica del Ejecutivo durante la próxima legislatura, pero si la economía se sigue desacelerando (al calor de los altos tipos de interés) y la (mala) ideología prima sobre la evaluación de los resultados de la política (como paradigmáticamente ha sucedido con el SMI), no habría que tener demasiada esperanza en las obras sanchistas. Ojalá la fragmentación parlamentaria y su orientación mayoritaria hacia la no izquierda le frenen un poco los pies.