La histórica liberalización de Javier Milei

Argentina es uno de los países más intervenidos, estatizados y antiliberales del mundo. Según el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage (que ciertamente dista de ser perfecto, pero que puede proporcionarnos una aproximación cualitativa al asunto), Argentina ocupa el puesto 144 entre las economías libres, por detrás de países como Mozambique, Camerún o Uganda.

Esta deplorable situación, responsable en buena medida de la decadencia económica del país durante las últimas décadas, podría empezar a cambiar desde esta semana. No en vano, el nuevo presidente del país, Javier Milei, fiel a sus convicciones y a sus promesas liberal-libertarias, acaba de anunciar una profundísima liberalización y desregulación de la mayoría de sectores del país con el doble objetivo de, por un lado, combatir la recesión relanzando la actividad económica y, por otro, combatir el déficit fiscal ampliando las bases imponibles mediante la creación de mayor riqueza y, por tanto, aumentando la recaudación sin subir (más de lo que ya lo ha hecho) los tipos impositivos.

El decreto presidencial, que entrará en vigor salvo que ambas cámaras se opongan, contiene un amplísimo abanico de medidas que reducen de manera muy sustancial la intervención del Estado en los más variopintos ámbitos de la economía: por ejemplo, se deroga la ley de alquileres (que prohibía la actualización del alquiler por periodos inferiores a seis meses, incluso en la actual coyuntura altamente inflacionaria, o impedía negociar contratos en dólares); se deroga la ley de abastecimiento (aprobada por el mismísimo Perón y que habilitaba al Estado a establecer controles de precios y de márgenes empresariales sobre bienes que se consideren esenciales); se deroga la ley de góndolas (que obligaba a los supermercados a ofrecer cinco marcas distintas por cada producto, impedía que alguna marca copara más del 30% de los estantes de las tiendas y reservaba los espacios más visibles para las mercancías más baratas); se deroga la ley de compre nacional (que imponía a la Administración contratar preferentemente empresas argentinas aun cuando fueran más caras o de peor calidad); se deroga la ley de promoción industrial (que pretendía articular una política industrial en forma de subsidios y créditos blandos en favor de la industria prebendaria del país); se deroga la normativa que impide la privatización de empresas públicas; se transforman todas las empresas públicas en sociedades anónimas para privatizarlas; autoriza la cesión total de las acciones de Aerolíneas Argentinas a terceros (para poder privatizarla entregándosela a los trabajadores); se reforma la legislación laboral (en un sentido muy similar a como está regulado en España: rebaja del coste de despido, limitación de la ultraactividad de los convenios o extensión del periodo de pruebas en los contratos); se reforma el código aduanero (para flexibilizar las exportaciones y las importaciones); se deroga la ley de tierras (que prohibía a los extranjeros adquirir más del 15% de las tierras de Argentina o a una sola persona adquirir más de 1.000 hectáreas); se rebaja la carga regulatoria en la industria azucarera, vitivinícola y minera; se declara la política de cielos abiertos (esto es, se liberalizan los vuelos en el país, de modo que las compañías extranjeras pueden empezar a operar en las mismas condiciones que Aerolíneas Argentinas), y se desregula la industria turística (para permitir que otros operadores, aparte de las agencias de turismo, intermedien en este sector).

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Y lo anterior ni siquiera contiene la totalidad de los cambios normativos impulsados por Milei (en realidad, por Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central de la República Argentina, que fue quien durante años estuvo recopilando todas las normativas que asfixiaban la economía y que el martes fueron felizmente derogadas o reformadas). De momento, estamos ante más de 350 cambios normativos y, según Milei, vendrán muchos más en el futuro. Aunque soy escéptico respecto a esto último —la ventana de oportunidad para aprobar nuevas reformas se va reduciendo cada vez más—, ojalá sea así y en el futuro Argentina sea mucho más libre y próspera que hoy. Y, sobre todo, ojalá acabe siendo un ejemplo para el resto del mundo.