Los claros y los oscuros de la revolución institucional de Javier Milei

Tal como prometió en campaña y tal como reafirmó en su primer discurso presidencial, Javier Milei está aplicando una terapia de shock en Argentina. Y lo hace por dos razones: por un lado, porque la economía argentina al borde del abismo y necesita de reformas urgentes para evitar caer en él; por otro, porque la ventana política de que dispone Milei para aprobar la mayor parte de su programa es muy estrecha (sin mayoría en las cámaras y con un peronismo movilizado en las calles, ha de aprovechar los primeros días de su mandato para tratar de sacar adelante la mayor parte de su programa).

Es esta rápida sucesión de reformas legislativas la que acaso está creando confusión entre analistas y políticos españoles. Y es que, de entrada, se está mezclando el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que aprobó el gobierno de Milei hace una semana con la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que fue presentada esta misma semana: aunque las dos normas tienen muchos puntos en común (desregulaciones y privatizaciones económicas), la primera entró en vigor desde el día de su publicación y seguirá en vigor hasta que las dos cámaras voten en contra (si es que alguna vez llegan a hacerlo); la segunda, en cambio, es un proyecto de ley que no entrará en vigor hasta que ambas cámaras lo aprueben (si es que lo aprueban). Además, las cámaras no pueden introducir cambios en el DNU (se aprueba o rechaza en su integridad), mientras que sí pueden hacerlo en el proyecto de ley (este puede enmendarse y aprobarse con las enmiendas).

La distinción es importante porque muchas de las medidas más controvertidas desde una perspectiva liberal de cuantas hemos conocido durante los últimos días (la habilitación legislativa del presidente, la restricción del derecho de manifestación o las subidas de impuestos) no están en el DNU, sino en el proyecto de ley: es decir, de momento solo son propuestas que Milei plantea a las cámaras consciente de que, al menos en algunos casos (como la habilitación legislativa del presidente), las cámaras lo enmendarán y rechazarán. Y, en parte, puede que eso sea lo que busque Milei: usar el rechazo a algunas de esas propuestas para negociar políticamente la aprobación de otras (aunque todos los políticos, y Milei no tiene por qué ser una excepción, desean eliminar los contrapesos que limitan su acción de poder).

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Y es que el proyecto de ley contiene, sobre todo, muchas medidas deseables para cualquier liberal y que ojalá terminen prosperando: elimina controles de precios (sobre los hidrocarburos, las primas de seguros o los libros); elimina varias restricciones al comercio exterior que no dependen del Mercosur (aranceles sobre el azúcar, impuesto aduanero sobre la entrada en el país con enseres personales y obligación de declararlos); suprime obligaciones o prohibiciones absurdas (posibilita la circulación de coches autónomos; deroga la obligación de reconstruir un teatro que hayas demolido; o elimina las obligaciones de decoración en transportes); privatiza 42 empresas públicas (YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco de la Nación, Correos, etc.); establece un sistema de concesiones para la obra pública (pago por peaje); posibilita el despido de funcionarios (cuando se suprima el área de la administración en la que estaban asignados); elimina diversos organismos públicos (como el Museo, Biblioteca y Archivo del Trabajo y del Movimiento Obrero Argentino o el Instituto Nacional de Teatro); permite que las universidades públicas cobren la matrícula a los estudiantes extranjeros; establece, durante los próximos dos años, un régimen jurídico especial para grandes inversiones (menores impuestos y menor retención de sus ingresos en dólares), y aporta transferencia fiscal (todos los tiques deberán distinguir entre el precio antes de IVA y el IVA; las administraciones públicas no podrán decir que los servicios públicos son gratuitos, sino que son financiados por el contribuyente).

Como digo, muchos de estos cambios (a los que hay que sumar los del DNU de la semana pasada) son enormemente necesarios y enormemente positivos para relanzar el crecimiento económico de la Argentina tras siete décadas de decadencia. La pelota está ahora en el tejado del poder legislativo: ¿contribuirán a perpetuar el modelo económico que ha llevado a la ruina a su país o tendrán la valentía de desafiar sus privilegios y los de los grupos de presión para incrementar la libertad y la prosperidad de sus conciudadanos?