Café para todos

El Estado español no ha publicado ningún dato oficial sobre balanzas fiscales desde 2014. Una década de apagón estadístico al que aparentemente se le pondrá fin durante los próximos meses tras el reciente acuerdo in extremis entre PSOE y Junts per Catalunya. Y es que, en efecto, uno de los compromisos que la formación independentista consiguió arrancarle a los socialistas a cambio de su inasistencia en las votaciones del pasado miércoles fue la actualización de las cifras de balanzas fiscales: es decir, de la diferencia entre la totalidad de los impuestos pagados por los residentes de un territorio y los gastos públicos (procedentes de cualquier nivel administrativos) que redundan en favor de ese territorio.

En ocasiones se suele criticar el uso de las balanzas fiscales alegando que los impuestos los pagan las personas y no los territorios: es verdad, pero las personas que habitan en un territorio (sobre todo cuando existen administraciones territoriales) sí reciben un mayor o un menor flujo de servicios del Estado que puede guardar (o no) relación con los impuestos pagados.

En 2014, según los últimos datos disponibles, había tres autonomías que eran contribuyentes netas y otras 14 que eran receptoras netas

O dicho de otro modo, de la misma manera que la balanza fiscal de cada persona (la diferencia entre los impuestos que ha pagado y el valor de los servicios públicos que ha recibido de vuelta) nos mostraría aproximadamente el grado de parasitación estatal al que está siendo sometida esa persona, la balanza fiscal agregada de los ciudadanos que habitan dentro de una determinada división administrativa de un territorio nos aproxima el grado de parasitación estatal del conjunto de habitantes de ese territorio.

Así, en 2014 (últimos datos disponibles), había tres autonomías que eran contribuyentes netas y otras 14 que eran receptoras netas. Es decir, que el conjunto de ciudadanos de 14 autonomías españolas recibían más de lo que pagaban en impuestos porque los residentes en las otras tres autonomías eran exageradamente maltratados. En concreto, en 2014, la balanza fiscal de Baleares era de -1.500 millones de euros, la de Cataluña de -9.900 millones de euros y la de Madrid de -19.200 millones de euros: o, en términos per capita, cada balear y cada catalán transfirieron en promedio 1.300 euros al resto de españoles, mientras que cada madrileño redistribuyó casi 3.000. En paralelo, la balanza fiscal de Andalucía, Canarias, Galicia o Castilla y León era de 7.700, 4.300, 3700 y 3.300 millones de euros, respectivamente.

Si modificáramos el modelo de financiación para incrementar simétricamente el autogobierno, España avanzaría en una dirección más liberal

Atendiendo a los datos, cabe suponer que las reticencias del gobierno central a publicar los datos de las balanzas fiscales son una forma de evitar armar de argumentos al independentismo catalán en sus reclamaciones de un mejor modelo de financiación para Cataluña (o de la secesión misma de la región). Sin embargo, no parece inteligente intentar tapar el Sol con un dedo: es obvio que el conjunto de los ciudadanos de Cataluña pagan muchos más impuestos que el gasto público que reciben de vuelta.

Frente a este hecho poco disputable deberían caber solo dos actitudes: la primera, de vertiente jacobinamente socialdemócrata, intentar justificar ante el conjunto de España (incluyendo a Cataluña) que eso debe ser así en aras de una vaporosa solidaridad interterritorial; la segunda, de vertiente más liberal, descentralizar de verdad el Estado para reducir esos desajustes avanzando hacia el autogobierno y la competencia fiscal (no solo entre autonomías, sino entre ayuntamientos y provincias). Pero PP y PSOE no han escogido ninguna de ellas: hasta el momento, han preferido enmascarar la realidad para silenciar el debate. Si no se actualizan las balanzas fiscales, no se debate sobre qué hacer con ellas.

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Sin embargo, la dependencia sanchista del independentismo catalán dentro de la nueva aritmética parlamentaria post 23-J ya está provocando la reapertura de esta legítima controversia: de momento, con la publicación de los datos actualizados de las balanzas fiscales; y más adelante, con la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómico (que no es el único responsable de los divergentes saldos de las balanzas fiscales, pero sí uno de sus principales determinantes).

Y aquí reside la gran oportunidad, pero también el gran riesgo: si modificáramos el modelo de financiación para incrementar simétricamente el autogobierno y la competencia fiscal entre autonomías, España avanzaría (en el margen) en una dirección más liberal. Mucho me temo, empero, que nos moveremos hacia una descentralización fiscal asimétrica: a saber, Cataluña sí mejorará su modelo de financiación (acaso incluso a través del famoso Pacto Fiscal), pero el resto de autonomías cuyas balanzas fiscales son negativas… no lo harán. Y como Baleares en términos agregados es poco relevante (no así en términos per cápita), lo anterior equivale a que deberá ser Madrid quien cargue sobre sus ya sufridos hombros todo el muy oneroso coste de la vaporosa solidaridad interterritorial.

Deberá ser Madrid quien cargue sobre sus ya sufridos hombros todo el muy oneroso coste de la vaporosa solidaridad interterritorial

Tomemos las cifras de 2014 (repito, las últimas disponibles): si la balanza fiscal de Cataluña con el resto de España hubiese sido ese año de cero y, en cambio, todo su saldo negativo (9.900 millones de euros) se le hubiese trasladado a Madrid, el expolio tributario promedio sobre cada residente en esta región para financiar al resto de España no habría sido de 3.000 euros, sino de 4.500 euros, esto es, un 50% más. Y hacia ahí quiere llevarnos Sánchez.

Por ello, durante los próximos años, PP y Vox se enfrentarán a la disyuntiva sobre cómo contrarrestar la mutación institucional que Sánchez pretende perpetrar sobre el Estado español. En algunos casos (como cuando coloniza y sojuzga organismos dizque independientes) puede que no quede otra que la protesta y el pataleo. Pero en el caso de las transferencias de competencias a la Generalitat de Cataluña y el cambio de modelo de financiación, la estrategia debería ser la opuesta: cada competencia que la Generalitat reclame y obtenga, debería ser acto seguido reclamada por el resto de gobiernos autonómicos. Y si Cataluña reclama y obtiene el pacto fiscal, Madrid debería igualmente reclamarlo para sí.

En caso contrario, si PP y Vox se envuelven en la bandera centralizadora para criticar la descentralización en favor de la Generalitat, lo único que lograrán será la asimetría jurisdiccional y, en el caso del modelo de financiación autonómico, la sangría fiscal contra Madrid. Si el mayordomo Sánchez le sirve café a Lord Puigdemont, que el café deba ser para todos.