Al Gobierno se le atascan los fijos discontinuos

El contrato laboral fijo-discontinuo no es una novedad en nuestro ordenamiento laboral: lleva con nosotros desde que fuera regulado en 1976 a través de la Ley de Relaciones Laborales. A su vez, el modo de contabilizar en nuestras estadísticas de paro la situación laboral de los fijos discontinuos tampoco ha variado desde 1985. Si todo ello es así, parecería que el súbito interés que esta modalidad contractual ha despertado entre ciertos políticos, medios de comunicación y académicos solo puede estar motivada por un deliberado intento de emborronar los buenos datos de empleo desviando el foco de atención hacia un asunto intrascendente, pero que sirve de carnaza a la opinión pública antigubernamental.

Ahora bien, que este tipo de contrato y el modo de contabilizarlo no hayan cambiado recientemente no es incompatible con que ahora debamos prestarle mayor atención para adquirir una mejor imagen sobre la situación real de nuestro mercado laboral. Y no porque haya que exigirle a este gobierno un mayor grado de transparencia con los datos que el que hubiera que exigirle a gobiernos anteriores, sino porque la reforma laboral de este gobierno tuvo el efecto de potenciar enormemente el contrato fijo-discontinuo a costa de desincentivar el contrato temporal: de modo que si antes existían problemas estadísticos alrededor de este tipo de contratos, ahora por necesidad se habrán vuelto mucho más relevantes y resultará mucho más urgente subsanarlos. Medir mal la situación laboral de 1.000 trabajadores es un error asumible y menor; medir mal la situación de un millón de trabajadores es un error no asumible y muy importante, aun cuando la causa metodológica de ambos errores sea la misma.

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Pero, ¿qué problema estadístico puede haber con relación a los contratos fijos discontinuos? Pues que la relación laboral entre el empleador y el empleado se mantiene vigente incluso durante los largos períodos de tiempo en los que el empleado pueda no estar trabajando para la empresa y eso puede llevarnos a exagerar la cifra real de ocupados dentro de la economía. En el extremo, si todos los trabajadores parados de España durante un trimestre tuvieran una cobertura contractual de fijo-discontinuo, podríamos llegar a la sorprendente conclusión de que la tasa de paro es nula, aun cuando todos ellos no trabajaran una sola hora durante ese trimestre. De ahí que, en aras de la claridad estadística y de la comparabilidad histórica de los datos, resulte pertinente arrojar luz sobre esta cuestión y aclarar cuántos de todos esos fijos discontinuos están en situación de actividad (trabajando) y cuáles de inactividad (no trabajando).

Esta es una tarea que cabría esperar que acometiera el propio Estado, dada la ingente cantidad de recursos que maneja y dado que ya elabora bases de datos de estadísticas laborales en las que clasifica a los trabajadores según muy diversos criterios y casuísticas. Sin embargo, cuando se ha inquirido al Ministerio de Trabajo a que especifique cuántos fijos discontinuos se hallan en situación de inactividad dentro de España se ha limitado a remitirse a los datos de la EPA: a saber, en España hay 651.500 trabajadores fijos discontinuos de los cuales 55.300 (el 8,4% de total) se hallan inactivos.

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Sucede que, tal como explica el economista Florentino Felgueroso en un reciente informe para Fedea, la EPA no es una fuente estadística adecuada para averiguar la cantidad real de trabajadores fijos discontinuos en situación de inactividad en España. Y es que la EPA parece estar subestimando el número real de trabajadores fijos-discontinuos tanto porque no recoge la modalidad contractual del segundo empleo de un trabajador cuanto porque la persona que responde a la encuesta de la EPA (que no siempre es el propio trabajador) puede desconocer la naturaleza exacta de esa relación contractual con la empresa. Por eso resulta necesario reestimar a partir de otras fuentes, como la Muestra Continua de Vidas Laborales de 2022, las cifras totales de fijos-discontinuos, así como el subconjunto de fijos-discontinuos en período de inactividad.

Y las cifras que, al respecto, alcanza Fedea son muy superiores a las que se desprenden de la EPA: en diciembre de 2022, había 1,42 millones de trabajadores fijos discontinuos en España, de los que 731.000 estaban en situación de actividad y 753.000 en situación de inactividad (aproximadamente el 53% del total). Si excluyéramos de los datos anteriores a los fijos discontinuos en situación de inactividad que están simultáneamente trabajando en otro empleo, el stock total de fijos discontinuos se reduciría a 1,25 millones y el de fijos discontinuos en situación de inactividad (que no han trabajado en ningún sitio a pesar de contar con un contrato fijo discontinuo) se ubicaría en 518.000 (el 41% del total).

En ambos casos, cuantías muy alejadas de las presentadas por el Gobierno cuando nos repite que, según la EPA, hay 55.300 fijos discontinuos en situación de inactividad (omitiendo que ni siquiera la definición de inactividad de la EPA coincide con la de no haber estado trabajando estacionalmente para la empresa), pero no tan alejadas de las que el propio Gobierno ha remitido al Senado cuando informó que, en diciembre de 2022, había 443.078 personas inscritas como demandantes de empleo y que no habían sido computadas como parados por ser fijos discontinuos en período de inactividad.

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Por eso resulta tan sorprendente, y vergonzoso a la vez, que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, haya recibido este informe, que él mismo debería haberse preocupado por elaborar dentro del Ministerio para obtener una imagen completa sobre los efectos de la reforma laboral de 2021, con las siguientes palabras: "Fedea, de la mano del PP, vuelve a cuestionar los datos de fijos discontinuos inactivos publicados por la EPA. Parece que para algunos las buenas noticias en el empleo son malas noticias para sus intereses políticos".

Más bien parece que los incuestionables intereses políticos del secretario de Estado de Trabajo le llevan a querer instrumentalizar propagandísticamente cualquier dato de empleo y, por eso, ha de politizar lo que debería ser una cuestión meramente técnica: la medición, tan rigurosa como resulte posible, de la cantidad de fijos discontinuos en período de inactividad. Si esa medición rigurosa reduce, aunque sea un poco, el grado de aprovechamiento propagandístico que pueda efectuar de los datos de empleo, entonces habrá que descartar el rigor en aras de la propaganda. Pero de ese modo solo nos tapamos los ojos para ser atufados por el incienso. Y la ceguera y el embelesamiento autoinducido no son las mejores guías para adoptar políticas públicas.