Podemos y Bildu difunden un bulo sobre el control de alquileres

Esta semana pudimos asistir a un experimento natural sobre cómo una parte de nuestra clase política evalúa los resultados de las políticas públicas como paso previo para informar su discurso y reivindicaciones. El portal inmobiliario Fotocasa publicó un informe sobre la evolución de los precios del alquiler en mayo y el resultado fue sorprendente: entre mayo de 2023 y mayo de 2024, los alquileres se incrementaron en la Comunidad de Madrid en un 14,2%, mientras que en Cataluña apenas lo hicieron en un 0,8%. De hecho, esta última autonomía fue, según tales datos, aquella que experimentó un menor encarecimiento de los alquileres de toda España, algo que fue aprovechado por los defensores del control de alquileres para convalidar el éxito de la medida y exigir que se fuera mucho más audaz al respecto.

Por ejemplo, la secretaria general de Podemos (y exministra de Derechos Sociales) Ione Belarra escribió en sus redes sociales: "El PP está en rebeldía contra la Ley de Vivienda y no la quiere aplicar, pero los datos hablan por sí solos. Donde no se aplicó la ley, los precios suben hasta un 14%, como en Madrid. Donde se aplica la regulación suben el 0,8%. Hay que obligar al Partido Popular a cumplir". Y, a su vez, el portavoz parlamentario de Bildu, Oskar Matute, quien contribuyó a dar forma legislativa a la Ley de la Vivienda, también escribió: "Este gráfico demuestra que donde se aplica la Ley de Vivienda y se topan los alquileres (Catalunya) se frena la subida de los precios. La consecuencia de que el Gobierno Vasco se niegue a aplicar la ley es un aumento de 816 euros anuales de media. Déjense de excusas".

De entrada, debería llamar la atención que un mero estancamiento del precio de los arrendamientos no constituye en sí misma una demostración de que los topes al alquiler constituyan una buena política pública para facilitar la accesibilidad a la vivienda. Por dos razones: por un lado, porque si el precio del alquiler se estancara a costa de un desmoronamiento de los inmuebles disponibles para ser arrendados, la vivienda podría haberse vuelto menos disponible y no más; por otro, porque los datos no demuestran en sí mismos una relación de causalidad, a saber, que los alquileres se hubiesen estancado en Cataluña no tendría por qué deberse a la imposición de topes legales. Y cuando evaluamos la eficacia de los controles de alquileres en Cataluña, esta es más bien contraproducente.

Sin embargo, lo más grave del caso no fue esto, sino que nuestros representantes públicos no hicieran el más mínimo esfuerzo (ni ellos ni sus equipos) para contrastar la veracidad de los datos publicados originalmente por Fotocasa. A la postre, había dos detalles que chirriaban mucho. Por un lado, el informe nos decía que, en promedio, los alquileres habían subido un 4% en el conjunto de España, cuando en todas las autonomías, salvo La Rioja y Cataluña habían aumentado más (o mucho más) que un 4%. Pero es que, por otro lado, cuando analizábamos la evolución de los precios por provincias, nos topábamos con que la provincia de España donde más se habían encarecido los alquileres era… Gerona, con 20,3%; a su vez, en Barcelona lo habían hecho un 9,2%, en Lérida un 5,7% y en Tarragona un 3,1%. ¿Cómo es posible que, si en las cuatro provincias catalanas los alquileres subieron mucho más que un 0,8%, el promedio de subida arrojara un 0,8%? Obviamente se trataba de un error que, a poco que uno hubiese leído el conjunto del informe antes de pontificar desde la tribuna pública, habría saltado a la vista.

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Tan es así que, al día siguiente, Fotocasa publicó una versión enmendada de su informe, modificando las más que obvias erratas iniciales: los alquileres en el conjunto de España no subían meramente un 4%, sino un 7,1% y, sobre todo, los alquileres en Cataluña no aumentaban un 0,8%, sino un 8%. Nótese, pues, que ese 8% de subida en la única autonomía que ha impuesto topes a los alquileres se ubica por encima de la media del resto de autonomías que no han impuesto topes a los alquileres (también en términos intermensuales los alquileres aumentaron más en Cataluña que en el resto de España). Si quisiéramos sacar conclusiones tan apresuradas como las de los propagandistas partidarios al control de alquileres, deberíamos sentenciar que estos datos demuestran que controlar los alquileres es negativo porque contribuye a acelerar su subida al mayor ritmo de España. Pero dar ese salto (i)lógico sería hacer trampas: la evolución de los alquileres no depende solo de la presencia o ausencia de controles legales sobre los mismos, de ahí que no podamos afirmar, tan solo a partir de estos datos, que la regulación ha provocado la subida (al igual que tampoco podríamos haber afirmado que la regulación ha provocado la bajada).

¿Pero acaso creen que este episodio ha llegado a Belarra o Matute a rectificar el contenido de sus declaraciones? Recordemos que Belarra incluso instaba al Gobierno central a socavar las competencias autonómicas y obligar a los gobiernos del PP a imponer controles de precios a los alquileres a partir de los falsos datos de Fotocasa, de modo que, como poco, uno esperaría que borraran disimuladamente sus mensajes basados en cifras incorrectas. Pero no: tanto Belarra como Matute mantienen en estos momentos sus tuits, de modo que lo que en un comienzo fue solo un error chapucero, ha pasado a convertirse en complicidad con la mentira, la desinformación y la difusión de bulos (por parte de dos políticos que apoyan la persecución administrativa de los bulos en medios de comunicación y redes sociales… salvo que sean los suyos, claro).

En suma, Podemos y Bildu convirtieron un error original de Fotocasa en un bulo político para avalar su propaganda ideológica. En lugar de evaluar con rigor las consecuencias de las regulaciones que promueven (y recursos tienen los grupos políticos para ello), prefieren agarrarse a cualquier dato extravagante para defender la aplicable imposición del rodillo estatal en contra de nuestras libertades.