El PSOE, contra el Estado de las Autonomías

España se organiza políticamente en un Estado autonómico donde, en consecuencia, se reconoce autonomía a los gobiernos regionales sobre aquellas materias que se hallan bajo su competencia. No en vano, autonomía significa, según la RAE, "capacidad de actuar libremente, sin depender de nada o de nadie". Es decir, que dentro de sus ámbitos competenciales, los gobiernos autonómicos han de poder hacer lo que les plazca (o, si nos creemos a pies juntillas la idea de separación de poderes y de representatividad, aquello que los parlamentos regionales les permitan hacer como expresión de la voluntad de los votantes de esa región).

Algunos partidos políticos españoles, empero, dicen aborrecer el modelo autonómico (o federal) y abogan por una recentralización competencial para imponer homogeneidad y orden dentro del Reino. El caso más claro y conocido es el de Vox, a quienes sus adversarios llegan a calificar de enemigos de la Constitución por propugnar un modelo de Estado contrario al que recoge la Carta Magna (pese a que lo propugnen reformando la Constitución a través de los mecanismos que esta habilita a tal efecto).

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

El decálogo del Banco de España para abaratar la vivienda

Juan Ramón Rallo

En cambio, otros partidos abogan por superar el Estado autonómico y pasar a un modelo confederal (o incluso por disolver el mismo Estado español): sería el caso de los partidos nacionalistas o independentistas a quienes las competencias autonómicas se les quedan cortas para desplegar la totalidad de su proyecto político. En medio de tales extremos (y no uso en este caso "extremo" en un sentido peyorativo por equipararlo a una especie de vicio aristotélico) se hallan formaciones políticas como el PSOE o el PP, que o bien defienden el statu quo (caso del PP) o retóricamente se abren a profundizar la descentralización competencial incluso con carácter asimétrico hacia ciertas regiones (como el PSOE con Cataluña).

Así está repartido el espectro ideológico respecto a la organización territorial… o al menos así se nos dice que está repartido. Y es que, a la hora de la verdad, muchos de estos partidos caen en las más obscenas contradicciones principales cuando les conviene defender sus intereses que siempre pasan por acaparar más poder a costa de los ciudadanos. Tomemos el ejemplo más reciente: María Jesús Montero amenaza a millones de españoles con restablecer centralizadoramente el Impuesto sobre Sucesiones a escala nacional, de un modo similar a cómo ha restablecido centralizadoramente el Impuesto de Patrimonio renombrado como Impuesto a las Grandes Fortunas. En este caso, se fijaría un mínimo nacional que debería estar presente en todos los territorios de régimen común (no afectaría al País Vasco y Navarra ni a Cataluña ni finalmente terminara logrando una "financiación singular"), de modo que los gobiernos autonómicos no podrían decretar la inexistencia de este tributo dentro de sus territorios.

TE PUEDE INTERESAR

Con o sin reforma de la financiación, 2024 está siendo el año del gran gasto autonómico

Javier Jorrín

La prometida extorsión fiscal socialista puede analizarse desde diversas perspectivas. Una de ellas es la económica: ¿Cuáles son los efectos del Impuesto sobre Sucesiones? ¿Genera mayores o menores distorsiones que otros tributos y, por tanto, tiene sentido reemplazar otros impuestos por el de Sucesiones? Sobre estas cuestiones ya reflexioné en un artículo anterior y no es necesario repetirse. Otra perspectiva, acaso más pertinente en el tono general de este artículo, es el de la integridad institucional.

Y es que si disponemos de un modelo jurisdiccionalmente descentralizado es para que las políticas que se apliquen dentro de cada una de esas jurisdicciones plurales se ajusten del modo más cercano posible a las preferencias de los residentes de esas jurisdicciones y no a las preferencias de los políticos que, en ese momento, controlan el gobierno central. Las preferencias de esos residentes, expresadas muy imperfectamente a través del voto, no tienen por qué ser racionales desde el punto de vista de un observador externo: la mayoría de votantes podría equivocarse sostenidamente en lo que decide y, aun así, su autonomía política exige que respetemos esas decisiones dentro de su legítimo ámbito competencial (pues la autonomía ajena también debería servirnos al resto para eso: para comprobar desde fuera los errores que está cometiendo y no emularlos en carne propia). Lo que no tiene ningún sentido es diseñar un Estado de las Autonomías a la carta de la conveniencia del gobierno central: consentir aquellas políticas públicas autonómicas que el gobierno central habría aplicado y atacar aquellas otras que van contra la agenda política del gobierno central. Si ése es el objetivo real del PSOE, que se sume al discurso de Vox y propugne la recentralización del Estado español.

A la postre, ahora mismo la mayoría de las autonomías españolas han decidido eliminar, o mantener reducido a una mínima expresión, el Impuesto sobre Sucesiones. Este es el caso de Madrid, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares o Extremadura y, hasta cierto punto, de otras como Andalucía, Aragón o Galicia. En conjunto, pues, estamos hablando de jurisdicciones sobre las que residen 33 millones de personas, alrededor del 70% de la población de toda España (o del 90% de las autonomías de régimen común si excluimos de él a la candidata a una financiación singular, Cataluña). Pues bien, el mismo PSOE que está apostando por aumentar el autogobierno de Cataluña en aras de una mayor y mejor convivencia política dentro de España, defiende en paralelo recortar el autogobierno del resto de autonomías españolas simplemente porque no le gusta el modo en que esas regiones se autogobiernan. No es algo personal (que también), solo son negocios (políticos).

TE PUEDE INTERESAR

Moreno devuelve a Montero el bumerán de la financiación contra el "maltrato" de Sánchez a Andalucía

Carlos Rocha. Sevilla

De hecho, en este esquizofrénico viaje hacia la incoherencia ideológica, el PSOE no está solo. Firmemente agarrado de su mano recentralizadora en materia fiscal encontramos a Esquerra, quien desde hace años ha defendido más autonomía fiscal para Cataluña, al tiempo que se impone férreamente una armonización tributaria en el resto del país. No es del todo sorprendente: si la izquierda catalana quiere establecer en su corte un infierno fiscal incluso más abrasador que el actual, no necesitará solo de más autonomía fiscal, sino también de menor competencia fiscal por parte del resto de España: y por eso le reclama al PSOE que imponga orden dentro los restantes Reinos de Taifas autonómicos, esto es, que les impide tomar autónomamente decisiones sobre su sistema tributario.

En suma, que no es admisible que la autonomía solo sirva para lo que el PSOE quiere que sirva: eso no es autonomía, sino heteronomía socialista.