Puigdemont bloquea (de momento) el sablazo fiscal de Sánchez

La legislatura arrancó con un mito fundacional que, a día de hoy, ya debería haber sido enterrado junto a la propia legislatura: a saber, que existe una mayoría progresista en el Congreso que da apoyo al Gobierno de coalición PSOE-Sumar. Tal mayoría "progresista" jamás existió, porque ni PNV ni Junts son partidos de izquierdas y la gobernabilidad descansa críticamente sobre ambos. Cualquiera de los dos puede vetar (uniéndose a PP y Vox, claro) todo proyecto de ley que llegue a las Cortes. De ahí que muchas políticas dizque progresistas se le estén atascando tanto al Gobierno desde hace año y medio: y ello a pesar de que algunas no resultan aplicables al País Vasco (de modo que el PNV no pierde nada apoyándolas) y de que todas suelen conllevar algún tipo de contraprestación para comprar el tan necesario apoyo parlamentario.

A este respecto, el último vodevil parlamentario ha tenido lugar con las subidas de impuestos que el Gobierno quiere promover de cara a 2025. El PSOE se halla presionado desde dos frentes: por un lado, el de la izquierda anticapitalista de Sumar (su socio de gobierno) y, por otro, el de la burguesía vasca y catalana del PNV y Junts (sus imprescindibles socios parlamentarios). Mientras que los primeros están obsesionados con aumentar todos los impuestos que perjudiquen al ahorro, a la inversión empresarial o al sector privado sustitutivo del estatal, los segundos son bastante más prudentes a la hora de castigar con cargas fiscales aún mayores a la economía (no es que se opongan a subir cualquier impuesto: no son liberales, sino que meramente no son del todo insensatos). Y esta tensión entre ambos frentes termina provocando la presencia de vetos cruzados a la hora de aprobar el paquete fiscal de los presupuestos. ¿Cuáles son ahora mismo los principales puntos de fricción en materia tributaria?

En primer lugar, el impuesto extraordinario a las empresas energéticas: nacido al calor de los altos precios de la energía durante los primeros meses de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se trataba de un gravamen supuestamente temporal que tenía como propósito apropiarse de parte de las ganancias anómalas que las empresas energéticas iban a recibir mientras los precios de la energía se mantuvieran altos. Esta última circunstancia ya se ha esfumado y, sin embargo, el impuesto todavía no lo ha hecho: Sumar —y otros partidos de la izquierda parlamentaria— aspiran a convertirlo en permanente (porque nada hay más permanente que una medida política temporal), mientras que el PNV y, sobre todo, Junts se oponen por el daño que este tributo podría llegar a causar a las inversiones energéticas programadas en estas regiones.

En segundo lugar, la eliminación del régimen especial de las socimis, las cuales tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades, siempre y cuando distribuyan en dividendos el 80% de sus beneficios. La lógica de esta medida es que los dividendos, al ser distribuidos, ya pagan entre un 19% y un 28% dentro de la base sobre el ahorro del IRPF, de modo que, si previamente fueran gravados al 25% por Sociedades, la distribución efectiva de ganancias a los inversores finales sería exigua. En Sumar no les preocupa que se desangre al inversor en socimis porque, de hecho, aspiran a expulsar a las socimis del país (ya que las culpan erróneamente de haber encarecido los precios de la vivienda en España, cuando la realidad es más bien la opuesta); pero lo mismo no puede decirse de Junts, quien sí teme, con razón, que la expulsión de las socimis de España (y de Cataluña) termine suspendiendo nuevas inversiones inmobiliarias y, por tanto, agravando aún más la escasez de vivienda.

Junts teme que la expulsión de las socimis de España (y de Cataluña) termine suspendiendo nuevas inversiones inmobiliarias

Y tercero, la exención del IVA de los seguros sanitarios, adquiridos mayoritariamente por familias de renta media, media-alta y alta para escapar del deficiente sistema sanitario público. Nuevamente, desde Sumar muestran un profundo desdén hacia todas aquellas actividades económicas que sean sustitutivas de las que proporciona directamente el Estado: si la educación o la sanidad son actividades tan importantes que, desde su perspectiva, han de ser provistas por el sector público, entonces resultará inadmisible que haya empresas que se lucren con ello; de ahí que se busquen penalizar deliberadamente a sus proveedores y clientes con mayores impuestos.

Ahora bien, con una sanidad pública ya saturada, y más que lo estará en el futuro tras la supresión de MUFACE, no parece que buscar un trasvase masivo desde la sanidad privada a la sanidad pública sea la estrategia más inteligente. A la postre, millones de españoles hoy pagan, vía impuestos, la sanidad pública, pero no la usan (o apenas la usan), mientras que, si la elevación del IVA expulsa a muchos de esos españoles de la sanidad privada, no pagarán más por la pública, pero, en cambio, sí la usarán en mucha mayor medida (dejando menos y de peor calidad para el resto). A Junts, por el contrario, esta subida impositiva no les gusta no solo por todo lo anterior, sino porque Cataluña es una de las regiones con mayor densidad de seguros privados y muchos de esos usuarios de la sanidad privada son votantes del partido de Puigdemont: de ahí que la más elemental defensa de los intereses de sus electores debería conducir a votar en contra de semejante sablazo.

En suma, PSOE y Sumar siguen a lo suyo: tratar de saquear fiscalmente a los españoles para agrandar el tamaño del Estado. Por suerte, en esta legislatura no cuentan con una mayoría parlamentaria suficientemente holgada como para que sus locuras fiscales salgan aprobadas de manera casi expeditiva. Las no izquierdas disponen de mayoría en el Legislativo y ello obliga a que las izquierdas deban negociar cada pequeño paso que deseen dar para cercenar nuestras libertades. Ojalá sigan encontrándose un camino muy empedrado, no susceptible de ser allanado con la chequera presupuestaria: aunque algunos antecedentes negociadores no invitan precisamente al optimismo.