Las pensiones fagocitan el presupuesto

Tras la contrarreforma de las pensiones perpetrada por José Luis Escrivá en 2022, estos ingresos vuelven a estar rígidamente indexados a la evolución del IPC. Sea cual sea la situación financiera de la Seguridad Social, los pensionistas, todos ellos, ven automáticamente protegido su poder adquisitivo. En 2025, la revalorización será del 2,8%, lo que, sumado a la actualización de las mínimas y de las no contributivas, disparará el coste por encima de los 7.100 millones de euros anuales. Conviene remarcar el término anuales porque no se trata de un pago de una sola vez, sino que, al tratarse de un incremento estructural de estos pagos, supone un desembolso extra consolidado.

El problema ya no es solo que 7.100 millones de euros adicionales cada año constituyan una suma muy considerable de dinero: el problema es que, desde que esta medida se puso en marcha en 2022, el coste anual acumulado de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas totaliza más de 33.000 millones de euros al año (3.900 millones en 2022, 14.500 millones en 2023, 8.280 millones en 2024 y 7.100 millones en 2025). ¿Y cuánto son 33.000 millones de euros anuales de sobregasto en materia de pensiones? Pues son, por ejemplo, un 20% más de todo lo que gastamos anualmente en policía y tribunales; más de la mitad de todo el gasto público en educación; o 13 veces más de todo el gasto público dirigido a la promoción de nueva vivienda.

De hecho, detengámonos en esta última métrica: a un coste promedio de 150.000-200.000 euros por vivienda, con esos 33.000 millones de euros, el Estado podría construir cada año entre 160.000 y 220.000 nuevas viviendas públicas. O expresado de otra forma: el coste de oportunidad presupuestario de haber revalorizado las pensiones públicas conforme al IPC desde 2022 ha sido haber dejado de construir, cada año, unas 200.000 viviendas públicas. Si de verdad nos creyéramos que uno de los principales problemas sociales de España es el acceso a la vivienda de los más jóvenes, entonces las prioridades presupuestarias serían muy distintas a las que son actualmente; pero, más allá de la vacía retórica política de cara a la galería, queda claro que a nuestros gobernantes les interesa muchísimo más mantener contentos a los más de 10 millones de pensionistas (más de 10 millones de votantes) que ayudar a solucionar los problemas habitacionales de las generaciones más jóvenes.

Acaso algunos opinen que la disyuntiva anterior entre pensiones para los mayores o viviendas para los jóvenes es una falsa disyuntiva, que es perfectamente factible tener ambas a la vez. Y, hasta cierto punto, es así: la partida presupuestaria a recortar para poder sufragar el sobrecoste de las pensiones públicas no tendría por qué ser la de la vivienda pública. Siendo verdad lo anterior, empero, el rechazo frontal a siquiera plantear este tipo de disyuntivas suele ocultar una equivocación, o una obcecación, mucho más profunda: la creencia de que no existe restricción presupuestaria. Pero gastar más en A necesariamente implica gastar menos en algo distinto de A: no es posible gastar más en todo a la vez. Por consiguiente, si se quiere gastar más en pensiones y en vivienda pública, entonces habrá que gastar menos en sanidad, o en educación, o en I+D, o en infraestructuras, o en dependencia, etc.

A nuestros gobernantes les interesa más contentar a los pensionistas que solucionar los problemas habitacionales de los jóvenes

Incluso quienes traten de negar la restricción presupuestaria apelando a posibilidad (aparentemente ilimitada) de subir los impuestos, deberían reconocer que la recaudación fiscal adicional o se gasta en unas partidas o se gasta en otras, pero no puede gastarse en todas a la vez. Por tanto, la restricción presupuestaria existe aun cuando no se la quiera mirar a la cara. Porque eso es lo que lleva mucho tiempo sucediendo con las pensiones públicas en España: que nadie quiere reconocer todo lo que nos está costando —todo lo que estamos dejando de hacer— por destinar cada vez más recursos públicos a las pensiones. Y esta es una tendencia que no hará más que acrecentarse con el paso de los años, a saber, con el progresivo envejecimiento poblacional y con pensiones medias cada vez más elevadas.

El propio Aging Report de la Comisión Europea, partiendo de las estimaciones macroeconómicas del propio Gobierno de España, cifra que el gasto en pensiones irá aumentando progresivamente durante los próximos años hasta superar el 17% del PIB. Se trata de cuatro puntos más de PIB por año que o bien fagocitarán porciones crecientes del presupuesto, o bien mermarán todavía más los ingresos privados de las familias trabajadoras y ahorradoras.

La recaudación fiscal adicional o se gasta en unas partidas o se gasta en otras, pero no puede gastarse en todas a la vez

No hay mucho más. Para contener el explosivo crecimiento que está experimentando el gasto en pensiones en España habría que reformar los mecanismos de acceso a la pensión y de su determinación cuantitativa: o retrasar la edad de jubilación, o alargar nuevamente el período de cálculo de la base reguladora, o indexar las pensiones a otra variable distinta del IPC y que tenga en cuenta el grado de desequilibrio financiero del sistema, o introducir un factor de sostenibilidad que module la pensión percibida con la evolución de la esperanza de vida. Pero justamente la eliminación de la reforma de las pensiones de 2013, que contenía varios de estos elementos, demuestra la inequívoca falta de voluntad del Gobierno socialista —y también del PP, que no ha planteado su reimplementación e incluso suspendió la aplicación de su reforma durante gran parte de la segunda legislatura de Rajoy— por solucionar este problema.

Serán las futuras generaciones de españoles (y de políticos) las que tendrán que cargar con la bomba de relojería que les están legando las actuales generaciones irresponsables de gobernantes y votantes. Una irresponsabilidad que, por desgracia, quedará impune para sus ejecutores: a los pensionistas actuales les habrá servido para evitar cualquier tipo de recorte en sus prestaciones y a los gobernantes actuales les habrá servido para acceder al poder. Ellos ganan y nosotros perdemos.