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Laissez faire
Por
El problema de la vivienda es el problema de las pensiones
Si no se solventa el desequilibrio de las pensiones sin afectar a los jóvenes, no se solucionará el problema de la vivienda
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Dos de los principales retos económicos y sociales que padece España son la vivienda y las pensiones. Y tanto para el nuevo como para el otro, nuestra clase política solo es capaz de impulsar parches que ofrecen soluciones ilusorias a corto plazo a costa de agravar los desequilibrios en el largo plazo. Ahora bien, el problema de estas falsas soluciones políticas no reside solo en que sean cortoplacistas, sino en que no parecen comprender que estos dos problemas —el de la vivienda y el de las pensiones— están fuertemente entrelazados y que, en consecuencia, requieren de una respuesta conjunta. Pero, ¿de qué manera el problema de la vivienda y de las pensiones son interdependientes? Pues, al menos, desde cinco perspectivas.
- Presupuestaria: La primera conexión entre vivienda y pensiones quizá sea la más obvia y se refiera a la restricción presupuestaria a la que se enfrenta todo gobierno. No es posible gastar más en todo y, por tanto, si se gasta más en pensiones, deberemos gastar menos en otras partidas. Y, en los últimos años, la principal partida recortada para acomodar el expansivo gasto en pensiones ha sido la promoción de nueva vivienda pública. Por supuesto, cabría la posibilidad de aumentar simultáneamente el gasto en pensiones y en vivienda a costa de meter la tijera en otras partes del presupuesto (o en el gasto privado de los ciudadanos vía mayores impuestos), pero dada la dinámica de elaboración de las cuentas públicas (heredar los del año anterior y modificar a alza las partidas que ese año se quieren promover) es dudoso que llegue a hacerse: cada vez las pensiones van a ir absorbiendo más recursos públicos y ello dejará muy escaso margen para aumentar de manera significativa el parque público de vivienda.
Cada vez las pensiones van a ir absorbiendo más recursos públicos y ello dejará muy escaso margen para el parque público de vivienda
- Patrimonial: Contar con una vivienda en propiedad proporciona una fuente de ingresos, ya sea monetaria (si la vivienda se alquila) o en especie (si vivimos en ella y nos ahorramos el alquiler). También es posible combinar parcialmente ambas a través de fórmulas como la hipoteca inversa. En consecuencia, ser propietario de (al menos) una vivienda en el momento de la jubilación constituye un importante complemento privado a la pensión, tanto mayor cuanto más elevado sea el valor de la vivienda y de la renta de alquiler. Esto significa que, en la práctica, los políticos pueden aumentar las pensiones efectivas de los jubilados a través de una política pública que, al menos directamente, no tiene un impacto presupuestario (y, por tanto, no se topa con la anteriormente mentada restricción presupuestaria): a saber, encarecer la vivienda y los alquileres a través de la restricción de la oferta de nuevos inmuebles. O en sentido contrario, una política de vivienda dirigida a abaratar los precios de la vivienda supondría una rebaja de facto de las pensiones de los pensionistas que los políticos, si no quieren perder su apoyo electoral, debería compensar con aumentos en las transferencias monetarias a las pensiones, pero eso sí tendría un impacto presupuestario que no son capaces de financiar.
- Carga tributaria: Que el gasto en pensiones vaya aumentando año tras año y que el resto de partidas presupuestarias no vayan a reducirse de manera sustancial supone que la carga tributaria que recae sobre el sector privado —y, por ende, sobre los trabajadores en activo— va a ir incrementándose. Ya lo ha empezado a hacer desde 2023 (con la introducción del mal llamado Factor de Equidad Intergeneracional o, desde 2025, con la peor llamada cuota de solidaridad), pero tales tendencias van a agravarse durante las próximas dos décadas. Y una fiscalidad creciente sobre los salarios implica una menor renta disponible y, por ende, una menor capacidad de ahorro de los ciudadanos. Pero precisamente la falta de ahorro es una de las principales barreras a las que se enfrentan muchas familias para acceder a la propiedad de una vivienda: sin ahorro para hacer frente a la entrada de una hipoteca no hay financiación y sin financiación no hay compra (por tanto, hay una persistencia de la dependencia del alquiler y de la incapacidad de ahorrar pagando ese alquiler).
Sin ahorro para hacer frente a la entrada de una hipoteca no hay financiación y sin financiación no hay compra (e incapacidad de ahorrar)
- Natalidad: Aunque la fuerte caída de las tasas de natalidad en prácticamente todo el mundo es multicausal, una de esas causas que la obstaculiza es el acceso a una vivienda. Retrasar la emancipación (de los padres o del piso compartido) retrasa la conformación de una familia y retrasar el momento de conformar un hogar lleva a que el proyecto de traer niños al mundo comience en las etapas de fertilidad marcadamente decrecientes de la mujer. La evidencia más reciente nos indica que ser propietario de una casa incrementa la probabilidad de tener hijos en un 3,8% y el número de hijos en un 3,2%: los efectos son especialmente potentes en la franja de edad entre 20-25 años, con incrementos en la probabilidad de tener hijos y del número de vástagos entre el 32% y 33%. Y menor cantidad de hijos es menor sostenibilidad del sistema de pensiones, lo que agrava todos los desequilibrios anteriores en contra de las generaciones presentes.
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- Inmigración: La falta de nacimientos dentro de España ha llevado —erróneamente— a la mayor parte de la clase política a defender que la cuadratura financiera del círculo pensional vendrá de la entrada de nuevos inmigrantes. Dejando de lado la peliaguda cuestión de cuál es el saldo neto vital de ese inmigrante para las arcas del Estado, lo cierto es que hacer depender la sostenibilidad de las pensiones de la inmigración agrava de un modo muy considerable la carestía relativa de vivienda dentro de nuestro país. Si, como pretende el Ejecutivo, cada año, a lo largo de las próximas tres décadas, van a entrar entre 200.000 y 300.000 nuevos inmigrantes, lo que parece bastante obvio es que esas personas van a necesitar un techo en el que vivir y, por tanto, que la demanda de vivienda va a aumentar en términos netos (aun considerando la reducción de la demanda derivada de los fallecimientos). Si, ante ese sostenido incremento de la demanda, la oferta de inmuebles no aumenta de manera como poco simétrica, entonces los precios sí o sí seguirán aumentando y las viviendas volviéndose menos accesibles para la juventud.
En definitiva, el problema de las pensiones es el problema de la vivienda y, hasta cierto punto, el problema de la vivienda es el problema de las pensiones. De ahí que, mientras no se solvente el desequilibrio de las pensiones sin destrozar financieramente a los jóvenes, no se solucionará el problema de la vivienda.
Dos de los principales retos económicos y sociales que padece España son la vivienda y las pensiones. Y tanto para el nuevo como para el otro, nuestra clase política solo es capaz de impulsar parches que ofrecen soluciones ilusorias a corto plazo a costa de agravar los desequilibrios en el largo plazo. Ahora bien, el problema de estas falsas soluciones políticas no reside solo en que sean cortoplacistas, sino en que no parecen comprender que estos dos problemas —el de la vivienda y el de las pensiones— están fuertemente entrelazados y que, en consecuencia, requieren de una respuesta conjunta. Pero, ¿de qué manera el problema de la vivienda y de las pensiones son interdependientes? Pues, al menos, desde cinco perspectivas.