La burocracia puede matar el mayor proyecto minero de España

Uno de los componentes del PIB que peor se ha comportado durante los últimos años ha sido el de la inversión agregada: nuestro crecimiento reciente se ha fundamentado en el consumo público y en las exportaciones de servicios, pero mucho menos en la inversión privada, que precisamente es la partida que podría contribuir a incrementar nuestra productividad futura. Las causas del relativo estancamiento de nuestra inversión privada pueden ser variadas, pero, desde luego, una crucial es el exceso de burocracia y de reglamentación que termina enterrando muchas iniciativas empresariales. Tomemos un caso muy de actualidad: el proyecto minero "más importante de España" en palabras de la presidenta socialista de Navarra, María Chivite.

La compañía australiana Highfield Resources —a través de su filial Geoalcali— lleva más de 12 años tratando de arrancar la explotación de los recursos de potasa en Mina Muga. Se trata de un yacimiento ubicado al sur de Navarra y colindando con Aragón cuyo aprovechamiento productivo solo parecería conllevar ventajas económicas y sociales para nuestro país:

• La compañía invertiría más de 500 millones de euros (sin subsidios públicos), creando 800 empleos directos (y hasta 7.000 indirectos) en pleno territorio de la "España vaciada". Además, se trataría de empleos con una estabilidad en el largo plazo, pues la vida útil de la mina se estima en 80-90 años.
• España —y por extensión Europa— lograría acceso a un mineral con una enorme importancia geoestratégica: la potasa es necesaria para la producción de fertilizantes (y, por tanto, para la agricultura), pero más de un tercio de toda la producción global tiene lugar en Rusia y Bielorrusia (el otro tercio, se concentra en Canadá). Europa carece de yacimientos relevantes de este mineral.
• El único residuo que genera la explotación de este mineral es algo tan contaminante y peligroso como… la sal. Pero es que, además, Geoalcali se ha comprometido a volver a enterrar en la mina todos esos residuos en forma de sal. Por consiguiente, el daño medioambiental efectivo sería nulo.

Expuesto de este modo, no parece haber grandes argumentos para justificar que el Estado español bloquee el inicio de actividades de un proyecto tan positivo como este. Por desgracia, en muchas ocasiones los obstáculos ni siquiera tienen por qué proceder de un taimado plan político por paralizar inversiones privadas concretas como esta, sino que podemos hallarlos en la inercia hiperreguladora e hiperburocratizadora a la que está sometida la inversión privada en general. No en vano, durante la última década, Geoalcali ha tenido que recabar más de 80 informes técnicos positivos y ha tenido que responder a más de 1.200 alegaciones para lograr las autorizaciones administrativas necesarias para arrancar con su proyecto minero. ¿Pueden siquiera imaginar cuántos otros proyectos de inversión, mineros o no mineros, terminan muriendo —o ni siquiera naciendo— por esta diarrea de trabas regulatorias a las que deben enfrentarse los empresarios patrios?

¿Pueden imaginar cuántos proyectos de inversión terminan muriendo por esta diarrea de trabas regulatorias?

Sea como fuere, toda esta hipertrofia regulatoria y burocrática no consiguió matar el proyecto de Mina Muga, puesto que terminó logrando en 2021 las tres autorizaciones públicas preceptivas: la de la administración autonómica navarra, la de la administración autonómica aragonesa y la de la administración central del Estado. De hecho, como señalábamos al principio, el propio partido de gobierno en España y en Navarra (el PSOE) da muestras públicas de estar muy satisfecho con esta iniciativa. Por consiguiente, habiendo conseguido ya todos los permisos preceptivos y contando con la no oposición de la clase política existente, cabría esperar que el proyecto comenzara a andar en el muy corto plazo.

Pero no. El pasado mes de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, respondiendo a un recurso de Ecologistas en Acción, decidió anular la concesión de explotación concedida por esta autonomía apelando a un defecto extremadamente formal: según la jueza, la concesión otorgada por Navarra debía haber sido otorgada por la Administración Central, haciéndose así cargo de las tres concesiones (a pesar de que la propia jueza reconoce que "las tres Administraciones se han coordinado hasta el punto de dictar la resolución de concesión de explotación con la misma fecha").

Y así, ahora mismo, tras doce años superando todos los obstáculos regulatorios y burocráticos impuestos por el Estado, el "proyecto minero más importante de España" se halla suspendido por una resolución judicial que reprocha a las administraciones públicas no haber dictado adecuadamente las concesiones administrativas. Algo que, acaso se piense, no es tan grave por cuanto solo vaya a retrasar por un tiempo la puesta en marcha de esta aventura empresarial hasta que se resuelvan los recursos de casación presentados.

Lo más probable, es que el "proyecto minero más importante de España" termine muriendo por culpa de un lío competencial

Pero no. No hay tiempo para ello. Estos recursos pueden tardar varios años en resolverse y los acuerdos de financiación suscritos por la compañía (un préstamo sindicado de 320 millones de euros y 200 millones de euros en patrimonio neto sufragado por ahorradores mayoritariamente asiáticos) no son "ad aeternum" sino que, como es lógico, tienen fecha de vencimiento: en concreto, establecen como fecha límite para arrancar —e iniciar a desembolsar los fondos— el próximo 31 de marzo. Si se supera esa fecha, los acuerdos de financiación expiran y, lo más probable, es que el "proyecto minero más importante de España" termine muriendo por culpa de un lío competencial entre administraciones públicas sancionado por el excesivo celo formalista de algunos de nuestros magistrados.

La única opción para evitar in extremis este trágico descarrilamiento sería que el Ministerio para Transición Ecológica —el nivel administrativo sobre el que hace recaer la responsabilidad última el Tribunal Superior de Navarra— proporcione una solución administrativa rápida a este follón burocrático. Por desgracia, el riesgo de que nuestros políticos se queden de brazos cruzados viendo hundirse el Titanic es elevado: su vanidad, su incompetencia o su miedo los llevan a preferir echar balones fuera antes que a buscar soluciones que permitan salvar una cienmillonaria inversión minera en España. No deja de ser ridículo que los otros dos gobiernos indirectamente implicados en esta operación —el de Australia, por ser el país donde se halla la matriz de Geoalcali, y el de Canadá, por cuanto este proyecto también implica la adquisición de otros activos de potasa en el país norteamericano— ya hayan dado su visto bueno y, en cambio, el Gobierno de España, país que sería el receptor de toda esta inversión, todavía hoy esté a por uvas. Ojalá rectifiquen a tiempo.

Mas, sea como fuere, este episodio debería llevarnos a replantear muy seriamente la configuración hiperregulatoria e hiperburocratizada de nuestra sociedad. No es de recibo que este y a buen seguro otros muchísimos proyectos de menor envergadura, que no llegan a copar los titulares de prensa, sean laminados por cargas administrativas enloquecidas y desmedidas. Solo con un Estado menos voraz y absurdamente controlador conseguiremos multiplicar la inversión privada y, con ella, nuestra prosperidad futura.