La izquierda descubre con el gasto militar la restricción presupuestaria

A raíz de las presiones de Bruselas para que incrementemos significativamente nuestro gasto militar, buena parte de la izquierda patria parece haber descubierto —por fin— el concepto de restricción presupuestaria, a saber, que el gasto público no puede elevarse hasta el infinito y que, por tanto, todo aumento de los desembolsos estatales en ciertas partidas constituye una reducción de desembolsos potenciales en otras partidas. Desde las filas de Podemos lo han expresado con notable simplicidad en una infografía que, según se nos dice, "es muy sencillo de entender": "Lo que se gasta en esto (tanques), no se gasta en esto (hospitales)". Vamos, que toda decisión de gasto público conlleva costes de oportunidad.

Está bien, como digo, que la izquierda española haya descubierto ahora el concepto de restricción presupuestaria porque durante muchos años lo estuvo negando de manera cuasi visceral con cualquier propuesta de gasto social que colocara en sus programas electorales. Porque de la misma manera que ahora nos dicen, con razón, que el mayor gasto en defensa implica un menor gasto potencial en otras partidas, resulta exactamente igual de cierto que el mayor gasto en, por ejemplo, pensiones constituye un menor gasto en otros rubros como, por ejemplo, vivienda o sanidad. Tal vez algunos dentro de la izquierda quieran seguir creyendo que la disyuntiva entre gasto en pensiones y gasto en vivienda es un ejemplo de falacia del falso dilema, pero, incluso dejando de lado que durante los últimos años el presupuesto español sí se ha visto expuesto a ese juego de suma cero entre ambas magnitudes, resulta difícil que quieran hacernos creer que lo que gastamos en tanques merma lo que podemos gastar en hospitales pero, en cambio, lo que gastamos en pensiones no lo hace.

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Por ello, si la izquierda compra la lógica de la restricción presupuestaria (y hace bien en hacerlo), entonces tendrá que reconocer que la misma disyuntiva que ocurre entre tanques y hospitales se da, en realidad, entre cualesquiera otras dos partidas del presupuesto… por mucho que ella misma lo negara cuando le interesaba prometer irreales y clientelizadores aumentos del gasto público. Es una pena que, cuando desde Podemos (o partidos en su órbita ideológica), se nos planteara crear una renta básica universal, o rebajar la edad de jubilación a los 60 o multiplicar el empleo público jamás se nos dijera que cualquiera de esas promesas tendría como contrapartida la restricción del gasto público en otras áreas que acaso fueran más urgentes. En aquel entonces siempre se apeló a que "lo pagarán los ricos": como si los ingresos o las fortunas de los ciudadanos españoles más acaudalados constituyeran un pozo sin fondo de recursos que, por ende, pudiese financiar todas las promesas electorales que se llegaran a plantear.

O por descender a un terreno más tangible: cuando el gobierno revalorizó las pensiones un 8,5% para compensar la inflación de 2022, añadió alrededor de 15.000 millones de euros al gasto anual en este rubro. Curiosamente, se trata de una cifra que es casi un calco de lo que costaría elevar el gasto militar al 2% del PIB que ahora pide la OTAN. ¿Alguien en Podemos nos explicó entonces que más pensiones podían significar menos quirófanos o menos aulas? ¿Se abrió desde la izquierda siquiera el debate de si el uso más eficiente que podía hacerse de esos recursos "escasos" (y con usos rivales) era el de revalorizar todas las pensiones según la evolución del IPC? No, en esos momentos prevaleció un silencio sepulcral, no fuese a ser que los diez millones de pensionistas se enfadaran y denegaran el voto a aquellas formaciones políticas que protestaran.

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Por supuesto, no pensemos que este comportamiento de negación electoral de la restricción presupuestaria solo ocurre en la izquierda. La derecha también tiende a caer regularmente en los mismos vicios, pero con respecto a sus programas ideológicos. Por ejemplo, si bien la derecha promueve aumentar el gasto militar (aunque se peleen en si debe ser dentro del marco comunitario o nacional), nunca terminan de explicarnos cómo se sufragará ese mayor gasto en Defensa. ¿Mediante subidas de impuestos a pesar de que ellos propugnan bajadas? ¿Mediante recortes en Sanidad? ¿En Educación? ¿En Subsidios agrarios? Misterio. Nadie quiere retratarse colocando el espejo de la restricción presupuestaria delante de los votantes.

Si algo deja claro esta polémica es que España necesita un debate presupuestario serio, donde se evalúe la eficiencia de cada propuesta de gasto público y se la contraste con el coste que supone sufragarla. La restricción presupuestaria no es una superstición del neoliberalismo: es un hecho (una limitación) en cualquier sociedad imaginable. Cada euro en tanques, pensiones o ambulatorios tiene un coste de oportunidad en forma de aquello a lo que renunciamos gastar y en lo que, por tanto, podríamos haber gastado. Lo que, en consecuencia, debemos resolver es qué gastos priorizamos y por qué: o, mejor dicho, quién debe ser que escoja en cada caso qué gastos se priorizan. Los socialdemócratas pensarán que ha de ser el Estado, tratando de estimar el retorno social de cada gasto, quien decida; y los liberales pensamos que ha de ser cada individuo quien lo haga.

Lo que en cualquier caso no debería resultarnos admisible es que los políticos pretendan convencer a los ciudadanos de que habitan en el país de la piruleta y de que, por tanto, la restricción presupuestaria no existe. Mucho me temo que, por mucho que ahora se hayan caído del guindo para rechazar irreflexivamente el aumento del gasto en Defensa, pronto volverán a las andadas para prometer más de todo aquello que les gusta sin admitir una sola restricción económica a sus inflados compromisos electoralistas.