El Gobierno, contra la libertad universitaria

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez tiene miedo: tiene miedo de la pluralidad universitaria, tiene miedo de la competencia universitaria y tiene miedo de la libertad de elección universitaria. Por eso está cocinando un Real Decreto con el que pretende forzar el cierre de muchas de las universidades privadas que han ido ganándose el favor de los estudiantes españoles durante los últimos años. Las dos principales excusas que está empleando para sacar adelante este decreto censor son la “cohesión social” y la “calidad académica”. Pero ni la una ni la otra justifican lo más mínimo los planes del Ejecutivo.

Por un lado, con lo de “cohesión social” el gobierno quiere hacer referencia a preservar la igualdad de oportunidades del alumnado en un contexto en el que las universidades privadas estarían fagocitando el terreno a las universidades públicas. Si las públicas desaparecen y todo queda en manos de las privadas, entonces el ascensor social se romperá y la cohesión social se resquebrajará. Lo expresó hace unas semanas la ministra del ramo, Diana Morant:

"Si un estudiante no tiene suficiente plaza en la pública y se siente obligado a ir a la privada para estudiar, teniendo incluso una nota buenísima (…) No hay libertad educativa: en realidad te están obligando a ir a la privada (…) Eso es un paso atrás gigantesco porque es devolver la universidad a quien se la puede pagar o a quien tiene el bolsillo suficiente para pagarla."

Dejando de lado el debate de fondo -si un sistema educativo privado y libre no promovería mucho más la promoción social que uno estatalizado e hiperregulado; o si el actual sistema universitario público no está trufado de titulizaciones inútiles para prosperar humana y profesionalmente-, démonos cuenta de que se trata de una treta para culpar al sector privado de la ineptitud del sector público. Si el Estado, arrogándose la función de promover la igualdad de oportunidades y hallándose en uno de los momentos de abundancia recaudatoria más desbordantes de la historia, no es capaz de garantizar un volumen de plazas públicas suficientes como para abastecer la demanda que el propio Estado cree necesario abastecer, ¿qué sentido tiene culpar de ello a las universidades privadas? Son las administraciones públicas y las universidades públicas las que en todo caso tendrán que asumir la responsabilidad de estar fracasado en alcanzar sus objetivos: pero ni las universidades privadas son responsables de la presunta infradotación de plazas públicas ni, desde luego, cerrar universidades privadas contribuiría en lo más mínimo a solventar ese supuesto cuello de botella (al contrario, en la medida en que algunos de los alumnos que acuden a la privada dieran el salto a la pública, la escasez relativa de plazas públicas todavía se agravaría más: imaginemos a uno de esos alumnos con notas “buenísimas” que ahora mismo no está consiguiendo entrar la pública y que, tras el cierre gubernamental de privadas, tampoco vaya a poder hacerlo en la privada).

Ni las privadas son responsables de la infradotación de plazas públicas, ni cerrarlas contribuiría a solventar ese cuello de botella

De hecho, las cifras de evolución de alumnos matriculados no parecen avalar la tesis de que está habiendo un efecto crowding out desde la pública a la privada: en el curso académico 2017-2018, el número de alumnos de las universidades públicas ascendía a 1,09 millones mientras que el de alumnos en centros privados fue de 196.000; un lustro después, los alumnos matriculados en la universidad pública apenas habían variado (una caída de menos de 14.000 alumnos) mientras que los de las privadas se incrementaron hasta los 300.000. El saldo neto, pues, ha sido el de un aumento del número total de estudiantes en el sistema universitario español. Incluso en la Comunidad de Madrid, la autonomía a la que suele ponerse como ejemplo de desmembramiento del Estado de Bienestar, las cifras son claras: durante ese período, el número de alumnos en universidades públicas ha caído en 8.000 (desde 182.000 a 174.000) y los matriculados en universidades privadas han subido en 29.000 (desde 51.000 a 80.000). No es un juego de suma cero, sino de suma positiva.

Por otro lado, la apelación a la calidad académica como coartada para cerrar universidades privadas se da de bruces con las propias exigencias que pretende imponer el Real Decreto. Por ejemplo, requerir un mínimo de 4.500 alumnos o que la universidad ofrezca en sus grados, máster y doctorados títulos de al menos tres de las cinco ramas del saber (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales e Ingeniería y Arquitectura) son condiciones contrarias a la especialización, cuando la especialización del conocimiento es la garantía de la calidad en la generación y transmisión de ese conocimiento. ¿Desde cuándo un centro universitario se vuelve de mayor calidad por tener más alumnos o por impartir titulaciones de áreas completamente inconexas entre sí? O en sentido contrario, ¿por qué hay que presuponer que un centro universitario que concentra sus recursos en ofertar unas muy buenas titulaciones dentro de una misma área del conocimiento a un número reducido de alumnos (y a los que, por tanto, se puede brindar una atención más personalizada) ha de exhibir menor calidad que otro centro universitario que multiplica su oferta académica sin orden ni concierto y que se masifica expidiendo títulos como churros? O expresado aun de otro modo, ¿por qué deberíamos suponer que universidades como Caltech o École Polytechnique (con un reducido grupo de alumnos y una especialización relativa) han de ser peores que la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad de Granada? El Gobierno pretende deshacer el modelo de universidades privadas “nicho” para generalizar un modelo grisáceo de universidades privadas vulgares y generalistas.

No, las nuevas regulaciones que promueve el Gobierno socialista no tienen como objetivo ni potenciar la cohesión social ni mejorar la calidad de las universidades públicas o privadas, sino elevar su estructura de costes -para dificultar la entrada de nuevos competidores- y, sobre todo, otorgar justificaciones leguleyas para que el Ministerio pueda cerrar universidades privadas, esto es, pueda atentar contra la libertad educativa dentro de España. Porque a nada le tiene más miedo este gobierno que a una auténtica libertad y pluralidad de pensamiento capaz de desarmar sus bulos ideológicos y su propaganda servilizante.