Más deuda pública, más desigualdad

Una de las principales preocupaciones que dice tener la izquierda en materia económica es la desigualdad, tanto en su vertiente de ingresos como sobre todo de patrimonio. La desigualdad no sólo confiere distintas oportunidades vitales a los individuos -lo que supuestamente permitiría consolidar y amplificar esa desigualdad- sino que termina estando desvinculada del mérito y, en consecuencia, de la creación de valor. Por consiguiente, no sólo es que la desigualdad, desde la perspectiva de la izquierda, sea injusta desde un punto de vista distributivo, sino que además resulta nociva para el dinamismo económico: las sociedades más desigualitarias vendrían a ser sociedades con menor potencial de desarrollo sostenido porque los recursos no irían a parar a aquellos que son capaces de rentabilizarlos sino que se quedarían atascados en manos muertas dinásticas.

Y, ciertamente, las sociedades precapitalistas eran así: las desigualdades no sólo eran estructurales sino heredables al margen de la contribución social que desempeñara cada individuo y su descendencia a lo largo de su vida. Pero, justamente, la emergencia de la burguesía y del sistema capitalista trastocaron toda esta lógica y volvieron la desigualdad dependiente de esa contribución social: aquéllos que generaban más valor para terceros obtenían mayores ingresos y acumulaban más patrimonio (el cual era, a su vez, puesto a generar valor) y, en cambio, aquéllos que no generaban ningún valor para terceros terminaban viendo consumido, o destruido, cualquier patrimonio que hubiesen acumulado hasta la fecha.

Esto es así, o debería serlo, al menos con respecto a aquellos activos patrimoniales que estén insertos dentro del sistema económico capitalista, a saber, aquellos que contribuyen a producir (o a financiar la producción) de mercancías útiles para el resto de ciudadanos y que, a su vez, no están protegidos frente a la competencia del mercado por ningún tipo de privilegio que facilite parasitar al resto de la sociedad. Por desgracia, este último tipo de activos existen: por ejemplo, cuando el Estado otorga abundantes transferencias públicas a una empresa en pérdidas o cuando, mediante regulaciones, vuelve imposible competir contra ella. En tales casos, los propietarios de ese tipo de activos perciben ingresos que no tienen que ver con el valor añadido que generan, sino con el que extraen coactivamente de terceros: y, por tanto, la desigualdad que pueda derivarse de este tipo de activos no contribuye en nada a dinamizar el crecimiento económico sino más bien a esclerotizarlo.

Existe, empero, otro tipo de activo de características similares que, no obstante, no se lo suele incluir en el mismo saco: la deuda pública. La deuda pública es un mecanismo para trasladar financiación del sector privado al sector público y cuyo repago futuro no depende del valor añadido generado merced a esa financiación, sino de la capacidad del Estado de extraer ingresos fiscales del resto del sector privado. Por supuesto, la financiación captada mediante la emisión de deuda pública podría utilizarse en inversiones públicas complementarias a las privadas que elevaran la productividad de estas últimas y, por tanto y hasta cierto punto, termine autoliquidándose (más endeudamiento público, más inversión pública, más crecimiento económico, mayores ingresos tributarios, mayor amortización de deuda pública). Pero no sólo los incentivos político-económicos no están alineados para que esto último ocurra, sino que, sobre todo, el hecho de que no ocurra no impone ningún tipo de penalización a los tenedores de deuda pública. Éstos cobrarán el principal y los intereses, con absoluta independencia al uso que el Estado haga de su financiación, siempre que el sector público no entre en una dinámica de insostenibilidad fiscal (reestructuración de deuda o golpe inflacionista no previsto).

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Es verdad que, en nuestras economías financieras modernas, la única función que desempeña la deuda pública no es la de facilitar la financiación del gasto público. Algunos dirían que ni siquiera es su función más importante. La deuda pública es el principal vehículo actual para proporcionar activos líquidos al sector privado, el cual los necesita para implementar sus planes de inversión (la liquidez no sólo es importante para minimizar los costes de transacción de las operaciones empresariales, sino también para almacenar valor frente a imprevistos o mientras esperamos a que aparezcan buenas oportunidades de inversión). El problema, claro, es que socialmente hemos escogido como reserva última de liquidez de nuestro sistema económico a un activo que no conecta funcionalmente la provisión de financiación con la generación de valor económico: a cambio de mejorar la liquidez de ese activo merced a la garantía de repago que proporciona la coacción del Estado, hemos permitido que esa garantía (coactiva) de repago desincentive a financiadores y a financiados a usar su financiación de un modo socialmente útil.

De ahí que la acumulación de deuda pública no sólo pueda terminar siendo contraproducente para el crecimiento económico, sino además estar relacionada con un incremento de la desigualdad. Las clases capitalistas que compran "deuda pública" consiguen mantener esa parte de su patrimonio "aislado" de la dinámica del mercado: aunque sean pésimos gestores de su capital (aunque sean incapaces de crear valor económico con él), la deuda pública les garantiza un flujo continuo de rentas del capital a costa del derecho (mediado por la fiscalidad del Estado) a parasitar todos los otros negocios del sector privado que sean en cada momento exitosos. No por casualidad, pues, la economista Aggela Papadopoulou ha hallado recientemente que el aumento de la deuda pública en Italia entre 1974 y 2019 ha estado vinculada con un incremento de la desigualdad de la renta medida a través de la participación en el PIB del top 1%.

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En otras palabras, cuando los capitalistas de un país pasan de emprender a convertirse en rentistas del Estado, el uso potencialmente productivo de su capital se dilapida pero el valor de ese capital, por desgracia, no lo hace con él, por cuanto está garantizado, y protegido frente a casi cualquier tipo desastre, por la coacción estatal… con lo que los capitalistas-rentistas tampoco ven mermada su posición financiera dentro de la sociedad. La borrachera de deuda pública de Italia no le ha salido demasiado bien durante las últimas tres décadas: esperemos que España no siga por ese mismo camino que tanto PSOE como PP parecen entusiasmados, o como poco resignados, a transitar.