Pensiones públicas: pagar más para recibir menos

En un reciente informe del Centro Ruth Richardson (de la Universidad de las Hespérides) se constata la realidad de la desastrosa situación financiera de nuestro sistema de pensiones: en 2024, los ingresos contributivos de la Seguridad Social fueron de 146.000 millones de euros, mientras que los gastos contributivos se ubicaron en 199.000 millones de euros, esto es, un déficit contributivo de 53.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas de España ascendió en 2024 a 44.500 millones de euros, lo que estas cifras ponen de relieve es que, a día de hoy, todo el nuevo endeudamiento público del Estado español resulta explicable por el déficit contributivo del sistema de pensiones (de hecho, quitando ese déficit contributivo, incluso tendríamos un superávit en todos los restantes servicios que provee el Estado).

Para muchos, sin embargo, nada de esto representa un genuino problema económico, sino apenas un mero arreglo contable en virtud del cual una parte del Estado le transfiere sus recursos sobrantes a otra. Como cambiarse el dinero de un bolsillo a otro. Mientras el Tesoro pueda cubrir financieramente el déficit contributivo de la Seguridad Social, nada de lo que preocuparse. Mas este tipo de razonamiento soslaya dos problemas fundamentales derivados del creciente déficit contributivo de la Seguridad Social y de su cuadratura mediante transferencias presupuestarias.

El primero de los problemas es el coste de oportunidad de tales transferencias: los recursos presupuestarios que se destinan al sistema de pensiones son recursos que no van a parar a otras partidas, como la sanidad, la educación, las infraestructuras o la vivienda. Si la calidad de los servicios públicos de nuestro país fuera excepcional, puede que esto último no resultara un problema demasiado preocupante, pero no parece que sea el caso: centros de salud y hospitales colapsados, infraestructuras cada vez más deterioradas, inversión nula en vivienda pública, etc. Por no hablar de compromisos internacionales de mayor gasto en Defensa (que bien podría superar el 2,1% del PIB estimado por el gobierno). O expresado tal como suele gustarles hacer a muchos socialdemócratas: el superávit en la estructura del Estado (ex pensiones públicas) oculta un déficit social latente que en algún momento puede terminar estallando.

Al cabo, si a los pensionistas se les garantiza el pago de la pensión devengada pero a costa de, por ejemplo, recortar las prestaciones del sistema sanitario público, la calidad de vida de esos pensionistas también se deteriorará: o acuden a la privada (viendo recortada su pensión efectiva) o protestan para incrementar los recursos a disposición de la sanidad pública. Pero si el Estado termina aumentando sus desembolsos en todas las restantes partidas, el cómodo déficit público actual se tornará mucho más incómodo y complicado de financiar… salvo que se recorte el déficit contributivo de la Seguridad Social mediante un menor gasto en pensiones. No podemos tener más de todo ilimitadamente.

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El segundo de los problemas es el fraude que las transferencias constituyen para los ciudadanos dentro de un sistema de pensiones presuntamente contributivo. La lógica del sistema contributivo es que la cotización del trabajador determina el derecho previsional que va devengando frente a la Seguridad Social. Por tanto, si pago más durante mi vida laboral terminaré cobrando más durante mi jubilación. Las transferencias estatales a la Seguridad Social, empero, suponen cobrarles impuestos a los ciudadanos para costear las pensiones públicas sin que esos impuestos, que en el fondo sí tienen un carácter finalista, aumenten la cuantía de la pensión a la que tienen derecho esos ciudadanos. Se les sube la "cotización social" por la puerta de atrás pero no la pensión derivada de la misma. A efectos prácticos, pues, estamos ante un recorte de las pensiones: es como si los españoles cotizaran mucho más y tuvieran, por tanto, derecho a cobrar una pensión muy superior a la actual pero, cuando al Estado le tocara abonarles esa pensión, metiera la tijera y pagara mucho menos de lo comprometido.

Por consiguiente, no es verdad que el déficit contributivo de la Seguridad Social sea una mera cuestión contable. Sustrae recursos de los contribuyentes que el Estado dice necesitar en otras áreas de su actividad pero que ha de concentrar en el sistema de pensiones y, pese a ello, no les otorga a esos sufridos contribuyentes ningún derecho adicional a una mayor prestación pensional. Y, por desgracia, estas dos tendencias no harán más que empeorar con el paso de los lustros conforme se agrave el déficit contributivo: por un lado, las carestías de los servicios públicos se irán volviendo más patentes en la medida en que se acumule la subinversión y sigamos incrementando el tamaño de la población española con la consecuente intensificación en su uso; por otro, las reformas proyectadas por el gobierno para contener la expansión del déficit de la Seguridad Social pasan no sólo por aumentar las transferencias del Tesoro sino por incrementar directamente la tributación no contributiva sobre los ciudadanos.

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En suma, pagar más impuestos para recibir menos servicios públicos. Ésa es la consecuencia última de la crisis del sistema de pensiones español: pero, para muchos, todo esto apenas representa un mero ajuste contable entre departamentos del Estado.