Una grieta generacional creada por el Estado

El último informe del Instituto Juan de Mariana confirma lo que muchos jóvenes sufren en sus propias carnes: en España, la desigualdad no es tanto de clase como de edad. Los datos son demoledores. Mientras los mayores acumulan cada vez más renta y patrimonio, los jóvenes sobreviven entre salarios estancados, impuestos crecientes y un mercado laboral asfixiante. El sistema de pensiones y el modelo tributario no suponen para ellos ningún colchón de seguridad contra la incertidumbre sino un mecanismo de expolio intergeneracional.

En 2002, los menores de 35 años poseían el 7,5% de la riqueza nacional. Veinte años después, apenas el 2%. En cambio, los mayores de 75 han pasado del 8% al 20%. La riqueza mediana de los nacidos en los 80 es un 46% inferior a la de los nacidos en los 60 a la misma edad. Esta es la verdadera redistribución: de los jóvenes a los jubilados.

Es verdad que el ciclo vital tiende a generar desigualdades en la distribución de la riqueza —los mayores han tenido más tiempo para acumular patrimonio que los jóvenes—, pero eso no es lo único lo que ocurre en España. Aquí no hablamos sólo de ahorro fruto del trabajo, sino de transferencias forzadas a través de un sistema de fiscal y regulatorio excesivamente garantista para el conjunto de pensionistas y excesivamente gravoso para el conjunto de los jóvenes. Tres son las áreas en las que se manifiesta, sobre todo, está desigualdad inducida coactivamente por el Estado: el sistema de pensiones, el mercado laboral y la vivienda.

Primero, la Seguridad Social abona unas pensiones que ya superan el salario medio de los menores de 35 (1.760 euros frente a 1.670 euros) porque la tasa de sustitución —la pensión como porcentaje del último salario— es del 77%, frente al 45% europeo; y, a su vez, esa tasa de sustitución es tan alta porque un jubilado, de media, cobra un 62% más de lo que aportó al sistema. Semejante generosidad ha cebado un gasto público sobredimensionado que no puede cubrirse con los ingresos actuales y, por eso, el déficit contributivo de la Seguridad Social ya se acerca al 4% del PIB.

El ciclo vital tiende a generar desigualdades en la distribución de la riqueza, pero eso no es lo único lo que ocurre en España

Segundo, este sistema de pensiones tan desequilibrado termina afectando gravemente a la situación laboral de los jóvenes a través de una carga fiscal insoportable. El IRPF y las cotizaciones sociales suponen el 39,5% del coste laboral, frente al 31,8% en la OCDE: es decir, que los salarios son mucho menores de lo que podrían ser. Todavía peor: esa exacción fiscal ni siquiera se traduce en transferencias monetarias o en especie presentes para los jóvenes, pues todas las cotizaciones se canalizan a la Seguridad Social y una parte creciente de los impuestos también. Es decir, que el expolio neto fiscal de los jóvenes cada vez es mayor y la supuesta reinversión estatal en potenciar, vía sanidad o educación, su capital humano -su productividad y, en última instancia, sus salarios- está cada vez más deprimida.

Y tercero, los jóvenes también se enfrentan al estrangulamiento regulatorio en el acceso a un activo tan básico como es la vivienda. Los mayores concentran un patrimonio inmobiliario que supera los 7 billones de euros (cinco veces el PIB). Los jóvenes, atrapados por regulaciones urbanísticas y una fiscalidad depredadora, quedan relegados a un alquiler caro y precario que absorbe su ahorro y, por tanto, su capacidad para adquirir una vivienda apalancándose. España ya no es un país de propietarios para los menores de 40. No es casualidad, pues, que la edad media de emancipación roce los 30 años, una de las más altas de Europa, o que solo el 20% de los menores de 35 tenga hipoteca (frente al 81% de los boomers que eran propietarios a esa misma edad).

El IRPF y las cotizaciones sociales suponen el 39,5% del coste laboral, frente al 31,8% en la OCDE

Añadan a todo lo anterior, por cierto, el influjo migratorio políticamente alimentado para sostener a corto plazo los ingresos del sistema de pensiones -aun a costa de encarecer todavía más los precios de la vivienda y, en algunos tramos del mercado laboral, de mantener a raya los salarios- y tendrán un coctel explosivo completo arrojado sobre las espaldas de las nuevas generaciones para sobreproteger a los mayores.

Nada de lo anterior, por cierto, es fruto del azar o del arbitrario capricho de los políticos de proteger a los pensionistas a costa de la población juvenil. La clave está en el creciente peso, y movilización, electoral de los mayores. Ningún partido se atreve a reformar las pensiones, el sistema tributario o el mercado de la vivienda para dejar de blindar a los mayores y descargar las espaldas de los jóvenes porque sabe que ahí se juega el grueso de sus votos. Las nuevas generaciones, fragmentadas y desmovilizadas, carecen de la fuerza política para revertir este saqueo. De ahí que el sistema inequitativo se perpetúe, aunque sea a costa de aplastar el futuro del país.

La brecha generacional inducida por el intervencionismo estatal no es un invento, sino una dura realidad que está aplastando a la juventud para maximizar la probabilidad de permanencia en el poder de la oligarquía política. Un país que condena a sus jóvenes al estancamiento no tiene futuro. La prosperidad no nacerá de seguir redistribuyendo una tarta cada vez más achicada o el Estado, sino de volver a agrandarla restableciendo el acceso a la riqueza de las nuevas generaciones. Eso exige libertad, capitalización y responsabilidad. O reformamos el sistema de raíz o la mejor opción que les dejaremos a muchos jóvenes es el exilio.