El Gobierno consuma su ataque contra la libertad universitaria

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha decidido declarar la guerra a la libertad de enseñanza. El nuevo decreto universitario de la ministra Diana Morant no pretende mejorar la calidad académica, sino estrangular la competencia. No aspira a elevar los estándares, sino a blindar los privilegios. Detrás de la retórica tecnocrática se esconde el viejo reflejo del poder: controlar lo que teme.

Durante la última década, los estudiantes españoles han empezado a votar con los pies. El número de alumnos de grado en universidades privadas se ha duplicado. Los de máster se han triplicado. Hoy son más los que cursan un posgrado en la privada que en la pública. Y eso que la universidad pública se financia con los impuestos de todos (y su financiación se halla en máximos históricos). Es decir: los contribuyentes pagan una universidad que los jóvenes prefieren no pisar, aunque eso implique volver a pagar por otra.

El mensaje es tan claro como incómodo. Cuando los ciudadanos eligen libremente, huyen del monopolio estatal. No quieren aulas masificadas, programas obsoletos, ni burocracias eternas. Quieren libertad, flexibilidad y adaptación a sus necesidades. Y eso, cada vez más, solo lo encuentran fuera del sistema público.

El Gobierno no soporta esa evidencia. En lugar de aprender de ella, la castiga. Si la universidad pública pierde alumnos, que no los gane la privada. Si el sistema público no convence, se prohíbe competir. Es el reflejo del poder que se sabe mediocre: en vez de mejorar, censura.

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El nuevo decreto universitario es, como decíamos, una ley mordaza para la libertad de enseñanza. Establece que toda universidad —pública o privada— deberá tener al menos 4.500 alumnos. Como si la calidad dependiera del tamaño (más bien puede ocurrir al contrario: que, al buscar la masificación, se pierda en calidad). Obliga a ofrecer diez grados, seis másteres y tres doctorados en al menos tres ramas del saber: como si la especialización en pocos títulos y ramas del saber fuera un defecto. Exige disponer de alojamiento para el 10% del alumnado: como si el “negocio” de las universidades fuera el inmobiliario.

No hay nada de pedagógico en estos requisitos. Su función no es mejorar la enseñanza, sino elevar los costes fijos de las universidades privadas hasta hacerlas inviables. Una universidad pequeña, innovadora o especializada no podrá sobrevivir con estas exigencias arbitrarias. La pública sí, porque su déficit lo cubre el contribuyente. La privada no, porque su supervivencia depende de ofrecer un valor superior a sus costes. Puede que muchos sí vayamos a ser capaces de sobreponernos a este decreto, pero otros no lo harán o, como poco, no llegarán ni siquiera a nacer. Exactamente, lo que busca el decreto: expulsar del mercado a las universidades que funcionan, o que podrían funcionar, para proteger a las que fracasan.

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El control político se completa con un toque final de cinismo institucional. Hasta ahora, para crear nuevas universidades privadas en España ya hacía falta una ley autonómica ad hoc. Es decir, el placet caprichoso de los diputados de turno. Pero es que ahora, además, se exige un informe vinculante de la ANECA o de su equivalente autonómico. ¿Y quién integra esos organismos estatales? Sobre todo, profesores de la universidad pública. Dicho de otro modo: los mismos profesores y burócratas del sistema público —los principales interesados en que no surjan nuevas universidades que les hagan la competencia— tendrán poder de veto sobre quienes pretendan competir con ellos.

¿Se imaginan que para abrir un medio de comunicación, un supermercado o una empresa tecnológica hubiera que pedir permiso al Parlamento y, además, obtener el visto bueno de tus competidores? Pues eso es, literalmente, lo que sucede en la educación superior española.

La excusa es la de siempre: “proteger la calidad”. Pero lo que el decreto pretende no es garantizar la calidad, sino garantizar el monopolio. No es una norma educativa, sino una muralla corporativa. El Gobierno sabe que si deja competir en libertad, la universidad pública perderá aún más legitimidad. Por eso no la deja competir: prefiere que los estudiantes sean rehenes antes que ciudadanos libres.

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Una grieta generacional creada por el Estado

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Esta misma semana, el Premio Nobel de Economía ha reconocido a tres economistas —Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt— por demostrar que el progreso social y económico nace precisamente de lo contrario: de la libertad de entrada, de la libre competencia y de la autonomía intelectual. Mokyr lo explicó desde la historia: el crecimiento moderno solo floreció en aquellas sociedades que permitieron a los individuos investigar, innovar y enseñar sin tutela política. Aghion y Howitt lo modelizaron teóricamente: el motor de la prosperidad es la destrucción creadora, ese proceso continuo por el que los nuevos entrantes desplazan a los antiguos, que requiere de absoluta libertad de entrada de los modelos de negocio insurgentes para plantar cara a los incumbentes.

El decreto de Sánchez es una negación práctica del espíritu de ese Nobel. Donde Mokyr reivindica la libertad de investigar, Sánchez impone licencias. Donde Aghion y Howitt exaltan la entrada de nuevos actores, Sánchez la bloquea. Donde los economistas del progreso ven competencia que estimula la innovación, el Gobierno ve amenazas para los modelos de enseñanza caducos. El resultado es previsible: menos innovación, menos dinamismo, menos crecimiento.

La libertad de enseñanza no es un capricho liberal: es la piedra angular de una sociedad abierta. Significa que cualquiera puede crear una institución educativa sin arrodillarse ante el poder político. Que los alumnos puedan elegir. Que las ideas compitan en igualdad de condiciones. Y que el Estado se limite a garantizar transparencia, no a decidir quién puede enseñar.

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Hace unos años, Viktor Orbán quiso cercenar la libertad universitaria en Hungría imponiendo restricciones y control estatal sobre la Universidad Central Europea, lo que generó una ola de protestas internacionales. Aquella limitación, aunque grave, no fue tan severa como este decreto español —pero provocó escándalo global. Aquí vemos cómo, con sigilo y leyes aparentemente técnicas, se implanta un control más brutal, menos mediático quizá, pero más efectivo.

España fue pionera en la creación de universidades. Ahora amenaza con ser pionera en su extinción regulatoria. El decreto de Sánchez no protege la enseñanza: la expropia. No mejora la calidad: la sustituye por burocracia. No defiende el interés general: defiende el monopolio estatal. Y un país que no permite enseñar sin el permiso del Estado acabará impidiendo pensar sin el permiso de los políticos. Y ese día, la universidad habrá muerto, aunque sus edificios (subsidiados por el contribuyente) sigan en pie.