Lo privado funciona, en la sanidad también

Quizás han oído hablar ustedes del experimento que fue realizado con cuatro monos y un racimo de plátanos en lo alto de un poste. El ensayo científico consistía en activar una ducha de agua helada que sufrían todos los simios cada vez que uno de ellos intentaba subir al poste para agarrar una banana. Como podrán suponer, a los pocos intentos los monos dejaban de interesarse por el poste y por la fruta. Luego, los investigadores reemplazaron a uno de los individuos por un compañero nuevo que, ignorante de las consecuencias, intentó alcanzar los plátanos. En ese momento, fue violentamente reprimido por el resto de monos, que se habían vuelto poco amantes del agua fría.

El experimento continuó reemplazando individuos hasta que los cuatro monos originales fueron completamente sustituidos. Lo interesante era que, aunque no quedara ninguno que hubiera sido rociado con agua congelada, todos continuaban respetando reverencialmente el poste y los plátanos, no permitiendo que ningún recién llegado se acercara, dándole una soberana paliza al que lo intentaba. Este ensayo fue descrito por los autores de management G. Hamel y C. K. Prahalad en su libro Compitiendo para el futuro y refleja muy bien muchos comportamientos de nuestra sociedad con respecto al papel del Estado en nuestras vidas y la economía en general. Un caso particular es la actual polémica con la cuestión de la privatización de la sanidad.

Y es que de alguna manera parece que los socialistas de todos los partidos nos han convencido de que determinados servicios, entre ellos la sanidad, sólo pueden ser provistos por el Estado y ¡ay! de aquel que se atreva a proponer su privatización. El motivo esgrimido es que la salud tiene un carácter básico y esencial y, como tal, no puede dejarse al albur del maléfico sector privado, sólo interesado en el beneficio y los rendimientos económicos.

Por el contrario, los gestores públicos y sus jefes políticos son seres puros, nacidos sin el pecado original del afán de lucro. De algún modo, deben de pensar los defensores de lo público que la libre designación de los cargos de responsabilidad por los representantes del pueblo, elegidos democráticamente, garantiza la pulcritud en su gestión, la ausencia de intereses personales de cualquier tipo y una preocupación genuina por el bienestar general. No hay más que leer la prensa cada día para comprobar cuál es la realidad. Juzguen ustedes mismos.

Por otro lado, y aun a riesgo de dar ideas, cabe preguntarse si, siguiendo el argumento de la esencialidad, otros bienes imprescindibles como son la comida o la vestimenta y el calzado no deberían también estatalizarse. Así, si seguimos el razonamiento, habría que reclamar una restauración pública y de calidad madrileña o lanzar proclamas reivindicativas del tipo “el calzado no se vende, se defiende”. A fin de cuentas, ¿por qué han de lucrarse los dueños de bares y restaurantes, o de zapaterías y tiendas de moda con necesidades tan básicas o más que la salud?

Evidentemente, nadie reclama eso porque el mercado ya ha demostrado que es capaz de proporcionar esos bienes en cantidad y calidad suficientes. Y que los restaurantes sean privados no implica necesariamente que sólo haya para ricos o que la comida que sirven en los sitios de menú sea necesariamente mala. Los que no atienden adecuadamente a su clientela, sean restaurantes de lujo de plato cuadrado, como los llama un amigo, o locales de carretera, terminan cerrando gracias a la disciplina que impone la competencia y el juicio implacable del consumidor. ¿Por qué no habría de ser parecido con una sanidad privada? Piénsenlo.

En realidad, el diferente tratamiento no tiene tanto que ver con la incapacidad del mercado de proveer un servicio sanitario universal -los supuestos fallos del mercado son una falacia para justificar la intromisión del Estado- como con que los servicios de salud, al no ser de uso cotidiano y necesitarse de manera generalmente imprevista y con cierto carácter de urgencia, requieren de algún mecanismo de previsión -ahorro para imprevistos o seguros de salud- que el Estado ha aprendido a empaquetar junto con la propia prestación del servicio y a financiar coactivamente vía impuestos.

La sociedad actual de eternos adolescentes -lo quiero todo, gratis, sin esfuerzo y para ya-, ha aceptado de forma acrítica esta usurpación de competencias por parte del Estado, renunciando a la libertad individual a cambio de no tener que preocuparse del futuro. Es lo que se llama el Estado del bienestar -parecido al bienestar que se debe alcanzar en un fumadero de opio- y que Hayek llamó más acertadamente el estado-providencia.

Pero, lamentablemente, lo que hay sobre la mesa no es un debate serio sobre la privatización de la sanidad, que de momento ningún político en su sano juicio se plantea proponer -acuérdense del experimento- sino de una muy tímida aproximación, aunque en la buena dirección, eso sí, consistente en la mera privatización de la gestión de los servicios de salud, cuya titularidad continuará siendo pública- y, por tanto, pagada con nuestros impuestos. Es decir, lo que plantea la Consejería de Sanidad, al mando de Javier Fernández-Lasquetty no es sino externalizar la gestión de media docena de hospitales y una treintena de centros de atención primaria.

No nos equivoquemos: el personal sanitario de la Comunidad de Madrid, organizado en grupo de presión, se ha echado a la calle en defensa de sus intereses particulares, lo cual me parece legítimo siempre y cuando no pretendan lograr sus objetivos a base de coaccionar al resto de los ciudadanos. En este punto, cabe cuestionarse cómo se conjuga la defensa de los intereses de los pacientes con la convocatoria de huelgas que retrasan la atención sanitaria precisamente a esos mismos pacientes.

Los manifestantes reprueban que empresas, y los inversores que hay detrás de ellas, puedan obtener beneficios, el gran pecado de cualquier iniciativa privada, algo que, a juicio de los poco amigos de la libertad, lo convierte en moralmente inferior a lo público. Pero, ¿acaso no buscan también una compensación económica los médicos, enfermeros, celadores y personal administrativo de la sanidad pública? Y es que, de la misma forma que el salario es la contraprestación que recibe el trabajo, el beneficio económico es la remuneración que perciben los inversores por dedicar sus ahorros a adelantar las nóminas, entre otros gastos. Remuneración que, fuera de prejuicios marxistas, es tan legítima como los salarios.

En un entorno ideal de privatización real de la sanidad, sería precisamente el beneficio económico, o más bien su ausencia, el que pondría en su sitio a los proveedores de servicios que no fueran capaces de prestar la atención sanitaria con el nivel de calidad que exigen los pacientes y con la eficiencia que requiere la disciplina de mercado. No siendo así, habrá que estar vigilantes para que la privatización sea efectiva y real y no un ejemplo más de eso tan español que los ingleses llaman crony capitalism o capitalismo de amiguetes. Pero no por ello debemos dejar de darle una oportunidad en vez de apalear a quienes proponen la gestión privada de un servicio público como la sanidad.