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Pánico de banqueros, chantaje a ciudadanos

No es noticia el pánico financiero, el de los banqueros, que ya ha provocado quince crisis en los Estados Unidos desde septiembre de 1902. Paradójicamente, la

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    No es noticia el pánico financiero, el de los banqueros, que ya ha provocado quince crisis en los Estados Unidos desde septiembre de 1902. Paradójicamente, la economía financiera, ciencia arrogante donde las haya, naufraga, con unos cuantos premios Nobel a sus espaldas, a la hora de explicar este fenómeno y debe ser salvada por la psicología de masas y por la sociología cuantitativa, de las que se pueden extraer algunas distinciones: una cosa es el pánico de los banqueros y otra el espanto de los ciudadanos, sin voz ni voto en los mercados de capitales de nuestro tiempo, millones de ciudadanos sometidos al chantaje de un ramillete de señores que han conseguido de la casta política europea que sus intereses sean apoyados con más de 2 billones de euros de dinero público, además de la promesa de que podrán manipular a su conveniencia la contabilidad desentendiéndose del juicio de los mercados.

     

    Mientras los banqueros españoles ignoraban la crisis y anunciaban espectaculares beneficios, el ahorro popular iba, en términos de riesgo, de mal en peor. Desde julio de 2007 hasta julio de 2008, los activos gestionados en los fondos de inversión (que no son pasivos bancarios) se han visto reducidos en más de 60.000 millones de euros, habiéndose traspasado cantidades masivas a pasivos bancarios -destinados a financiar esos planes de crecimiento que tantos disgustos causan cuando estallan las burbujas- y, sobre todo, a depósitos remunerados, para aplacar las graves tensiones de liquidez que padecen nuestros bancos.

     

    El que se aumentara, por cierto con dinero público, la cantidad garantizada de los depósitos era indispensable e inevitable, porque el riesgo de contagio del pánico de los banqueros a los ciudadanos era y es sencillamente inasumible. Lo que no está nada claro, sino más bien oscuro, es la “ayuda” de hasta 50.000 millones de euros y el aval por importe de hasta 100.000 millones de euros (para 2008) de los ciudadanos a los préstamos entre banqueros que proclaman su fortaleza como colectivo, a pesar de que no se fían unos de otros. Todo ello es, tal y como se nos está contando, un disparate.

     

    La confianza de los ciudadanos en la banca española no está justificada. Bastaría con que se analizara su contribución al bienestar financiero de los ciudadanos en lo que va de siglo. En un contexto de fuerte inflación, la erosión, vía comisiones, de los ahorros confiados a los fondos de inversión supera los 24.000 millones de euros, el 50% de los raquíticos rendimientos nominales, por no hablar del destrozo que se está causando a nuestros ahorros en los fondos de pensiones, o de la contribución de los banqueros a la burbuja inmobiliaria que ha convertido a España en el país con más componente de vivienda especulativa del mundo desarrollado y cuyo estallido, pendiente de cuantificar, tiene contra las cuerdas a la economía y a los propios ciudadanos, o de la destrucción de la riqueza financiera que ha provocado la brutal caída del precio de sus acciones, por más que en el país de los ciegos el tuerto sea el rey. Piénsese que, según un estudio de Fernández y Bermejo (2008), la destrucción de valor de los dos primeros bancos del país superó los 30.000 millones de euros durante el primer semestre del presente año.

     

    No se llamen a engaño. Lo único que tenemos garantizado son los depósitos bancarios hasta el límite establecido, pero no tiene sentido alguno, en mi opinión, descartar que estemos en el epicentro de la crisis y con todas las papeletas para tener un acusado protagonismo en ella. De momento, y con la amenaza de males mayores, se están tomando medidas que dudo mucho hayan llegado a tiempo para restaurar el sistema de los banqueros, y menos aún que vayan a contribuir al bienestar de los ciudadanos. La cuestión es sencilla: se ha dado carta blanca a los banqueros para que, a nuestra costa, arreglen lo que sólo ellos han destrozado.

     

    ¿Tendría algún sentido que, al final, fuéramos los ciudadanos españoles los que avaláramos o financiáramos al Banco Santander -al que ya financiamos la compra de Banesto-, supuesto buque insignia de la solidez del sistema bancario español, los 503 millones de euros que ha de pagar por las oficinas y los depósitos de la sociedad hipotecaria Bradford & Bingley, los 1.574 millones que ha pagado o va a pagar por la compra de la entidad hipotecaria británica Alliance & Leicester, los 1.250 millones que requiere su recapitalización, los 1.400 millones que ha de pagar por la compra del Sovereign -en la que ha contabilizado ya unas minusvalías de 2.000 millones-, las minusvalías por su participación en Fortis o en Antovenetta, o las eventuales pérdidas por disminución del valor del fondo de comercio del Abbey National, teniendo en cuenta la que está cayendo en las islas británicas?

     

    En junio de 2007 salimos al paso de la ocurrencia de invertir en renta variable, bajo gestión privada, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Hagan cuentas de lo que hubiera pasado si tal barbaridad, que por fortuna no se produjo, se hubiera hecho efectiva.

     

    *Juan Manuel Moreno-Luque es abogado y autor de diversos libros sobre los mercados de capitales contemporáneos.

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