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Innovar en los medios de pago, receta contra el fraude fiscal
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Innovar en los medios de pago, receta contra el fraude fiscal

El asunto de la economía sumergida es en su discurrir en el tiempo como el cauce del río Guadiana, que aparece y desaparece. Y ahora, en

El asunto de la economía sumergida es en su discurrir en el tiempo como el cauce del río Guadiana, que aparece y desaparece. Y ahora, en estos últimos meses, estamos oyendo hablar con insistencia de este fenómeno que, a tenor de algunas estimaciones, estaría creciendo. Así concluíamos en un estudio reciente (al que aludía El Confidencial en una crónica de Carlos Sánchez, el 29 de octubre del pasado año), en el que establecíamos las premisas del carácter anticíclico del fenómeno, el cual habría alcanzado, en 2013, una cifra del 28% del PIB estimado.

Más allá de la polémica sobre el valor de la economía sumergida y su evolución en el ciclo, aquí y ahora tenemos un intenso debate abierto sobre cómo atajar el fenómeno y frenar la sangría de recursos públicos que genera, buscando modos de controlar el fraude fiscal subsecuente.

En estos tiempos de reformas, pendiente aún de concretar un nuevo hito de reforma fiscal, conviene interpretar la causalidad de estos fenómenos como una combinación de costes y de beneficios para quienes los practican. De modo tal que cualquier estrategia que busque de forma efectiva reducir su volumen habrá de considerar cómo incrementar los cortes de su práctica y cómo reducir los beneficios de la misma.

Y un dato importante adicional, reduciremos el flujo de actividad sumergida –y del subsecuente fraude fiscal generado– si se limita el medio de intercambio monetario que facilita que algunas transacciones mercantiles sean ocultas u oscuras a efectos fiscalizadores; el dinero en efectivo, el cual tras su emisión circula entre productores y consumidores sin dejar rastro.

Hay evidencia empírica suficiente para mostrar una relación estrecha e inversa entre el grado de utilización de medios de pago electrónicos (cuya naturaleza, a diferencia del dinero en efectivo, deja huella de su trazo por diferentes sujetos) y el tamaño de la economía sumergida

A este último aspecto aludimos de forma reiterada quienes investigamos sobre este fenómeno socioeconómico. Hay evidencia empírica suficiente para mostrar una relación estrecha e inversa entre el grado de utilización de medios de pago electrónicos (cuya naturaleza, a diferencia del dinero en efectivo, deja huella de su trazo por diferentes sujetos) y el tamaño de la economía sumergida.

Por ello es reiterada la demanda de promover las transacciones con medios electrónicos (tarjetas, móviles, etc.), de mucha mayor trazabilidad que el efectivo. Pero frente a esta realidad se alza un entramado comercial y un entorno legal que no facilitan una rápida expansión de estos medios de pago.

De un lado, todavía subsiste una percepción, una cultura urbana, que atribuye un coste –a menudo considerado elevado– por el uso de tarjetas de crédito y débito y, por el contrario, no es sensible al que tiene la producción y distribución del dinero en efectivo. Algunos estudios apuntan a que, incluso en las circunstancias actuales, el coste de este último podía superar al del dinero electrónico.

Pero, de otro lado, en el proceso de producción-comercialización de los medios de pago electrónico no se ha avanzado lo suficiente como para reducir su coste para el público en general, a menudo poco transparente o explícito, reducción que supondría un incentivo importante para expandir su uso y, de este modo, poner trabas a la práctica de transacciones sumergidas o ‘en negro’.

El problema aquí radica no tanto en el avance tecnológico de estos medios de pago, que existe y facilita su uso y difusión, como en el tipo de regulación aplicable a este sector de producción de servicios. En la reciente experiencia española, por ejemplo, los intentos de poner topes a las comisiones de intercambio que reciben las entidades emisoras de las adquirentes, no a los costes que soportan directamente los usuarios, han abierto el espacio al incremento de otras comisiones, entre otras, por emisiones y mantenimiento de tarjetas. 

Es preciso que los cambios en la normativa reguladora aborden el proceso de producción y distribución de los medios de pago electrónicos como un todo, de modo que suponga un ahorro significativo para el consumidor final

De ese modo se limitan los ingresos de unos operadores de la cadena de pago electrónico en favor de otros y, en última instancia, se mantiene, en el mejor de los casos, inalterado el coste para el consumidor final, a quien se trasladan los diferente cánones, comisiones, etc. que se van acumulando en este proceso, para operar finalmente de forma muy poco eficiente.

Lamentablemente, la normativa comunitaria –un Reglamento sobre el uso de medios electrónicos– que en pocos días será debatida en el Parlamento Europeo se introduce en la misma senda errónea que hemos experimentado en España, abordando tan sólo una parte del proceso productivo de los medios de pago electrónicos y dejando fuera del ordenamiento o regulación otras partes del mismo. Así, se reducen las tasas de intercambio para las tarjetas de crédito y débito sin afectar a las que introducen otros operadores, de diversa índole y, sin duda, de cuantía superior.

Con el objeto de expandir estos instrumentos de pago como alternativa de dinero tradicional para atajar el lado oscuro de la economía, es preciso que los cambios en la normativa reguladora aborden el proceso de producción y distribución de estos medios de pago como un todo, de modo tal que el resultado final de la aplicación de tales nuevas normas suponga un ahorro significativo para el consumidor final, sin alterar sustancialmente la distribución del rendimiento obtenido en el mercado correspondiente por los diferentes operadores que en él actúan.

Esperemos que esta perspectiva alumbre a los legisladores europeos y reconsideren su posición ante el citado Reglamento para abordar la regulación del sector de un modo global y equilibrado.

*Domingo Carbajo es economista e inspector de Tributos del Estado. Santos M. Ruesga es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid 

El asunto de la economía sumergida es en su discurrir en el tiempo como el cauce del río Guadiana, que aparece y desaparece. Y ahora, en estos últimos meses, estamos oyendo hablar con insistencia de este fenómeno que, a tenor de algunas estimaciones, estaría creciendo. Así concluíamos en un estudio reciente (al que aludía El Confidencial en una crónica de Carlos Sánchez, el 29 de octubre del pasado año), en el que establecíamos las premisas del carácter anticíclico del fenómeno, el cual habría alcanzado, en 2013, una cifra del 28% del PIB estimado.

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