Fiscalidad: la hora de la transparencia

Incluso en tiempos de bonanza, la gente se indigna cuando poderosas empresas con elevados beneficios reducen drásticamente su deuda tributaria aprovechándose de vacíos legales. Y ahora no estamos precisamente en tiempos de bonanza. Son tiempos de sacrificios dolorosos, que a menudo han afectado con especial dureza a las capas más vulnerables de la sociedad. En estos momentos, semejante injusticia resulta intolerable.

El mensaje dirigido a los responsables políticos de toda Europa ha sido inequívoco: ¡Ya basta! La Comisión Europea ha captado claramente el mensaje y se ha puesto manos a la obra.

Ha llegado el momento de garantizar la equidad y la transparencia en la fiscalidad de las empresas en Europa, de restablecer el vínculo entre el lugar en el que se generan realmente los beneficios y el lugar en el que se pagan los impuestos. Ha llegado el momento de que todos paguen la parte que les corresponde.

En los últimos años, se han hecho grandes progresos para colmar las lagunas jurídicas que permitían a las personas evadir impuestos trasladando su dinero al extranjero. Más importante aún es la decisión de suprimir el secreto bancario en Europa, mediante el intercambio automático de información entre las autoridades fiscales nacionales sobre las cuentas mantenidas por los no residentes. Precisamente rubricamos un acuerdo entre la UE y Suiza para garantizar una transparencia total en las cuentas bancarias, un gran paso adelante que para muchos parecía imposible hace solo unos años.

Ha llegado el momento de que todos paguen la parte que les corresponde

Sin embargo, nos queda mucho camino por recorrer para atajar el problema de la planificación fiscal agresiva de las multinacionales. Por este motivo, vamos a proponer que los Estados miembros de la UE intercambien automáticamente información sobre los acuerdos fiscales suscritos entre empresas y autoridades nacionales.

Los acuerdos fiscales no son ilegales en sí mismos. Constituyen un instrumento fiscal útil que aporta a las empresas la seguridad que necesitan para su planificación financiera. El problema radica en su opacidad y en la discriminación que, en ocasiones, generan en nuestro mercado único. Con demasiada frecuencia, los países desconocen las decisiones adoptadas por las autoridades tributarias de otros Estados miembros de la UE, a pesar de que pueden tener un impacto directo en sus propios ingresos fiscales. En un mercado único de la UE basado en la eficiencia económica y en la equidad social, este tipo de competencia fiscal desleal es inaceptable. Mi colega Margrethe Vestager ya ha iniciado cuatro investigaciones en materia de ayudas estatales en relación con acuerdos fiscales celebrados en Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos. Asimismo, ha pedido a todos los Estados miembros que faciliten más información sobre sus prácticas en este ámbito para determinar si están falseando la competencia en el mercado único.

Con el intercambio automático de información, todos los Estados miembros de la UE tendrán que compartir sistemáticamente, cada tres meses, datos sobre la totalidad de sus acuerdos fiscales transfronterizos. A diferencia de las disposiciones actuales aplicables a estos acuerdos —que claramente no funcionan—, no habrá cláusulas de salvaguardia ni margen para la interpretación de los requisitos.

Las informaciones que deberán intercambiar las autoridades fiscales se fijarán de antemano. Serán suficientemente exhaustivas como para permitir a los Estados miembros evaluar si un acuerdo fiscal les afecta. Pero también serán lo suficientemente sencillas como para evitar cargas administrativas innecesarias.

Esta mayor transparencia tendrá un efecto dominó: propiciará un mayor control y disuadirá a los Estados de ofrecer acuerdos fiscales irrazonables

Si, tras este intercambio inicial, un país considera que necesita más información sobre un determinado acuerdo, podrá solicitar precisiones adicionales. En consecuencia, los Estados serán más conscientes de los efectos de los acuerdos de otros países en sus propios ingresos y estarán mejor preparados para reaccionar.

Esta mayor transparencia tendrá un efecto dominó: propiciará un mayor control y disuadirá a los Estados de ofrecer acuerdos fiscales irrazonables. Asimismo, las empresas no recurrirán tan fácilmente a este tipo de acuerdos para transferir beneficios y eludir el pago de impuestos.

Al garantizar una mayor apertura entre los países de la UE y una mayor cooperación entre las administraciones tributarias, nuestra propuesta mejorará radicalmente la transparencia de los acuerdos fiscales en comparación con la situación actual. A su vez, ello nos permitirá acercarnos a nuestro objetivo de una fiscalidad más equitativa y una competencia fiscal más leal en Europa.

Ya hemos iniciado una reflexión sobre la posibilidad de adoptar nuevas medidas de transparencia, tales como requisitos de divulgación pública para las multinacionales. Ello requeriría una decisión bien fundamentada, basada en datos y análisis adecuados, con objetivos razonables y beneficios claramente definidos. Todavía no hemos llegado a ese punto. Pero para la Comisión será una prioridad absoluta.

No olvidemos que la competencia fiscal perniciosa va más allá de las fronteras de la UE. A través del G-20 y la OCDE, también debemos incitar a nuestros socios internacionales a ir más lejos y a sintonizar con nuestro nivel de ambición.

Antes del verano, presentaremos un segundo paquete de medidas sobre la competencia fiscal en el mercado único de la UE, con nuevas ideas para revitalizar el debate sobre una base imponible común del impuesto de sociedades en Europa, que reduciría los costes de cumplimiento de las empresas y fomentaría la inversión transfronteriza.

En cuanto a los acuerdos fiscales, la pelota está ahora en el tejado de los 28 Gobiernos de los Estados miembros; todos ellos deberán aprobar nuestra propuesta para que pueda entrar en vigor. Los votantes europeos esperan que respalden esta iniciativa y que lo hagan sin demora. Estoy convencido de que todos actuarán de forma responsable.

Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas