Recientemente se ha venido intensificando un debate ya antiguo en sus orígenes, pero con perfiles novedosos, sobre la necesidad y oportunidad de poner en marcha una 'renta básica universal' a percibir por todo aquel ciudadano del país que no tuviese fuente alguna de renta. Hasta en el conocido Foro de Davos, en su última edición, se abrió, para tan trascendente asunto, un hueco en el debate que allí mantienen anualmente los poderosos e influyentes del planeta.

Uno de los economistas más destacados de la llamada Escuela de Chicago, Milton Friedman, adalid del más exquisito discurso neoclásico, formulaba esta idea hace medio siglo. Abogaba por una ayuda pública para los indigentes (sic) en forma de un impuesto negativo sobre la renta, resaltando el uso de este instrumento fiscal como modo adecuado de minimizar los posibles efectos adversos —generadores de incentivos negativos— para la actividad económica y laboral derivados de tal medida. No deja de sorprender que desde posiciones conservadoras se apoye e incluso se trate de impulsar este tipo de medidas de contenido social y, sin embargo, se muestre una oposición radical al establecimiento, por ejemplo, de un salario mínimo o al aumento de su cuantía allí donde esté aplicándose.

¿Dónde está la diferencia? Precisamente en la existencia de una relación directa o definida con el trabajo. La consideración de la renta básica universal como un derecho subjetivo de todos los ciudadanos, desvinculado de la situación del individuo en el mercado laboral, tiene un marcado carácter diferencial de lo que se viene denominando como renta de inserción, que en su plasmación práctica vendría a ser una extensión del subsidio de desempleo, elemento esencial del entramado institucional que regula el mercado laboral en las economías desarrolladas.

En esta perspectiva, las diferencias entre uno y otro concepto no son meramente de carácter terminológico o semántico, sino que responden a enfoques ideológicos con diferencias acusadas.

De un lado, la propuesta de renta básica universal conectaría bajo ciertos supuestos con una filosofía de corte compasivo que concibe el Estado como algo ajeno al devenir de los mercados —en particular el del trabajo— y la establece como un modo de moderna institución benéfica que aborda los aspectos más execrables de la indigencia en una sociedad de individuos libres. Se trataría, más que de hacer a los ciudadanos libres respecto a las obligaciones de la propia existencia, de reducir los efectos sociales de la expansión de una enorme cantidad de individuos y familias sin recurso alguno para su subsistencia. Como en el tránsito entre las sociedades medievales y las modernas sociedades capitalistas, se iría institucionalizando una cohorte social de indigentes que asumen su marginalidad social, autorreproduciéndose como en un bucle, y que, por tanto, no alteraría sustancialmente el 'statu quo' vigente, subsistiendo en el entorno de los umbrales de la pobreza gracias a la ayuda del Estado.

De otro, el concepto de renta de inserción vincula la percepción de un beneficio estatal, monetario o en especie, a la vinculación del beneficiario con el mercado laboral a través del requisito de búsqueda activa de empleo. La perspectiva cambia aquí de forma radical, instituyéndose una suerte de derecho al trabajo para todos los ciudadanos y, por tanto, ayudando por parte del Estado, garante de los derechos subjetivos de las personas, a los que de modo circunstancial o temporal no encuentran un empleo en el que desarrollar sus capacidades. En las versiones más actuales de este enfoque, modelos de flexiseguridad, el derecho al trabajo conlleva no solo un subsidio monetario en ausencia de empleo, sino también el acceso, como derecho y también como obligación, a mecanismos que mejoren la empleabilidad (probabilidad de encontrar un empleo) del individuo en la perspectiva de su inserción en el trabajo.

En una economía robotizada, la 'renta básica universal' constituiría un requerimiento 'imprescindible' para la estabilidad social

Esta segunda óptica enlaza con lo que ha venido siendo, desde hace más de un siglo, la tradición socialdemócrata de organización de la sociedad, en la que el trabajo constituye el eje básico de articulación de las relaciones sociales, la fuente fundamental de renta para la mayor parte de la población y de sus diferentes formas de distribución e incluso, en última instancia, el factor que conforma nuestros hábitos sociales y culturales, para dibujar una forma determinada no solo de bienestar sino también de 'bienser'.

En el horizonte, al parecer no muy lejano, dibujado por la intensificación del cambio tecnológico, que habría de llevarnos hacia un mundo robotizado, son insistentes las voces que claman por la vigencia del fin del trabajo, como idea seminal. En este escenario, el trabajo ya no sería el factor determinante en la generación de recursos, ni el eje articulador de la sociedad humana. No. En una economía robotizada, altamente productiva, se generalizarían otras formas de asignación y distribución del valor añadido generado, no vinculadas al trabajo. Ahí, en ese escenario, la 'renta básica universal' constituiría un requerimiento 'imprescindible' para la estabilidad social, cubriendo las necesidades mínimas de un parte de la población creciente que carecería de recurso alguno para acceder a retribuciones propias.

Pero tal escenario no deja de ser una falacia retórica, hoy por hoy, cercana a la ciencia ficción, no solo por su indeterminación temporal sino por su determinismo conceptual. Más bien, lo que se dibuja en el mundo económico desarrollado es una exacerbación de nuestra sociedad laboral, donde la productividad del trabajo asciende de forma acelerada, algo habitual desde el nacimiento del capitalismo, con sus diversas variantes, en un marco de creación y destrucción de actividades productivas —al modo schumpeteriano—, que traslada de un lado a otro, de una actividad a otra, la demanda de trabajo. Podríamos interpretar incluso que vivimos una fase de destrucción creativa, en los momentos más intensos de destrucción de empleo, pero ello es algo que, a la vista de la evolución del empleo en el conjunto de las economías del planeta, no es, ni mucho menos, refrendable, aquí y ahora, para todas. La expansión laboral en las economías emergentes es todavía muy superior a las pérdidas de empleo en algunas de las economías más avanzadas y, junto a ello, las tasas de ocupación en Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países europeos no parecen avalar esta interpretación.

Pero, además, y esto es quizá la novedad hacia el futuro, lo que sí se está instalando en nuestros mercados laborales es una profunda dualidad, de modo intenso y radical, de la demanda de trabajo, entre unos empleos que requieren bajos niveles de conocimientos, buena parte de los cuales podrán ser sustituidos por robots, al tiempo que aparecerán otros de alta cualificación, de más compleja y lenta sustitución por máquinas. Unos empleos, estos últimos, que acumulan una parte sustancial y creciente del valor añadido en el proceso de producción, en paralelo a formas de distribución de la renta generada que retribuyen de forma generosa a los propietarios de la nueva maquinaria y al conocimiento requerido para su creación.

De ahí que no sea el destino final —un mundo sin trabajo— lo que ahora deba preocuparnos, sino el camino que se recorrerá en los próximos años. Un camino que no será indiferente a los postulados ideológicos presentes casi siempre bajo el ropaje de propuestas supuestamente apoyadas en la ciencia o en la técnica. Por eso, no es lo mismo promover una renta básica universal que una renta para la inserción en el trabajo. La primera anticipa un escenario de indigentes nutridos y resulta muchas veces acompañada de otras medidas como el denominado complemento salarial, que vendría a sustituir el papel del salario mínimo, una institución absolutamente inconveniente para los defensores de estas ideas. La segunda, desde una perspectiva vinculada al trabajo como fuente de ciudadanía, ancla su visión en el derecho a un empleo digno para todos los ciudadanos y en la presunción, bien fundada en la historia económica moderna, de que no hay democracias duraderas sin un profundo compromiso de sus instituciones con el pleno empleo.

Santos M. Ruesga, catedrático de Economía Aplicada. Universidad Autónoma de Madrid.

Valeriano Gómez, economista, exministro de Trabajo e Inmigración.