El Acuerdo de París, adoptado en la cumbre del clima de París (COP21) en diciembre de 2015, fue un hito histórico en la lucha mundial contra el cambio climático. Dicho acuerdo fijaba como objetivo limitar el calentamiento global por debajo de los dos grados respecto de los niveles preindustriales, dado que exceder dicho nivel puede tener resultados catastróficos e irreversibles sobre el planeta.

El anuncio de Donald Trump de que los Estados Unidos abandonará dicho acuerdo no ha reducido la importancia de cumplir con estos compromisos (y cabe esperar que los Estados Unidos se reincorporen al acuerdo en cuanto llegue otro inquilino a la Casa Blanca).

Sin embargo, un estudio elaborado por cerca de 80 científicos de 15 países asociados en el denominado Carbon Budget Project, presentado en la cumbre del clima que actualmente se está celebrando en Bonn (COP23), advierte de que no vamos por buen camino. Según dicho estudio, las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) procedentes de la quema de combustibles fósiles, que se habían estabilizado en los tres últimos años, crecerán un 2% en 2017, alcanzándose con ello un nuevo récord mundial de emisiones.

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Aunque el incremento en el nivel de las emisiones a nivel global se debe fundamentalmente al mayor uso de carbón en China, el incumplimiento de los objetivos tendrá un impacto global. Por ello, en este contexto, se hace más urgente redoblar los esfuerzos para la limitación de las emisiones de CO2.

La Unión Europea tiene como objetivo reducir las emisiones de CO2 en un 80-95% para el año 2050 respecto de los niveles de 1990. Países como el Reino Unido y Francia han optado por poner en marcha una fiscalidad ambiental que incentive a las empresas y a los consumidores a apostar por las tecnologías no emisoras de CO2. En España, el Gobierno ha anunciado que está trabajando en una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para cumplir con los objetivos de la Unión Europea en materia de sostenibilidad, así como los recogidos en el Acuerdo de París.

Las centrales de generación de electricidad que queman carbón son una de las grandes fuentes de emisiones de CO2. En España, en los últimos cinco años, las emisiones de CO2 de las centrales de carbón suponen unas dos terceras partes del total de las emisiones de CO2 del sector eléctrico. Incluso si su producción fuese sustituida por centrales de gas de ciclo combinado, el cierre de las centrales de carbón supondría una reducción del 50% en las emisiones de CO2 del sector eléctrico. Para ponerlo en contexto, esto equivale a reducir en un 30-40% las emisiones de CO2 de todos los vehículos de combustión interna en España (turismos, furgonetas, autobuses, camiones y trenes).

Sin embargo, hace un mes, y en respuesta a preguntas en el Congreso sobre la posición del Gobierno con respecto a su estrategia de transición energética y la lucha contra el cambio climático, el ministro de Energía respondió:

“¿Quiere usted eliminar el carbón? Porque el Gobierno no. El Gobierno piensa que no es necesario. Mientras cumplamos con nuestros objetivos de emisiones de CO2, ¿por qué eliminar las centrales de carbón?... Mientras no perjudique los objetivos medioambientales, este Gobierno va a defender las centrales de carbón”.

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¿Cómo es posible que el mismo Gobierno que promueve una Ley de Cambio Climático y Transición Energética diga que va a defender las centrales de carbón, que son las que más CO2 emiten? ¿Por qué se sitúa el Gobierno del lado de Polonia y otros países de Europa del Este, en lugar del Reino Unido, Francia e Italia? ¿Es el Gobierno de España un negacionista del cambio climático como Donald Trump?

El ministro explicó: “Lo digo porque sería interesante que ustedes mirasen el impacto que tiene en precios para el consumidor y en empleos la eliminación de las centrales de carbón”.

Impacto sobre los precios

En su comparecencia ante el Congreso, el ministro ofreció su estimación del impacto que el cierre de las centrales de carbón tendrá en los precios: “Si cerramos el carbón, es un 15% más de subida de precio [del mercado de generación] en las puntas”.

La relevancia de un incremento del 15% en el precio “en las puntas” depende de la frecuencia con la cual se produzcan dichas puntas. En media, el impacto puede ser un incremento de un 5% en el precio del mercado de generación. Por otra parte, el precio del mercado de generación viene a suponer una tercera parte del coste total que se refleja en las facturas. Por lo tanto, las estimaciones manejadas por el ministro en realidad implican un incremento medio en las facturas de los consumidores de solamente un 1,5%.

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A modo de contraste, los impuestos a los combustibles y la generación aprobados por este Gobierno mediante la Ley 15/2012 suponen un incremento medio en el precio del mercado de generación en el entorno de un 25% en todas las horas (no solamente en las puntas). Asimismo, con respecto al incremento del 1,5% en las facturas, cabe recordar los costes ajenos al suministro que actualmente gravan la tarifa eléctrica y que incrementan las facturas de los consumidores en prácticamente un 100%. Por ello, si el ministro realmente está preocupado por el impacto sobre los consumidores, no tiene más que limpiar la tarifa eléctrica de esos costes ajenos al suministro.

Por otra parte, cualquier pago o apoyo que se efectúe a estas centrales para evitar su cierre también deberá ser financiado, e implicará un incremento en el coste de suministro para los consumidores. No tiene sentido que el Gobierno apoye que las centrales de carbón sigan en funcionamiento sin tener en cuenta cuánto costará ese apoyo a las centrales de carbón.

Impacto sobre el empleo

Con respecto al impacto sobre el empleo, este será limitado, ya que los trabajadores de las centrales que usan carbón pueden ser recolocados en centrales de gas de ciclo combinado, cuya producción se incrementaría como consecuencia del cierre de las centrales de carbón.

En cuanto al empleo en la minería, y después de varias décadas de reconversión del sector, actualmente apenas quedan 1.500 mineros en España. En su mayor parte, trabajan en explotaciones no competitivas que están abocadas al cierre a partir del 1 de enero de 2019, fecha límite aprobada por la Comisión Europea para la concesión de subvenciones a esta actividad. Además, el Instituto de la Minería del Carbón otorga ayudas sociales para mitigar el impacto sobre los trabajadores, con un coste muy inferior al de mantener las centrales y minas de carbón abiertas.

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Además, las centrales de carbón nacional son antiguas y poco eficientes, y muchas de ellas están también abocadas al cierre porque la inversión necesaria para su adaptación a la Directiva de Emisiones Industriales y la extensión de su vida no resulta rentable. De hecho, ya hay varios operadores que han comunicado al Gobierno su decisión de no acometer las inversiones y su intención de cerrar dichas centrales.

Por lo tanto, mantener las centrales de carbón en funcionamiento, tal como parece desear el Gobierno, en realidad no implica proteger el empleo en España (ni en las minas, ni en las centrales), sino proteger el empleo de los mineros que trabajan en los países de los cuales importamos carbón (principalmente Colombia, Indonesia, Rusia, Sudáfrica y Estados Unidos).

¿Debe el Gobierno defender las centrales de carbón?

Resulta evidente que el mantenimiento de las centrales de carbón resulta perjudicial para el medio ambiente. Y, como se ha visto, no tiene sentido que el Gobierno intervenga para mantenerlas en funcionamiento por su posible impacto sobre el precio del mercado de generación o sobre el empleo.

No se trata solamente de que puede ser más costoso mantenerlas en funcionamiento que cerrarlas, o de que los puestos de trabajo que se estarían protegiendo estarían en terceros países. Es posible que la transición energética cueste dinero, o que se destruyan puestos de trabajo en actividades contaminantes, pero es que no estamos luchando contra el cambio climático porque eso abarate el precio de la energía o porque cree empleo, sino porque la alternativa es un incremento potencialmente catastrófico en la temperatura del planeta y la calidad de vida de futuras generaciones.

Luchamos contra el cambio climático porque la alternativa es un incremento catastrófico en la temperatura del planeta y la calidad de vida

Ante la incapacidad del mercado de derechos de emisión para inducir un cierre ordenado de las centrales más contaminantes, por el bajo precio de dichos derechos, la Comisión Europea se está planteando medidas orientadas a inducir el cierre de las centrales más contaminantes, tales como prohibir que las centrales de generación con tasas de emisión de más de 550 gramos por cada kWh producido (como es el caso de las centrales de carbón) puedan recibir apoyos en forma de pagos por capacidad.

España se encuentra en una posición inmejorable para contribuir a la lucha contra el cambio climático. No es solamente porque dentro de Europa disponemos de un potencial de producción solar inigualable, sino porque actualmente disponemos de un parque de centrales de gas de ciclo combinado que apenas funcionan y que pueden sustituir sin ningún problema la producción de las centrales de carbón, y que solo emite un tercio de sus emisiones de CO2.

Disponemos de un parque de centrales de gas de ciclo combinado que apenas funcionan y pueden sustituir la producción de las centrales de carbón

Según Red Eléctrica, en 2016 el índice de cobertura se situó en 1,30, es decir, incluso en el momento de mayor demanda en 2016 la potencia disponible era un 30% superior a la demanda, por lo que un cierre ordenado de las centrales de carbón no supondría un problema para la seguridad de suministro. ¿Cuándo lo vamos a tener más fácil?

Por ello, el Gobierno no solamente debería permitir el cierre de las centrales de carbón que lo soliciten, sino que debería incluso plantearse obligar al cierre de todas las centrales de carbón como ya lo están haciendo otros países de la UE como el Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica y, tal como acaba de anunciar también, Italia.

Es cierto que el cierre de las centrales de carbón en España no tendrá un impacto significativo sobre las emisiones de CO2 a nivel mundial. Sin embargo, si España se compromete al cierre de todas las centrales de carbón, en lugar de oponerse, es más probable que se tomen las medidas necesarias para una lucha efectiva contra el cambio climático a nivel europeo y global.

* Oscar Arnedillo Blanco es director gerente de NERA Economic Consulting.