Que las pensiones públicas van a ser uno de los temas fundamentales de debate político y social a lo largo de este próximo año es algo de lo que no cabe duda. Otra cosa es desde dónde y cómo se plantee ese debate; incluso es posible que sea relevante hasta quién lo plantee.

Ayer, Pedro Sánchez se desayunaba con una propuesta para aliviar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones que bordea lo esperpéntico y que debía ser más el producto de su necesidad de colocar algún titular periodístico en el susodicho desayuno que de aportar realmente soluciones para el problema de las pensiones públicas en España.

Según el secretario general del PSOE, uno de sus “acuerdos de país” debe girar en torno a las pensiones públicas. Hasta ahí, magnífico; probablemente nadie en España pueda discrepar de la necesidad de ese acuerdo.

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El problema aparece cuando uno empieza a leer el contenido de las medidas para ese “acuerdo de país” en torno a las pensiones públicas y se encuentra con dos ideas que al proponente le deben parecer brillantes pero que, a todas luces, dejan mucho que desear.

La primera de esas ideas, en palabras del propio Sánchez, sería “derogar la contrarreforma del sistema público de pensiones del Gobierno, que condena, como han denunciado organismos internacionales, a pérdidas medias de jubilación para las próximas generaciones de entre el 30-40% de su cuantía”.

Pedro Sánchez parece ignorar que su partido, en aquel momento en el Gobierno, implementó una reforma del sistema de pensiones en el año 2011 que resulta ser mucho más lesiva sobre la cuantía de la pensión vitalicia que la del propio Partido Popular, según estimaciones de Funcas. En ese sentido, sería bueno que explicara si le parece bien derogar un reforma que menoscaba la pensión vitalicia en un 15%, como lo hace la reforma del PP de 2013; pero no otra, la que implementó su partido en 2011, que lo hace en un 20%.

Sánchez parece ignorar que su partido implementó una reforma mucho más lesiva sobre la cuantía de la pensión vitalicia que la del PP

Y si no hablaba solo de la del PP de 2013 sino que también incluía la del PSOE de 2011, estaría bien que en ese caso aclarara si el PSOE apoyaría la proposición de ley que Unidos Podemos registró en el Congreso de los Diputados y en la que se procede a la restitución del sistema de pensiones a momentos previos a 2011. El trabajo ya está hecho y estamos dispuestos a compartirlo, así que la pelota está en su tejado.

Y la segunda de esas ideas brillantes es la que complementa la medida anterior con la búsqueda de “nuevas fuentes de financiación complementarias a las cotizaciones”. Para ello anuncia “la creación de dos nuevos impuestos finalistas”: un impuesto sobre transacciones financieras y un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones.

No me negarán que la medida no tiene enjundia; sobre todo porque permite poner de manifiesto varias cuestiones relevantes que desenmascaran la necesidad que tiene Pedro Sánchez de parecer un líder progresista ante sus bases, aunque sea a base de ocurrencias sin sustento.

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Una es que el secretario general del PSOE parece no saber que en España no existen los impuestos finalistas porque la Hacienda pública se sustenta sobre el principio de caja única. Y es que de todos es sabido que, puestos a copiar medidas aplicadas en otros países para enfrentar este problema, no basta tan solo con traducir bien del idioma correspondiente, también es aconsejable saber si los modelos institucionales son coincidentes.

La otra es que, puestos a plantear propuestas de lo que él entiende que debe ser un “acuerdo de país” esencial, debería sustentarla sobre medidas propias y no plagiando, de forma descontextualizada, medidas del programa de otros grupos políticos, en concreto, de Podemos.

Y es que en el programa electoral de Podemos estaba incluida la creación de un impuesto extraordinario sobre el sistema financiero que respondía a la lógica de restitución del esfuerzo de solidaridad que la sociedad española había realizado —forzadamente y sin ser consultada— con su sistema bancario y financiero. Era, y sigue siendo, de justicia que, más allá de su contribución fiscal ordinaria, la banca se viera sometida a un gravamen específico que devolviera a los españoles los miles de millones de euros que había costado su rescate. Podemos ha sido, hasta el momento, el único grupo político que ha defendido esa medida y veremos, cuando se presente en el Congreso y no en un desayuno informativo, cuál es la posición del PSOE al respecto.

Era de justicia que la banca se viera sometida a un gravamen específico que devolviera a los españoles los millones de euros que ha costado su rescate

Pues bien, lo que ha hecho Pedro Sánchez es coger esa medida del programa electoral de Podemos y ahormarla con un calzador sin sustento jurídico para tratar de resolver un problema que escapa en términos cuantitativos y de forma mayúscula a las posibilidades que los ingresos de ese impuesto pueden aportar a las arcas públicas y, de ahí y en segunda derivada, al problema de la sostenibilidad de las pensiones.

Pero, además, y no contento con eso, Pedro Sánchez parece ignorar que el otro impuesto con el que trata de resolver el problema de sostenibilidad de las pensiones es un impuesto sobre las transacciones financieras cuya capacidad recaudatoria prácticamente se desvanece si no es instaurado simultáneamente por todos los estados europeos, ya que los activos susceptibles de ser gravados a nivel nacional se reducen tanto que hacen irrelevante su impacto en términos de ingresos fiscales. Así que una cosa es plantearlo en el marco de una reforma integral del sistema tributario y con un carácter simbólico en tanto no tenga capacidad recaudatoria efectiva y potente, como hacíamos en el programa electoral de Podemos, y otra es proponer su creación como una fuente de ingresos solvente para enfrentar el problema de las pensiones públicas.

Dicho en otros términos, Pedro Sánchez cree que se puede resolver un problema de en torno a 18.000 millones de déficit estimado de la Seguridad Social para el próximo año con dos ocurrencias, una sonrisa, sin aportar una sola cifra y copiando propuestas programáticas de Podemos para fines distintos al de las pensiones.

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En cualquier caso, y como se muestra tan permeable a las ideas ajenas, sería bueno que alguien le hiciera saber que el problema de las pensiones —como, en general, el de las estructuras de bienestar de este país— obedece, esencialmente, a un problema de ingresos fiscales que se manifiesta en una brecha en el peso de los ingresos públicos sobre el PIB en España con respecto a la media de la UE de casi ocho puntos porcentuales.

Esto significa que una reforma fiscal integral que nos situara en la media europea, ni más arriba ni más abajo, permitiría ingresar anualmente en torno a 80.000 millones de euros adicionales. Con ese monto se pueden atender muchas partidas de gasto social en las que nos encontramos muy alejados de Europa. Pero, además, también con parte de esos ingreso se podría taponar, vía transferencias fiscales, el agujero de la Seguridad Social durante los próximos años en los que son de prever, si mucho no cambian las cosas en el mercado de trabajo, déficits continuados en el sistema. Bastaría solo con eso.

Nosotros, desde Podemos, estamos dispuestos a trabajar para avanzar por esa línea por el bien de este país y de sus pensionistas, presentes y futuros. ¿Lo está también el PSOE de Pedro Sánchez?

*Alberto Montero Soler es diputado de Unidos Podemos y presidente de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados.