¿Debemos subvencionar el cine español? Sí. Una réplica literal (y algo airada) a Rallo

El cine español recibió en 2017 alrededor de 30 millones de euros en forma de subvenciones otorgadas por los Presupuestos Generales del Estado. A esta cantidad hay que sumar las contribuciones obligatorias que recibieron de las televisiones privadas.

Para Juan Ramón Rallo, tales cantidades deberían ser erradicadas para así promover una vigorosa utopía liberal; otros, en cambio, creemos que deberían ser asignadas con buen criterio: a la postre, los argumentos morales y económicos a favor de eliminar las subvenciones del cine español son bastante débiles.

Primero, y desde un punto de vista estrictamente moral, cada persona tiene la obligación de contribuir a construir una sociedad justa que esté bien equipada cívica y culturalmente y, en consecuencia, pesa sobre ella el imperativo de defender, directa o indirectamente, los bienes comunes. O dicho de otra forma: es muy legítimo que un ciudadano español quiera dedicar su tiempo y sus recursos a impulsar sus proyectos cinematográficos sin ninguna ayuda, pero no lo es que conceda al conjunto de la ciudadanía la exención de toda contribución a los recursos generales del Estado (sean culturales o de otra naturaleza).

Los argumentos morales y económicos a favor de eliminar las subvenciones del cine español son bastante débiles

Por consiguiente, todo Estado debería ser escrupulosamente equitativo frente a los diversos proyectos de la sociedad y, por tanto, debería favorecer creaciones que respondan a la pluralidad de intereses y preferencias de cada ciudadano. La función del ciudadano no debería ser la de despotricar contra todo tipo de impuestos y subvenciones para así precarizar a otros ciudadanos: su único cometido debería ser, en el mejor de los casos, el de opinar con absoluta libertad sobre la calidad de los proyectos realizados y consumir aquel tipo de producciones que a su juicio merezcan la pena en el marco de su homogéneo proyecto de vida liberal.

En este sentido, las subvenciones directas al cine español son coherentes con un gasto cultural exigible a los estados, en tanto en cuanto proporcionan al conjunto de los ciudadanos españoles la posibilidad de invertir parte de su tiempo y de sus recursos a los proyectos artísticos de los cineastas españoles. En ciertos casos, de hecho, tales proyectos podrían incluso resultar radicalmente favorecedores para la concepción general de una buena sociedad.

Por ejemplo, puede que haya ciudadanos que consideren que el arte en general es una forma de 'civilizar' [sic] a la sociedad; o ciudadanos que, si bien rechazan el arte en general, juzguen que el cine es una forma particular de refinar el concepto mismo de arte; o ciudadanos que, si bien aborrecen el cine, juzguen que el cine español aporta una visión genuina de la condición humana en nombre del séptimo arte, o incluso ciudadanos que adoran el cine español tanto por su proximidad cultural como por su función cohesionadora (parte de nuestro cine representa y examina los innumerables elementos de la cultura española).

En ciertos casos, tales proyectos podrían resultar radicalmente favorecedores para la concepción general de una buena sociedad

En otras palabras, la casuística de ciudadanos que podrían sentirse moralmente recompensados por verse obligados a subvencionar el cine español es muy amplia, aunque el Estado debería abstenerse de hacerlo solo por constituir una dádiva personal, sea de tipo ético o afectivo. Cabe añadir que cada cual ha de ser libre para sumar su apoyo a una película, sin menoscabo del que ya reciba institucionalmente.

Segundo, esta conclusión moral no tiene su traducción económica por lo espurio de las transacciones voluntarias que tienen lugar dentro de un mercado privado con una responsabilidad pública ineludible. Aunque un ciudadano valore suficientemente una película, no siempre pagará la correspondiente entrada para verla en el cine porque a veces no se estrenan (cosas de las cuotas de pantalla del cine nacional). La audiencia total puede ser lo suficientemente cuantiosa mediante una campaña publicitaria que distorsiona la libertad de mercado.

La productora de la película podría lograr los ingresos que necesita para cubrir sus gastos al margen de la calidad del producto. Por otra parte, si no tiene suficiente audiencia, la película puede tener otros cauces comerciales no estrictamente vinculados a lo que ha pagado el consumidor. En resumen, las transacciones voluntarias no pueden determinar en exclusiva el futuro de la producción cultural.

En resumen, las transacciones voluntarias no pueden determinar en exclusiva el futuro de la producción cultural

Dentro de esta lógica económica, las razones que justifican las subvenciones al cine español son más que evidentes. En particular, la posible presencia de externalidades positivas. Imaginemos que la realización de películas españolas contribuyera a impulsar internacionalmente la reflexión cosmopolita o empática del ser humano y que ello reportara beneficios sociales a otros ciudadanos españoles. Esos beneficios son difícilmente mensurables, a pesar de la insistencia de ciertos autores liberales en la mercantilización total de los bienes culturales. El otorgamiento de 'subvenciones pigouvianas' para los cineastas españoles puede ser una medida ciertamente ingenua, al igual que la utopía liberal que describen algunos pensadores (neo)liberales.

Este argumento económico recibe críticas que no se sostienen. Primero, porque el cine español nunca podría constituir una externalidad negativa verdaderamente distintiva para otros ciudadanos (hípsteres, indies, gafapastas, académicos extravagantes y modernitos de todo pelaje, etc.), lo que, desde nuestra perspectiva, debería llevarnos a mantener la fiscalidad sobre el cine español (en forma de 'impuestos pigouvianos') para así conservar su producción.

Si el cine español es de veras una externalidad netamente positiva, desconocemos hasta qué punto lo es, lo que no es motivo para condenar cualquier subvención. Por cierto, existen mecanismos no estatales más o menos efectivos para coordinar las preferencias de los ciudadanos y la provisión de bienes en presencia de externalidades positivas: me refiero a los contratos de provisión asegurada, la piedra angular del funcionamiento de plataformas como Kickstarter o Indiegogo.

Si el cine español es una externalidad positiva, desconocemos hasta qué punto, lo que no es motivo para condenar cualquier subvención

El promotor de un determinado proyecto (en este caso cinematográfico) hace una petición pública de fondos y los interesados en el mismo se comprometen a suministrarlos siempre que se alcance un volumen mínimo de aportaciones. Los contratos de provisión asegurada pueden permitir a los cineastas una vía de financiación complementaria a las tradicionales.

Así pues, si un proyecto cinematográfico es incapaz de lograr la financiación necesaria a través de ciertas subvenciones (las cuales son variables y no están garantizadas para determinados proyectos), siempre le quedarán el micromecenazgo u otras opciones que habría que explorar.

En definitiva, no existen argumentos de peso, ni morales ni económicos, como para quitar las subvenciones al cine español

En definitiva, no existen argumentos de peso, ni morales ni económicos, para quitar las subvenciones al cine español. ¿Por qué entonces un economista, con una servidumbre preocupante hacia su adscripción ideológica, propone eliminarlas? Pues por dos razones profundamente deplorables. La primera es que la escuela neoliberal (Ayn Rand, Hayek, Milton Friedman, etcétera) constituye un poderoso delirio económico-cultural que todo gobernante sensato prefiere mantener aplacado para no dinamitar la paz social.

La segunda es que la eliminación arbitraria de ayudas (los defensores de lo privado suelen ser receptores de becas y otras subvenciones públicas) permite a ciertos economistas imaginar un mundo sin fricciones y estos profetas consiguen arañar la opinión pública, canalizando parte de su resentimiento ideológico (normalmente atribuido a su gran enemigo, la izquierda) a través de airados panfletos antiimpositivos. No hay buenas razones para eliminar las subvenciones y sí las hay, y muy poderosas, para criticar a quienes claman por su erradicación.

*Andrés Lomeña. Profesor, doctor en sociología y colaborador de Common Action Forum.