Transición energética en España: la hora de la verdad

A Lord Nicholas Stern le gusta decir que no hay desarrollo, ni crecimiento económico ni progreso si no es compatible con el clima. Y Christine Lagarde insiste, cada vez que tiene ocasión, en que los mayores desafíos para la estabilidad económica mundial son el cambio climático, la reacción proteccionista ante una globalización no siempre bien gestionada y el incremento de las desigualdades. Cualquier combinación de estos elementos no manejada adecuadamente alimenta el populismo, la tensión y el riesgo de conflicto.

No es casualidad, por tanto, que la evolución de la economía hacia premisas compatibles con los límites ambientales sea el plato principal del menú de gobiernos y consejos de administración, de la agenda multilateral y del mismísimo Foro Económico Mundial. Y tampoco es de extrañar que en el centro del debate encontremos las cuestiones relativas a la transición energética.

Facilitar decisiones coherentes por parte de consumidores y empresas debe ser la tarea principal de cualquier decisor público. Deberá orientar a través del marco regulatorio, presupuestario y fiscal las señales de valor y desvalor que mejor se compadezcan con el proyecto que se ha de impulsar. Y un proceso de cambio tan intenso en tan poco tiempo como el que requerimos exige anticipar de forma inteligente el modo en que acompañar los cambios. Por eso, no es de extrañar que Francia debata la incorporación de la lucha contra el cambio climático en su Constitución, del mismo modo que en Alemania se plantea la integración de un principio general de actuación en favor de la sostenibilidad, sin trasladar hipotecas a las generaciones futuras.

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En España, estos debates necesitan todavía encontrar su espacio: qué marco constitucional que enfatice e ilustre la necesidad de un desarrollo normativo coherente con estas premisas; qué modelo de financiación para comunidades autónomas y entes locales que potencie las sinergias en las actuaciones en favor de la sostenibilidad por parte de las administraciones públicas; qué fiscalidad ambiental y socialmente responsable; qué sistema financiero que facilite un futuro distinto y evite los riesgos de descapitalizar nuestro planeta, o qué hacemos con el territorio, los recursos naturales, la agenda urbana; o, no menos importante, de qué modo se favorece el impulso de un modelo industrial ganador y con futuro, compatible con las premisas de la economía circular y capaz de aprovechar las ventajas de la revolución digital sin descuidar un adecuado seguimiento de los riesgos que esta pueda presentar. Estos son algunos de los 15 grandes temas que deberíamos plantearnos para facilitar una transición ecológica de la economía española.

En estas semanas asistimos —¡por fin!— a un incipiente debate informado sobre la transición energética, uno de los pilares más relevantes de la anunciada Ley de Cambio Climático que el Congreso de los Diputados pidió hace ya siete años y con la que el presidente Mariano Rajoy se comprometió hace más de dos. Hay varios informes interesantes al respecto. Todos ellos coinciden en algo obvio: el sistema energético es 'sistema' y debe ser eficiente y libre de emisiones de gases de efecto invernadero en 2050. Esto supone uno o dos ciclos de inversión, orientaciones clave de empleo y riesgo de impactos socialmente regresivos si no son adecuadamente anticipados y tomados en consideración. Por ello, es fundamental poner manos a la obra y recuperar cuanto antes el tiempo perdido.

El sistema energético es 'sistema' y debe ser eficiente y libre de emisiones de gases de efecto invernadero en 2050

Las recetas varían de un informe a otro, con elementos compartidos de forma explícita o implícita y llamativas discrepancias que conviene conocer. Electricidad, movilidad, usos térmicos e industriales son los grandes ejes del sistema. Y los ámbitos de actuación en los que se centra el debate incluyen temas tan complejos como medidas para impulsar al máximo la eficiencia, sendas de penetración de renovables, referencias institucionales y de gestión para la gobernanza, orientación para la salida de las tecnologías con mayor riesgo ambiental, y uso de la fiscalidad y el marco regulatorio del mercado como ejes fundamentales para hacer viable social y económicamente el proceso de cambio.

Pensar que un cambio tan profundo va a ocurrir solo o que cabe esperar a 2030 y a que 'otros' hayan ultimado su recorrido para 'copiar' lo que funcione es un grave error. La década de 2020-2030 es crítica. Por ello, medir bien qué sentido tienen nuevas inversiones en actividades relacionadas con hidrocarburos y qué infraestructuras son necesarias en un contexto de movilidad diferente es clave.

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Hacer hueco a lo que está por venir, de manera previsible y llevadera, articulando la salida del carbón y la nuclear es importante. Su impacto en la seguridad de suministro y en el coste para el sistema energético depende, fundamentalmente, del marco regulatorio del que nos dotemos. Por ello, es discutible hacer depender las estimaciones de proyecciones del modelo actual de fijación de precios —como si la realidad de hoy fuera la de hace 20 años— o despreciar el coste de oportunidad y las incertidumbres y riesgos financieros en los que se incurre con una posible prórroga de las plantas nucleares más allá del tiempo de funcionamiento para el que fueron diseñadas. Lo barato sale caro, dice el refranero español, así que ¡ojo con las gangas mal entendidas!

El sistema fiscal y la política de gasto —si están bien diseñados— son, como lo han sido siempre, las mejores herramientas para que colectivamente hagamos lo que a todos nos conviene. El sistema financiero, sabiendo interpretar y medir de manera transparente y correcta los riesgos, el puente para amortizar lo que ya no vale y construir lo que necesitamos. Hará falta impulsar la fiscalidad verde, gravando lo que hace daño… e incentivando lo que queremos, reforzando un sistema financiero sostenible en línea con las prescripciones del Financial Stability Board y la hoja de ruta (para un sistema financiero sostenible) adoptada en marzo por la Comisión Europea.

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Será indispensable poner al ciudadano en el centro —sobre todo al más vulnerable— y emplear las medidas sociales y las políticas de empleo y formación como complemento indispensable de lo que los franceses y británicos denominan contratos de transición para las zonas particularmente dependientes de procesos de reconversión.

Bienvenido sea el debate bien informado. Contrastemos opciones, ventajas y riesgos para asegurar el mayor acierto posible, pero no olvidemos que las capacidades y responsabilidades no son las mismas. Y en este tema, como en muchos otros, las del Gobierno son muy importantes. No perdamos más tiempo.

*Teresa Ribera, presidenta del Consejo Asesor para la Transición Ecológica del PSOE.