“Ni un euro del Presupuesto de la Generalitat se ha destinado a día de hoy a financiar el referéndum del 1 de octubre”. Esto es lo que declaró el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado 31 de agosto en la Comisión de Hacienda del Congreso. No fue una frase que se le escapara, sino que fue precisamente eso lo que vino a contar, y de hecho lo repitió tres veces. Más aún, Montoro señaló que no iba a haber referéndum el pasado 1 de octubre, precisamente porque éste no se iba a celebrar por carecer de presupuesto.

Todos sabemos lo que pasó el 1 de octubre, pero no todo el mundo sabe que sólo Ciudadanos puso en duda el 31 de agosto las palabras de Montoro. A mí entonces me parecía que si la única garantía de que el dinero público no iba a finalidades ilegales, como el referéndum separatista del 1-O eran los certificados enviados por Oriol Junqueras a Montoro, ésa no era una garantía bastante. Montoro, a la vista de sus declaraciones de la semana pasada, no ha dejado que la realidad cambie su opinión. Yo sí he cambiado de opinión, a mí no es que me parezca que los certificados remitidos por Junqueras no sean garantía bastante, es que simplemente no me parecen ninguna garantía. En lo que no he cambiado de opinión es en la imprescindible necesidad de enviar una misión de control a Barcelona de la Intervención General de la Administración del Estado. Esto lo permite la normativa del FLA, pero hasta la fecha el Ministerio de Hacienda se ha negado.

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Javier G. Jorrín

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De hecho, me di cuenta el cinco de septiembre, cuando vi los primeros anuncios del referéndum separatista en TV3. Evidentemente, producir y emitir los spots cuesta dinero, y los anuncios del referéndum separatista no son una excepción. Sobre esta cuestión realicé dos baterías de preguntas al Gobierno, que como todo lo que he preguntado sobre la gestión del gobierno de España en relación con su gestión en Cataluña, sigue meses después sin respuesta, incumpliendo todos los plazos reglamentarios e ignorando incluso el amparo de la Presidenta del Congreso. La única respuesta que he recibido sobre este tema, se refería a si el Gobierno sabía cómo financiaba Carles Puigdemont sus gastos y su tren de vida en Bélgica. La respuesta era simplemente que no tenía ni idea. Era una respuesta honesta aunque contradijese lo que en ese momento declaraban tanto la vicepresidenta Sáenz de Santamaría como el Ministro Portavoz Méndez de Vigo…

No es que los certificados remitidos por Junqueras no sean garantía bastante, es que no me parecen ninguna garantía

Unos meses más tarde supimos que los anuncios de septiembre fueron a cargo del presupuesto del Departamento de Presidencia de la Generalitat. Por ese hecho, el Gobierno de España, en funciones de Govern de Catalunya, aplicando el artículo 155 de la Constitución, tuvo que destituir al responsable, el secretari de difusió i atenció ciutadana del departamento de Presidencia, Antoni Molons. Como el lector ya se podrá imaginar, ese cese sólo se produjo tras la detención de Molons a instancias del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investigaba, entre otras cuestiones, la financiación del ilegal referéndum separatistas del 1 de octubre.

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De hecho, los altercados más violentos, hasta la fecha, del procés se produjeron durante el registro de la Conselleria d’ Economia el pasado 20 de septiembre a instancias, precisamente del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Ese día, los famosos “Jordis” subidos a un coche quemado de la Guardia Civil arengaban a una multitud convocada por la ANC y Omnium Cultural, que puso en graves dificultades a que la comisión judicial pudiese salir de los edificios. Todo esto no parece que fuese una casualidad sino que se realizaba precisamente porque se estaba siguiendo el rastro del dinero público empleado en el golpe a la democracia en Cataluña.

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Unos días antes, tanto la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, como el entonces Vicepresidente, Oriol Junqueras, remitieron sendas cartas al Ministerio de Hacienda, en las que negaban a remitir más certificados a Hacienda porque, según ellos, la ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña no se lo permitía. Recordemos que estamos hablando de una ley suspendida ya por el Constitucional, y que era descaradamente inconstitucional y nula. Uno puede pensar que si se negaban a remitir certificados de no estar empleando dinero público en un referéndum ilegal, basándose en la ley del propio referéndum, no era precisamente porque no se estuviese empleando ni un euro de dinero público en el ilegal referéndum separatista…

Los altercados más violentos se produjeron durante el registro a Economía, cuando se seguía el rastro del dinero público

Pero en fin, a todo esto siguió que el ilegal referéndum se celebró, eso sí, sin la más mínima garantía, ni censo, ni recuento. Posteriormente, y después de que Ciudadanos reclamase insistentemente la aplicación del artículo 155 de la Constitución para poder restablecer la legalidad, la democracia y que se pudiesen convocar elecciones autonómicas, el gobierno de Rajoy tuvo que hacerlo ante la declaración unilateral de independencia decidida por los separatistas en el Parlament.

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A día de hoy, increíblemente Rosa Vidal sigue siendo la interventora general de la Generalitat: el gobierno de Rajoy no ha querido cesarla, y no ha querido enviar interventores del Estado pese a la constante reclamación de Ciudadanos. También ha sido increíble que Rajoy señalase hace unos meses que podía garantizar que ni un euro del FLA se había destinado a finalidades ilegales, cosa imposible de garantizar, al menos en esta situación. Y de forma todavía más increíble e irresponsable, el ministro Montoro volvió a señalar la semana pasada que podía asegurar que ni un solo euro público se había desviado del presupuesto público para financiar el ilegal referéndum separatista del 1 de octubre.

La Guardia Civil acredita otros 300.000 € desviados al 1-O en plena crisis con Montoro

Beatriz Parera

"La organización del acto celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña fue gestionado y abonado por Junts pel Sí, por lo que ha podido emplear dinero procedente de subvenciones públicas"

Montoro, pese a las pruebas y a todo tipo de indicios, podía señalar que no le constaba, lo que ya era una enorme favor a los los principales responsables del golpe a la democracia en Cataluña. Sin embargo, Montoro fue mucho más allá y certificó un hecho negativo que ni él ni nadie está en condiciones de garantizar: que ni un solo euro se había destinado a un golpe en el que estaba implicado todo el gobierno que gestionaba un presupuesto consolidado de más de 20.000 millones de euros.

En Ciudadanos, como en tantas otras ocasiones, nos hemos quedado solos reclamando y defendiendo que Montoro venga al Congreso a dar explicaciones de unas manifestaciones absolutamente irresponsables, que entorpecen gravemente la acción de la justicia. Confiamos en que tarde o temprano dé explicaciones no sólo de lo qué dijo, sino sobre todo de por qué y para qué lo hizo. Y si se demuestra que, en sus declaraciones o en las de Rajoy ante el Pleno del Congreso en el mismo sentido, ambos faltaron gravemente a la verdad o estaban completamente equivocados, el Gobierno del PP asuma responsabilidades. Es lo mínimo que los españoles merecen.