La formación de los salarios en España (I)

Durante el siglo transcurrido desde el final de la Primera Guerra Mundial el funcionamiento de las instituciones de formación de los salarios ha sido uno de los aspectos cruciales en el desarrollo del mundo moderno. No solo se trataba de un asunto económico. La expansión de las organizaciones sindicales y las demandas de justicia e igualdad en las condiciones laborales pusieron fin a un mundo -el configurado alrededor del Patrón Oro- en el que los ajustes necesarios para mantener la estabilidad monetaria terminaban, de una u otra forma, siendo soportados por los salarios y el nivel de empleo.

La progresiva implantación de sistemas de negociación salarial en la mayor parte de las economías avanzadas no fue un asunto pacífico. La conflictividad laboral, especialmente durante el periodo de entreguerras, fue muy alta y, en general, terminó impidiendo el retorno duradero de las principales economías a los tipos de cambio vinculados al oro existentes antes de 1914. Aunque la presión salarial llegó a ser muy importante en la mayoría de los países europeos -y también en España- las ganancias de productividad registradas pudieron absorberla, pero las circunstancias sociales y políticas no fueron capaces de propiciar un nuevo marco de estabilización de la situación social y económica.

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Tras la Segunda Guerra Mundial, la adopción de un régimen monetario articulado alrededor de la necesidad de combinar estabilidad en los tipos de cambio con capacidad de ajuste en las economías afectadas por desequilibrios fundamentales en sus monedas propició la necesidad de implantar reglas en la negociación colectiva en las principales economías que fueran razonablemente compartidas.

Las respuestas a la Gran Depresión en los años treinta del siglo pasado, en Estados Unidos a través del 'New Deal' o en Suecia con el Acuerdo de 'Saltsjobaden', vino a configurar la primera generación de políticas de rentas en las principales economías avanzadas. Este tipo de políticas consistían, en lo esencial, en la elaboración de pautas para el crecimiento de los salarios y de los precios.

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Dos principios solían presidir este tipo de reglas. El primero establecía algo que hoy, casi un siglo después, parece haberse olvidado: las ganancias de productividad han de distribuirse de modo que aseguren un crecimiento adecuado de los salarios. Los trabajadores deben sentir que las mejoras económicas se traducen en mejores condiciones salariales y en sistemas de bienestar más sólidos. El segundo principio introducía una restricción razonable en un mundo que buscaba abandonar el proteccionismo e implantar un régimen abierto a los intercambios comerciales: los salarios no deben superar en periodos prolongados los aumentos en la productividad porque ello terminaría afectando a la capacidad competitiva de la economía nacional, impidiendo la estabilidad cambiaria.

La aplicación práctica de estos principios se realizaba a través de una norma salarial, no necesariamente escrita, pero si tácita, en la que los salarios se revisaban de acuerdo con la evolución de los precios y a su resultado se añadían los aumentos de la productividad. De esta forma los salarios recibían el impulso de la productividad sin que introdujeran presiones inflacionistas en la economía. Además, si el empleo se mantenía constante la norma permitía conservar el nivel de la participación de los salarios en la renta nacional que incluso podría aumentar a medida que el empleo (la población asalariada) creciera.

Los salarios se revisaban de acuerdo con la evolución de los precios y a su resultado se añadían los aumentos de la productividad

Aunque este tipo de normas salariales han formado parte de las distintas generaciones de política de rentas aplicadas en las economías avanzadas durante las últimas décadas, en algunas situaciones ha resultado necesario mantener una vigilancia especial. Si un determinado sector es capaz de trasladar a los precios un aumento en los costes, o en los márgenes empresariales, como consecuencia de la inexistencia de un nivel de competencia suficiente, ello puede originar un conflicto distributivo que podría llegar a deteriorar la posición competitiva de las economías afectadas y, de esta forma, provocar devaluaciones monetarias para restaurar el equilibrio en el tipo de cambio. Por eso eran, y son, tan importantes las políticas de competencia.

Las posiciones de monopolio o privilegio terminan provocando aumentos de precios con carácter generalizado (trasladan ineficiencias al conjunto del tejido productivo) que, sin son seguidos por los salarios, llegarán a comprometer el equilibrio económico a través de la consolidación de espirales de precios y salarios, que las normas explícitas de formación e indexación salarial, a menudo a través de la negociación colectiva- ayudarán a alimentar.

Espiral precios-salarios

Cuando se producen este tipo de situaciones, aunque los salarios no aumenten por encima de los precios interiores y la productividad, basta con que los sigan al mismo nivel -sin rebasarlos- para que unos precios sistemáticamente más altos que los de nuestros socios comerciales terminen insuflando aliento a los salarios nominales y provocando tensiones en la balanza de pagos del país afectado.

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En una economía cerrada a la competencia internacional el mantenimiento de estas circunstancias pude no ser demasiado significativo, pero en economías muy abiertas resulta esencial impedirlas. Ahora bien, el origen de estas espirales no es salarial porque si los salarios no suben por encima de los precios y la productividad y aun así la posición competitiva se deteriora, las causas se sitúan en otros ámbitos, casi siempre vinculados a situaciones de ausencia de competencia.

Una de las formas, en su día más innovadoras, de hacer frente a estos problemas fue la instrumentada en Suecia durante buena parte del siglo pasado. Si los salarios se fijan de acuerdo a las necesidades de los sectores exportadores puede hacerse frente a las dificultades sin que se produzcan a medio plazo tensiones en la balanza de pagos. Sin embargo, aparecen problemas adicionales si, como fue el caso, se producen beneficios extraordinarios en los sectores abrigados frente a la competencia internacional (léase, por ejemplo, la banca, la construcción o los servicios no comercializables, como ha venido ocurriendo en el caso español).

Las cuestiones planteadas no son tan excepcionales como podría pensarse. España es precisamente un buen ejemplo de país cuyas instituciones de formación de salarios han permitido que no crezcan por encima de la regla salarial habitual (precios y productividad) y que, aun así, ha mantenido sistemáticamente una inflación superior a la del resto de las economías europeas que ha venido produciendo, a su vez, un deterioro apreciable en su situación competitiva. A ello nos dedicaremos en un próximo artículo.

*Valeriano Gómez, economista y exministro de Trabajo.

*Santos Miguel Ruesga, catedrático de Economía Aplicada (Universidad Autónoma de Madrid).