Querido Juan Ramón, no estoy de acuerdo
El simple hecho de tratar de etiquetar el liberalismo de otros con unidades de medida desconocidas pervierte el alma de propio pensamiento liberal
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Una vez me preguntaron que cómo definiría mi ideología económica y, siendo yo más joven, contesté “soy tan liberal que no acepto que me pongan etiquetas”. Es cierto que alguna década después he matizado mi liberalismo, pero sigo convencido de que el pensamiento liberal, en esencia, rehúye la participación en un espectro político bidimensional demasiado simple para albergar convicciones llamémosle transversales. El liberal, en tanto que defensor de la preeminencia del individuo sobre el colectivo, es un autónomo del pensamiento y, francamente, estimo que el simple hecho de tratar de etiquetar el liberalismo de otros con unidades de medida desconocidas pervierte el alma de propio pensamiento liberal, aunque reconozco que seguramente facilite su comprensión.
Como bien queda claro en el libro 'Una crisis y cinco errores' (Carlos Rodríguez Braun y Juan Ramón Rallo, 2010), capitalismo y socialismo son dos versiones ideales, en absoluto realidades tajantes que puedan ser analizadas en estado puro acaso en algún país del mundo. Luego, si intentamos medir el talante liberal de una determinada acción de gobierno habrá que hacerlo en términos relativos, teniendo en cuenta la posición de partida de la libertad económica y la posición de llegada. Los resultados cosechados por los gobiernos del expresidente Aznar entre 1996 y 2004 resisten bastante bien a esta comparación y más aún si los comparamos con los catorce años de gobierno antes de su llegada a Moncloa y con los catorce años después de su salida.
Quizás el principal favor que le hicieron aquellos años de gobierno a la libertad fue introducir el concepto de la estabilidad como objetivo intermedio de la política económica para generar el entorno necesario en el que los individuos pudiéramos ahorrar, consumir, invertir o emprender una actividad sin los sobresaltos que habían caracterizado los primeros años de la democracia. En definitiva, un entorno estable y seguro en el que poder desarrollar nuestra libertad. La proyección más sonada de esta apuesta fueron las leyes de estabilidad presupuestaria que consagraban el equilibrio de las cuentas públicas y que nunca habrían sido posibles sin un ejercicio de persuasión política muy importante que logró convencer a la inmensa mayoría de los españoles de que el “déficit cero” era el único camino hacia la mejora del bienestar. Además, en pleno proceso de consolidación presupuestaria, por primera vez, se aprobó una reforma fiscal que bajaba significativamente los impuestos y que, sin embargo (¡oh! Sorpresa), contribuyó al aumento de las bases imponibles que ya se estaban generando en España por el intenso proceso de crecimiento y creación de empleo y, con ellas, a un aumento de la recaudación.
Tampoco se puede negar que el periodo de gobierno entre 1996 y 2004 supuso un avance notable en la apertura de los mercados domésticos a la competencia tanto interna como internacional. Hoy somos muchos, por no decir todos, los que aspiramos a un funcionamiento más competitivo de los mercados eléctricos o de telecomunicaciones, pero fue entonces cuando se sentaron las bases para que hoy pudiéramos contar con esos mercados que proporcionan bienes y servicios en condiciones sustancialmente mejores a los monopolios públicos de la etapa socialista.
Entre 1996 y 2004 se mejoró la dotación y la calidad de los servicios públicos y se pusieron en marcha nuevos modelos de gestión privada
Ese periodo representó también un salto definitivo en la apertura e internacionalización de la economía y las empresas españolas, lo que no habría sido posible sin la determinación política para entrar en la primera tanda de los países del euro. La credibilidad y la confianza que supuso formar parte del euro desde sus inicios contribuyó a multiplicar por más de tres la inversión extranjera directa que llegaba a España, un país que en los 25 años anteriores había sufrido cuatro devaluaciones de la moneda.
Por lo que respecta a la provisión de servicios públicos, puede que el libertarismo más extremo propugne la desaparición de los mismos, pero hay que reconocer que España estaba muy lejos en 1996 y lo está ahora de renunciar a un Estado del bienestar cuya dimensión y sostenibilidad pueden estar en cuestión, pero, en ningún caso, su existencia. Entre 1996 y 2004 se mejoró continuamente la dotación y la calidad de los servicios públicos y se pusieron en marcha nuevos modelos de gestión privada de los mismos que han funcionado correctamente hasta que el maniqueísmo político tan típico de este país ha acabado con muchas de ellas.
No sé qué opinaría Hayek del periodo de gobierno del presidente Aznar, pero lo que está claro es que la estabilidad, el equilibrio presupuestario, la apertura e internacionalización de la economía, una política monetaria estable y creíble, bajadas de impuestos, la colaboración público privada o la mayor competencia en los mercados son ítems que no deberían sonar mal al pensamiento liberal. Por supuesto y desgraciadamente, la lista de cosas que los gobiernos dejan sin hacer es siempre más larga que la de las cosas que han hecho. El tiempo manda y, al final, la política es el arte de lo posible no de lo óptimo. Y por supuesto, todos los gobiernos cometen errores. No me atrevería a poner etiquetas al gobierno del presidente Aznar y tampoco sé si eso es relevante. Lo que está claro es que fueron gobiernos con muy buenos resultados y con una idea clara de España. Francamente, si hay que buscar referencias en nuestra historia de cara a los próximos años más vale que sean esas.
*Miguel Marín es economista. AEI Consulting. Fundación FAES.
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