Sector eléctrico: reforma no, refundación

En España nos planteamos una reforma del sector eléctrico cada cinco años. Las bases de su funcionamiento siguen siendo en esencia, las establecidas en la ley de 1997. La electricidad no es una excepción a lo que en nuestro país entendemos por reforma, es decir, modificar y crear nuevos impuestos y, en el caso eléctrico, alterar la retribución de las actividades reguladas.

Un principio general del Derecho dice que “la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”. Este principio merece una excepción en el caso eléctrico español. La regulación eléctrica está formada por una maraña de leyes, reales decretos, órdenes ministeriales y procedimientos, con particularidades autonómicas y locales, que la convierten en un entramado no solo incomprensible para los ciudadanos, sino inabordable en su gestión diaria para la mayor parte de las empresas que operan en esta industria. El resultado de esta complejidad conlleva, además, una actividad litigiosa que ha convertido al Tribunal Supremo en el tercer regulador “de facto”.

Todas las reformas llevadas a cabo hasta ahora han tenido el mismo fin último: fijar el precio de la luz, lo cual es una contradicción en un mercado liberalizado. Los reguladores siempre han estado mucho más enfocados en fijar un “precio justo” de la electricidad, que en acometer los cambios estructurales necesarios para regular un funcionamiento eficiente y competitivo del mercado libre en el que se determina este precio.

Ahora se plantea una nueva reforma, cinco años después de la de 2013, y una vez más surge para atajar la subida del precio de la luz, que ha alcanzado máximos históricos en las últimas semanas. Las primeras medidas que se apuntan también son crear y modificar impuestos.

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Pero la electricidad no necesita una reforma más, y menos una que solo establezca nuevas cargas tributarias que alteran los precios de la luz que pagan todos los ciudadanos. El sector eléctrico necesita una refundación completa, porque la realidad tecnológica de 2018 nada tiene que ver con la situación que dio lugar a la ley de 1997.

El sector energético vive un período de disrupción absoluta. Por primera vez en decenas de años, las nuevas tecnologías de generación, y en este caso 100% renovables, tienen un coste inferior al coste variable de las tecnologías existentes. El legado, que siempre había sido una ventaja competitiva, ha pasado a ser una carga difícil de digerir. El detonante no solo es la transición ecológica, sino también una transición tecnológica imparable y disruptiva, que lleva a una substitución vertiginosa de las tecnologías térmicas por las renovables, con el gas como fuente energética de transición hasta que las tecnologías de almacenamiento alcancen su madurez y un coste competitivo.

La aplicación de la digitalización y la inteligencia artificial a toda la cadena de valor del sector eléctrico va a cambiar radicalmente la configuración de las empresas y su relación con un cliente que está en posición de tener el control absoluto de su consumo de electricidad y que, además, no quiere barreras para autogenerársela.

La transición tecnológica imparable y disruptiva, lleva a una sustitución vertiginosa de las tecnologías térmicas por las renovables

La regulación no puede ser un impedimento a esta transición tecnológica, y hoy lo es. La reforma que se necesita ahora en 2018 debe dar lugar a una refundación de las bases del sector.

En primer lugar, debe revisarse la integración vertical de las empresas que hoy limita la competencia y frena la innovación. La separación jurídica ya no es suficiente, porque los grandes grupos cotizados tienen la obligación fiduciaria de maximizar el retorno para sus accionistas explotando al límite las ventajas que les proporciona la integración. Además, en una economía digital la integración vertical ha dejado de ser eficiente.

En una economía digital la integración vertical ha dejado de ser eficiente

El mercado mayorista requiere una profunda redefinición, diferenciando los mercados de potencia y de energía, y reforzando el papel de los mercados a largo plazo que reduzcan la volatilidad y fomenten la inversión mediante un precio fiable. También es necesario incentivar la participación de los consumidores y, sobre todo, impedir las situaciones de poder de mercado que hoy existen.

La inversión en redes de transporte y distribución debe multiplicarse para proporcionar acceso y conexión a las tecnologías renovables, permitir la autogeneración, y facilitar que el almacenamiento se acerque al consumo. Debe incentivarse la modernización tecnológica más allá de los contadores, y para que esto sea posible, blindarse la independencia de la función de operador del sistema de transporte y de distribución que está en conflicto con el interés del propietario de la red.

Debe blindarse la independencia del operador del sistema de transporte y distribución, que está en conflicto con el interés del propietario de la red

La refundación debe poner, por primera vez, al cliente en el centro. Para conseguirlo ha de fomentar la competencia en comercialización, eliminando las múltiples barreras operativas e impositivas que impiden el verdadero desarrollo de comercializadoras independientes. Nuevas empresas que basadas en la interacción digital con sus clientes pueden proporcionar precios más competitivos, a la vez que cambien para siempre la percepción del servicio eléctrico, que es el peor valorado en todas las encuestas.

El resultado de una refundación de estas características puede ser una luz al menos un 20% más barata, y con una tendencia permanente a la baja. Ahora es posible eliminar el impacto sobre el medioambiente con una transición rápida, pero ordenada, a las renovables que no afecte a la seguridad del suministro. A la vez, se puede mejorar radicalmente el servicio eléctrico y su percepción.

Con una nueva ley de no más de cien páginas se puede refundar y simplificar el sector eléctrico.

***Joaquín Coronado es fundador y consejero delegado de Podo