Un nuevo marco regulatorio para la reventa de entradas de espectáculos

El reciente concierto de U2 en Madrid ha reavivado la polémica en torno a la reventa 'online' de entradas de espectáculos. Un verdadero clamor popular de protesta se desataba en unas redes sociales cargadas de ira contra lo que consideran un verdadero abuso contra el consumidor.

Nada nuevo bajo el sol. Desde que se extendiera el modelo de distribución 'online' de tiques de conciertos se han sucedido episodios similares con otros grandes iconos de la música popular, capaces de arrastrar una ingente masa de seguidores. The Rolling Stones, Bruce Springsteen o AC-DC son solo algunos ejemplos. La secuencia es siempre similar: pocas horas —a veces minutos— después de la puesta a la venta, las entidades distribuidoras cuelgan el cartel de 'sold out' para frustración de quienes sentados frente a su ordenador esperaban poder adquirir una entrada.

Resulta curioso que incluso antes de que esto suceda, un mercado paralelo se activa de manera frenética en webs de reventa a precios tres, cinco y hasta 10 veces superiores a su valor facial. La razón de ser de dichas webs es la extracción de beneficios del arbitraje, puesto que los precios de salida son artificialmente bajos y generan un exceso de demanda. Si finalmente el espectáculo completa el aforo —como suele ocurrir—, es precisamente el mecanismo de reventa el que habrá permitido 'vaciar' el mercado tras un cálculo erróneo del precio inicial. No obstante, desde el punto de vista de la Hacienda Pública, el arbitraje privado entre particulares posibilita la generación de rentas que escapan de la tributación, pues las entradas vendidas en el mercado secundario no habrán tributado el IVA más que por su valor facial, y no por su valor real. Para la industria tampoco es una solución óptima, puesto que transfiere rentas a especuladores que podrían haber sido reutilizadas para promover nuevo talento musical.

Un mercado paralelo se activa de manera frenética en webs de reventa a precios tres, cinco y hasta 10 veces superiores a su valor facial

No deja de ser paradójico que el precio de salida sea artificialmente bajo en el mercado primario, cuando teóricamente un servicio tan único y exclusivo como es un concierto de una estrella de masas otorga un enorme poder de fijación de precios, casi de monopolio. Sin embargo, la realidad es que tanto el artista como la promotora pueden tener incentivos a fijar un precio bajo, que no permita satisfacer toda la demanda. Por ejemplo, para movilizar al público joven, más activo y con menor poder adquisitivo, que brinde más color al espectáculo, o para mantener una imagen amable frente a los fans que asegure la venta de productos complementarios ('merchandising', discos, vinilos o canciones en Spotify). Desviar entradas a canales opacos que alivien la carga fiscal y permitan una mayor discriminación de precios sería otra motivación más oscura que podría explicar paralelamente dicho comportamiento. Y hay graves indicios de que los tiros también van por aquí, como se desprende de los escándalos que giran alrededor de la principal distribuidora, Ticketmaster (perteneciente a Live Nation, la mayor promotora mundial), con la web de reventa de su propiedad, Seatwave.

Ante la presión popular y las demandas de diversas organizaciones de consumidores, el ministro de Cultura, José Guirao, declaraba públicamente la intención de revisar de manera coordinada con las CCAA el marco normativo nacional de la reventa de entradas. Cabe preguntarse, en este sentido, qué mecanismo regulatorio debería inspirar el nuevo texto en aras de garantizar un reparto 'justo' de mercado y erradicar los abusos de la reventa. La respuesta no es nada sencilla.

TE PUEDE INTERESAR

10.000 € por la final de la Champions: la web de reventa (legal) de la que todos se quejan

Guillermo Cid

Tal y como han revelado algunos diarios de difusión nacional, entre las medidas que se barajan figuran la prohibición de la reventa o la obligación de hacer las entradas nominativas. Tales medidas podrían ser insuficientes, puesto que si bien frenarían la reventa, no atajarían los posibles problemas de racionamiento y subsiguiente ineficiencia asignativa derivada de un 'pricing' deliberadamente bajo.

Un modelo regulatorio alternativo que evite la evasión fiscal, asegure una distribución eficiente de las entradas y dirija las rentas hacia la industria pasaría por establecer subastas holandesas de 'sobre cerrado', en que cada consumidor puja a ciegas del resto de pujadores. Las entradas se asignan a las pujas más altas, pero el precio final al que se venden todas las entradas es el de la última puja, que coincide con la última localidad disponible. De esta forma, los incentivos a revelar la verdadera disponibilidad al pago no se encuentran sesgados, y el excedente se reparte 'justamente' entre productores y consumidores. Este mecanismo permitiría por si solo asegurar que las entradas se distribuyan de manera eficiente, y reducirían a la mínima expresión el mercado de la reventa, que se limitaría a aquellos que por imprevistos no hubieran podido acudir al concierto vendiendo sus entradas a un precio similar —puede que inferior— al que las adquirieron.

Entre las medidas que se barajan figuran la prohibición de la reventa o la obligación de hacer las entradas nominativas

Si bien este sistema podría ser más eficaz, también presenta algunas debilidades. En particular, los mecanismos de precios excluyen a una parte de la demanda que, a pesar de tener una elevada valoración del bien cultural en cuestión, no dispone de medios económicos. Pero las soluciones basadas en discriminar una parte de las entradas en formato de loterías a precio bajo también puede presentar problemas, puesto que si los agraciados revenden la entrada, quiere decir que su valoración no era tan elevada, y por tanto habrían excluido a otros no agraciados que quizá no la habrían revendido. No obstante, en este caso, la reventa volvería a actuar como mecanismo de eficiencia asignativa 'ex post'.

En definitiva, problemas complejos rara vez cuentan con soluciones únicas. En este caso, vuelve a emerger el conflicto eficiencia-equidad en el diseño regulatorio. En cualquier caso, a pesar de que ese 'trade off' pueda inclinarse a uno u otro lado del binomio, el modelo que salga será con total seguridad preferible socialmente al actual, que solo beneficia a un puñado de especuladores.

* Pablo Hernández es consultor de economía aplicada de Analistas Financieros Internacionales (AFI)